El futuro necesario

 

 

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La Confederación Intersindical: un futuro necesario
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Informaciones sobre el congreso

 

 PROGRAMA DEFINITIVO DEL CONGRESO


TRÍPTICO CONGRESO


MAPAS ORIENTATIVOS


HORARIO AUTOBUSES


 

 

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Reglamento congresual 

 

0. Procedimiento.

UNO. Celebración del Congreso Extraordinario de la Confederación de STEs-Intersindical el día 15 de noviembre de 2007 en Salamanca. Aprobación en el mismo de la Resolución emanada del Pleno Confederal de 3 y 4 de julio de 2007. Todo lo establecido en el presente Reglamento sobre composición y dinámica es de aplicación a este Congreso Extraordinario, excepto lo referido al Sindicato Ferroviario. Los criterios para la elección de delegaciones son los establecidos en el presente Reglamento.

DOS. Celebración del IX Congreso ordinario, según lo dispuesto en el presente Reglamento.

1. Lugar y fecha. El IX Congreso de la Confederación de STEs-Intersindical tendrá lugar en Salamanca, durante los días 15, 16, 17 y 18 de noviembre de 2007.

2. Lema.
El lema del Congreso será: LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL, UN FUTURO NECESARIO.

3. Calendario:
21 de mayo: finaliza la redacción de los documentos congresuales.
11 de junio: envío cuaderno de documentos a los sindicatos.
30 de junio: envío al SC de la propuesta de Informe del mismo.
21 de septiembre: fin de la primera vuelta. Fin del plazo para el envío de enmiendas desde los sindicatos confederados a las personas responsables de las ponencias.
Secretariado Confederal de septiembre: aprueba el Informe.
1 octubre: envío a los sindicatos del documento con todas las enmiendas y posición de los ponentes sobre las mismas; en este envío se incluye el Informe al Congreso del SC.
22 octubre: fin segunda vuelta. Envío a las personas responsables de las ponencias de la posición de los sindicatos sobre las enmiendas admitidas y/o rechazadas.
5 noviembre.: toda la documentación final debe estar en los sindicatos.

4. Comisión Técnica del Congreso. El Pleno Confederal, a propuesta del Secretariado, constituirá la Comisión Técnica del Congreso, formada por la actual CT de la Confederación más las personas propuestas por la federación STECyL. Esta Comisión se encargará de la gestión concreta de cuantas tareas logísticas se estimen necesarias para la correcta organización del Congreso, y en su momento se adjuntará a la Mesa del mismo a los únicos efectos del control de credenciales.

5. Representación.
5.0. La representación del Sindicato Ferroviario se establece en 50 delegados y delegadas.
5.1. La representación de cada organización confederada se establece según el criterio de una persona delegada por cada 250 afiliados (no se contabiliza la fracción pero se establece una persona como mínimo), más una delegada o un delegado, más el número de representantes que estatutariamente correspondan en el Secretariado Confederal (ver tabla adjunta).
5.2. Las personas miembros de la Comisión Técnica de la Confederación de STEs-Intersindical participarán en el Congreso con voz pero sin voto, siempre y cuando no sean miembros de las delegaciones de sus sindicatos de origen. Así mismo participaran las personas que ostentan la representación de los sectores y de la Organización de Mujeres en el Secretariado Confederal.
5.3. Como observadores u observadoras, sin voz ni voto, podrán participar todas las personas afiliadas a los diferentes STEs o al Sindicato Ferroviario que lo deseen. Los gastos que generen no serán asumidos por la Confederación.
5.4. Las delegaciones al Congreso Extraordinario de la Confederación de STEs-Intersindical a que hace referencia el punto 0 se incorporarán como delegaciones al IX Congreso.

6. Constitución. El Congreso quedará válidamente constituido en primera convocatoria si están presentes la mitad más uno de sus componentes, o en segunda, media hora más tarde, si lo están un tercio.

7. Secretariado Confederal. Tendrá en el Congreso las siguientes funciones: proceder a la apertura del Congreso, dar lectura al Informe, presentar el Reglamento al Pleno del Congreso y someterlo a votación global para su ratificación, y hacer una propuesta de Mesa del Congreso. Elegida la Mesa del Congreso el Secretariado Confederal cesará en sus funciones.

8. Mesa del Congreso. Tiene como función dirigir los debates, someter a votación los temas que decidir y moderar la marcha de su proceso. La Mesa representa a la Confederación durante el Congreso. Podrá ser revocada a propuesta de un tercio de los congresistas y las congresistas, si así lo decide el Pleno. En la Mesa deberán estar representados todos los sindicatos, procurando que en ella estén representados todos los sectores. La Mesa distribuirá en su seno las responsabilidades necesarias para garantizar la marcha del Congreso, eligiendo un portavoz, que ostentará la Presidencia, y dos personas para la Secretaría del mismo. Dentro de la Mesa se integrará la Comisión Técnica a la que se refiere el apartado 4 del presente Reglamento. Las decisiones de la Mesa son inapelables.

9. Funcionamiento. El Congreso funcionará en pleno. Podrá funcionar en comisiones para la elaboración de conclusiones y documentos de trabajo.
Los documentos congresuales serán presentados y defendidos por las personas que participaron en la elaboración de los mismos y que la Comisión Preparatoria designe a tal efecto. Podrá haber turnos de palabra a favor y en contra -cuya duración establecerá la Mesa- para cada documento. Las decisiones serán adoptadas por mayoría simple siempre que no sean mayoritarias las abstenciones, en cuyo caso volverá a debatirse el asunto en cuestión. En segunda votación la decisión se adoptará por mayoría simple con independencia del número de abstenciones. Tras la presentación y los correspondientes turnos la Mesa someterá cada documento a su ratificación global por el pleno congresual.
La candidatura del Secretariado Confederal será presentada al Pleno congresual por la Mesa para su ratificación, a propuesta de los sindicatos y sectores que representen.

10. Documentos. Serán los siguientes:
- Informe del Secretariado Confederal saliente.
- Introducción. Marco congresual.
- Ponencia de Organización, Estatutos y Carta Financiera.
- Ponencia de Política Sindical.

11. Resoluciones. La Mesa constituirá en su seno la Comisión de Resoluciones, que tendrá el cometido de recoger las resoluciones presentadas y las transmitirá a la Mesa. Se admitirán las resoluciones presentadas hasta la fecha que decida la Mesa, pudiendo presentarlas un sindicato o el 10% de las personas delegadas al Congreso. Serán defendidas, en el tiempo fijado por la Mesa, por una de las personas que la presentó. A continuación la mesa someterá cada una de ellas a su votación global.

12. Orden del día. La Mesa del Congreso, una vez constituida, decidirá y someterá a la consideración del mismo una propuesta de orden del día. La Mesa tiene en cualquier caso competencias para modificar sobre la marcha la organización del tiempo si así lo estima conveniente.

 

 
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La Confederación Intersindical:
un futuro necesario

 

Desde hace más de una década las organizaciones sindicales que componen la Confederación de STEs-i habían ido desarrollando unas estructuras que sobrepasaban el ámbito de la enseñanza. 

Nacimos de los movimientos unitarios y asamblearios de la enseñanza y ello configuró una realidad sectorial interna que, a pesar de ser sectorial, nunca renunció a la acción sindical de carácter social y sociopolítica que conectaba con el resto de sectores productivos. Con el paso de los años nuestra presencia sectorial fue reduciéndose continuamente hasta llegar a ser "casi en exclusiva" una opción sindical con presencia en infantil-primaria y en secundaria pero cada vez más residual, salvo excepciones, en el resto de la enseñanza. 

La configuración del modelo sindical "a tres bandas" diseñado por la administración, en connivencia con los sindicatos interesados, condujo a una sucesiva pérdida de capacidad negociadora de las mesas sectoriales en beneficio de las mesas generales del conjunto del funcionariado. Con ello se abrió una nueva perspectiva que aceleró la apertura de los distintos STES a nuevos sectores extra-educativos, fundamentalmente en el marco de las administraciones públicas.

Por otra parte, la progresiva burocratización del sindicalismo mayoritario provocó la aparición de nuevas organizaciones sindicales de carácter sectorial pero unidas, en su mayor parte, por la defensa a ultranza del derecho de los trabajadores y trabajadoras a decidir por ellos mismos en aquellos temas que les afectasen.

En consecuencia, algunos STES acometieron el proceso de intersectorialización con la incorporación de nuevos sectores, dentro y fuera de los servicios públicos. Con ello la confederación ganaba en diversidad y pluralismo, pero lo hacía de manera absolutamente asimétrica, con realidades asentadas en la enseñanza pública conviviendo con procesos de intersindicalización mucho más amplios, algunos en el marco organizativo de la confederación y otros fuera de ella, tejidos con una fuerte relación sindical que en ocasiones comparte estructuras sindicales en un mismo ámbito territorial, y otras sólo comparte una misma forma de acción sindical pero con nula relación orgánica. 

El balance de esta apertura es positivo y ha supuesto (más allá de los lógicos esfuerzos que ha habido que hacer desde el sector educativo) una revitalización de los diferentes sindicatos territoriales, aportándoles una visión más amplia y a romper la sensación de "soledad sindical" que afectaba a la valoración de la continuidad de nuestro trabajo.

En el marco confederal, el VIII congreso de la Confederación STES-Intersindical ratificó el trabajo iniciado años antes con la incorporación de nuevas realidades sectoriales en los distintos sindicatos que formamos la confederación. Ahora, hemos de concretar y desarrollar los compromisos adquiridos para integrar una mayor diversidad por la vía de la incorporación de nuevos sectores y nuevas realidades.

El VIII congreso asumió el funcionamiento de diferentes sectores. Es evidente que el sector de enseñanza, abrumadoramente mayoritario, no necesitaba de ningún funcionamiento autónomo, pues su capacidad para absorber y monopolizar los órganos de la confederación es excelente. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el resto de sectores, que unas veces por debilidad y otras por no coincidir en una misma acción sindical en los diferentes territorios, no han gozado de un funcionamiento confederal, más allá de algún contacto esporádico. Ha llegado el momento de dar nuevos pasos adelante en la coordinación de la acción sindical en los nuevos sectores, desarrollando las estructuras internas que lo posibiliten.

Por otra parte, hace más de cuatro años que empezamos a trabajar conjuntamente con el Sindicato Ferroviario. La profundización de estas relaciones, aunque se hayan producido básicamente entre las direcciones sindicales, conducían necesariamente a plantearse si había llegado el momento de converger orgánicamente en el seno de una organización común. Esta posibilidad de confluir con otras organizaciones había sido ya contemplada en anteriores congresos (Los Alcázares -1999- y Poio -2003-) pero no había dejado de ser una probabilidad lejana a la realidad de aquellos momentos. Apostábamos por la futura constitución de una organización de carácter confederal, que reuniera organizaciones sindicales presentes en los diferentes sectores productivos, siempre que reunieran las mismas características básicas que la nuestra. Todo ello se resumía en el concepto Intersindical, que añadíamos a nuestro nombre como señal inequívoca de hacía dónde debía de ir nuestra evolución sindical. 

Ahora queremos integrar las diferentes realidades territoriales sin dejar de ser lo que somos: una confederación de sindicatos soberanos que tiene en el territorio el elemento aglutinante básico de la organización sindical. 

La mayor complejidad de este proceso congresual proviene de una confluencia de realidades que hay que integrar en el funcionamiento confederal. 

Por una lado, de realidad sindical: sindicatos sólo de enseñanza pública (en algunos casos también con privada y universidad); sindicatos con presencia en la administración pública (en algunos casos, incluye sanidad y administración local...); sindicatos con presencia en sectores fuera de los servicios públicos...

Por otra parte, de funcionamiento: intersindicales "únicas" con sectores, federaciones de sindicatos que funcionan como sindicatos "únicos", federaciones que funcionan como lo que son (federaciones), intersindicales con funcionamiento confederal interno...

Pero además, con unas relaciones singulares con algunas organizaciones territoriales que van desde la simple carta de relaciones a la participación efectiva de algún sindicato en un ámbito sectorial de la confederación.
Para sumar complejidad, la confluencia con organizaciones sindicales que tienen una estructura "estatal" por ser representativas de sectores que se estructuran de esa misma manera.

Con todo ello hemos de configurar un marco organizativo en el cual todos los sindicatos se encuentren "cómodos" y que aunque promueva abiertamente la intersindicalización de los originarios sindicatos STES, lo haga respetando los ritmos que imponga cada realidad territorial.

Este IX Congreso es distinto a todos los que hemos realizado en estos treinta años de existencia: vamos a construir una nueva Confederación, la Confederación Intersindical, que se presenta a las trabajadoras y trabajadores como una alternativa sindical intersectorial, asamblearia, unitaria, democrática…, con presencia en todo el Estado e integrada en el sindicalismo internacional, dando un paso muy importante en nuestra lucha por conseguir un sindicato unitario, vocación con la que nacimos. Nuestra Confederación contará con distintos sectores del mundo del trabajo unidos por unos estatutos, por unos principios y fines comunes, y por una forma semejante de funcionamiento, y esto lo vamos a hacer reforzando los sectores que ya teníamos integrados en nuestra Confederación y en nuestros Sindicatos, conservando nuestras siglas sectoriales en aquellos ámbitos que se determine, y con la incorporación a nuestras estructuras de otras realidades sectoriales, como el representado por el sector ferroviario, integrado por un importante grupo de hombres y mujeres con los que venimos trabajando desde hace varios años y con quien tenemos una Carta de Relaciones desde 2003. Todo ello comportará una primera modificación estatutaria para construir, conjuntamente con el Sindicato Ferroviario, esta renovada organización intersindical.

Cuando terminemos este IX Congreso seguiremos organizándonos en todo el Estado, seguiremos buscando la mejor manera de articular las relaciones entre los sindicatos e intersindicales de las distintas comunidades del Estado, la forma más idónea para mejorar los servicios públicos, la enseñanza, la sanidad, el transporte y el transporte ferroviario, las comunicaciones..., la mejor manera de organizarse para luchar desde nuestra Confederación Intersindical por un mundo mejor y contra las imposiciones de unos pocos. Estamos en la misma lucha en la que surgimos hace 30 años, aunque lo hacemos con mejor preparación, la preparación que nos da el bagaje de estos años de lucha y organización, de éxitos y fracasos, y con el convencimiento de que somos muchos millones de personas las que no estamos contentas con el mundo en el que nos ha tocado vivir y estamos en disposición de luchar para conseguirlo.

Influir en el futuro que viene

La constitución de nuestra nueva Intersindical ha de servir también para tener una mayor proyección pública cuando valoremos la situación social y económica y cuando hagamos propuestas, para influir con nuestras ideas y propuestas en el futuro.
Un sindicalismo para el futuro. El lema de nuestro IX Congreso nos compromete a seguir avanzando en la extensión de nuestra Intersindical en otros sectores, a plantear alternativas a las nuevas realidades que están aflorando y a las que afloraran en los distintos ámbitos en los que podemos actuar y que a lo largo de esta Ponencia intentamos concretar, sin olvidar los Programas Reivindicativos Electorales con los que nos presentamos a las elecciones sindicales en los distintos sectores.
Nuestra presencia como organización confederal debe ir aumentando en el ámbito estatal. Lo debemos de hacer sin intentar copiar las estructuras de funcionamiento de otras organizaciones que entienden la acción conjunta como la uniformización del trabajo sindical, con estructuras centralizadas y burocratizadas. Nosotros somos la expresión genuina de una forma diferente de entender las relaciones entre las distintas nacionalidades y regiones del Estado. Y la aplicamos al trabajo sindical.
Es necesario que la nueva Confederación Intersindical y los sectores que en ella se conforman -junto con la difusión de las siglas de cada organización en su territorio-, se visualicen cada día un poco más como expresión pública de esa voluntad. Es conveniente que, en la medida que sea posible, todas las organizaciones utilicemos generalicemos y asociemos el término "Intersindical" a nuestras propias denominaciones y que adoptemos medidas para que nuestra imagen sea visualizada por parte de los trabajadores y trabajadoras con independencia de dónde viven o dónde trabajan. Es necesario que estemos más presentes en todo tipo de movilizaciones, y en la preparación de las mismas, que seamos capaces de incorporar a todas las organizaciones que compartan nuestro modelo sindical, que estén de acuerdo con nuestros Estatutos y con las Líneas de Actuación que definimos anualmente. Para conseguirlo son necesarios recursos humanos y materiales, tanto para contribuir a mejorar la sociedad como para ir consiguiendo que nuestra organización sea un referente sindical y político. Pero, sobretodo, para conseguirlo es necesaria la ilusión de saber que con la voluntad construimos la realidad. Una nueva realidad sindical para los trabajadores y las trabajadoras. 

 

 
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Organización

 

1. Introducción

El camino que la antigua Confederación de STEs inició tímidamente hace ocho años tuvo su auténtico punto de inflexión en el VIII Congreso, en el que la vocación multisectorial que apuntábamos después del debate interno de finales de los noventa dejó de ser una aspiración para convertirse en una realidad, personificada no sólo en la adopción del nombre “Intersindical”, sino en la definición política de lo que nuestra Confederación proponía para su propio futuro.

Durante cuatro años hemos profundizado en aquel proyecto sindical, hemos ido limando las aristas propias de un proceso complejo, difícil a veces, hemos sufrido las contradicciones lógicas que surgían de nuestra propia historia y, lo más importante, hemos aprendido a trabajar multilateralmente. Y es ese aprendizaje el que nos permite hoy enfrentarnos en nuestro nuevo Congreso a la tarea de reforzar nuestra estructura confederal, a redefinir algunos de sus órganos, a delimitar competencias en los diferentes niveles de concreción de la acción sindical y a perfilar con claridad el dibujo de lo que va a ser una nueva organización sindical, confederal, multisectorial e intersindical, en toda la extensión de los conceptos y con todas sus consecuencias.

La Confederación de STEs-Intersindical se ve la cara hoy con ella misma, con un pasado irrenunciable, con un presente nuevo y con un futuro apasionante. Nos enfrentamos ahora a un Congreso que va a determinar la naturaleza orgánica y política de la Confederación en este tramo nuevo de su historia. Hemos acordado lo que queremos y vamos a construirlo. Es nuestra obligación ser flexibles y tolerantes, de manera que en la organización que determinemos no sólo nos sintamos cómodos quienes hoy la conformamos, sino que permita la incorporación tranquila de otros colectivos de trabajadores y trabajadoras en el marco de un proyecto de vocación inequívocamente confederal, asambleario, unitario y de clase.

Todo este proyecto se asienta sobre dos pilares: los contenidos políticos y sindicales, avalados por una trayectoria que ha permitido que otras realidades sindicales nos hayan considerado una referencia, por un lado, y la estructura territorial confederal, por otro. Este documento, junto a la Ponencia de Estatutos y a la Carta Económica, pretende situar las bases sobre las que reforzar la estructura confederal, uno de los grandes desafíos de este IX Congreso.

2. Los órganos confederales de dirección

Las líneas programáticas y las políticas generales básicas de la Confederación son establecidas por los órganos de representación, debate y decisión de la misma: el Congreso, el Pleno y el Secretariado Confederales. De estos órganos de dirección se espera no sólo la definición de las líneas concretas en cada caso y en cada ámbito, incluidos los aspectos intersectoriales de la acción sindical, sino además que sean las estructuras que determinen, dinamicen y posibiliten la integración sectorial, la elaboración de propuestas de medio y largo plazo, la definición de objetivos de formación interna y la coordinación del apoyo efectivo a aquellos territorios y/ sectores que lo necesiten, siempre desde el respeto a la soberanía propia de cada organización territorial confederada.
Para conseguir lo anterior se hace necesario superar la dinámica de conformar Plenos y Secretariados como meras yuxtaposiciones de decisiones previas territoriales y/o sectoriales. Ambos órganos deben tender a convertirse en espacios generadores de debates y consensos, con la necesaria flexibilidad, de manera que las decisiones sirvan para construir políticas de acción sindical útiles tanto para sectores como para sindicatos confederados, adecuando los principios compartidos a la realidad concreta marcada por la coyuntura.
La tarea de dirección política que corresponde a los órganos confederales demanda, además de lo dicho, avanzar hacia un modelo final que sitúe nítidamente cada cuestión en su ámbito correspondiente. Dicho de otra forma: igual que redefinimos el modelo confederal en toda su extensión, así hay que hacerlo con sus órganos; es imprescindible romper con la inercia que nos lleva a asumir en los órganos confederales las consideradas “grandes cuestiones”, por muy sectoriales que estas fueren. Diferente cuestión, como no podía ser de otra manera, es la sujeción de las decisiones sectoriales a los grandes ejes de la acción sindical global, cuya definición corresponde al Pleno y al Secretariado confederales.
En este sentido la autocrítica objetiva impone reconocer que tanto Pleno como Secretariado, y especialmente este último, no ha sabido cumplir las más de las veces con uno de los objetivos definidos en el anterior Congreso: el de convertirse en un auténtico órgano de dirección intersectorial. Es cierto que el tratamiento de las cuestiones no estrictamente educativas tiene hoy una importancia en las reuniones de los órganos desconocida en otros tiempos, pero no es menos verdad que el mundo educativo sigue acaparando tiempos y energías que, a veces, han dificultado el tratamiento efectivo de otras cuestiones. Sí es verdad que se da una circunstancia que explica hasta cierto punto esta disfunción: la ausencia de encuentros, reuniones o, como hemos venido denominando, “plenarios” específicamente dedicados asuntos de la enseñanza. En el futuro, la constitución de STEs como sector de enseñanza contribuirá, sin duda, a profundizar más en la problemática estrictamente educativa, al tiempo que liberará a los órganos confederales del peso específico del ámbito educativo. 

3. El Pleno Confederal

Es el máximo órgano de gestión, administración, gobierno, representación y decisión de la Confederación entre Congresos. La tarea fundamental del Pleno Confederal es la discusión y aprobación de las grandes líneas de trabajo confederal anual; al mismo tiempo, es el órgano en el que se articulan debates específicos sobre asuntos concretos, de manera que sus conclusiones sirvan posteriormente para fundamentar las propuestas que el órgano decida. El Pleno Confederal es igualmente el órgano encargado de ratificar al Secretariado Confederal y a la Comisión Técnica, y de resolver formalmente las sustituciones que se produzcan en esos ámbitos.
La base de la composición del Pleno es la representación de las diferentes organizaciones territoriales miembros de la Confederación. Las personas titulares del Secretariado Confederal son componentes del Pleno a todos los efectos, así como las personas de la Comisión Técnica, en este caso sin voto.
Consecuentemente con la existencia de sectores organizados confederalmente, cada uno de ellos podrá enviar representantes al Pleno Confederal. La Organización de Mujeres, en tanto que entidad confederal organizada transversalmente de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos vigentes, enviará igualmente representantes al Pleno Confederal, que gozarán de los derechos a voz y a voto. 
Las actuales proporciones sobre las que se basa el número de personas de cada delegación territorial parecen adecuadas; en todo caso podrían estudiarse ajustes si se manifiesta su necesidad. La actual composición del Pleno Confederal es suficiente tanto para garantizar la operatividad del órgano como para no convertirlo en una especie de pequeño congreso. Por supuesto deben establecerse unos mínimos pertinentes para garantizar la representación suficiente de las organizaciones confederadas.
Por último, entre las funciones principales del Pleno Confederal está la coordinación de la actividad sectorial. Será preceptivo, en las reuniones ordinarias del mismo, un informe amplio de cada sector organizado de la Confederación, que el Pleno conocerá y sobre el que podrá adoptar acuerdos.

4. El Secretariado Confederal

El Secretariado Confederal es el órgano de dirección política de la Confederación entre Plenos Confederales. Se encarga de trasladar a la acción sindical concreta las directrices aprobadas por los Plenos y el Congreso, y coordina en su caso las decisiones adoptadas por los órganos sectoriales. Asimismo, es el órgano de representación política de la Confederación.
Estará compuesto por personas representantes de las organizaciones territoriales miembro de la Confederación, así como por representantes de la Organización de Mujeres. Las personas que componen la Comisión Técnica son igualmente miembros del Secretariado Confederal, con voz pero sin voto.
Funcionalmente, el Secretariado se organiza internamente en Áreas de Trabajo. Estas Áreas podrán ser dotadas de liberaciones procedentes de los cupos institucionales, asignadas a miembros del órgano. Las Áreas de Trabajo responden ante el Secretariado Confederal. Las personas que componen la Comisión Técnica se adscribirán a las Áreas de Trabajo en función de la distribución de tareas decidida por el propio Secretariado. Por razón de su transversalidad, se considera Área de Trabajo permanente la de Salud Laboral.
El Secretariado Confederal tiene capacidad para crear comisiones de trabajo, dependientes del mismo y no necesariamente compuestas por personas procedentes del órgano. En este último caso es preceptivo el acuerdo del sindicato de origen. Asimismo, el Secretariado tiene capacidad para elegir de entre sus miembros titulares o suplentes a personas para realizar tareas concretas de representación.
El Secretariado Confederal es el órgano que recibe los informes de los sectores, que conoce su actividad y que remite al Pleno Confederal las decisiones, en su caso, sobre los mismos. Todo ello sin perjuicio de las atribuciones que sobre el particular tiene el propio Pleno Confederal, y de la autonomía de los propios sectores organizados para dirigirse al mismo.

5. Los órganos sectoriales

La experiencia nos ha enseñado dos lecciones fundamentales: por un lado, que los sectores necesitan de capacidad organizativa para estructurarse internamente y para dotarse de órganos autónomos que vayan más allá de una simple reunión de compromisarios; por otro, que lo anterior es la única garantía para definir claramente los márgenes de decisión de cada sector y, en consecuencia, las competencias de los órganos confederales de dirección: el Secretariado y el Pleno.
Por tanto, los sectores organizados en la Confederación se dotarán de órganos específicos como instrumento autónomo de decisión. La base representativa de los mismos será territorial. Es competencia de los sectores decidir la proporción necesaria para su composición. Los sectores, en función de su realidad y de su momento organizativo, podrán crear tanto Secretariados como Plenarios Sectoriales. Los órganos sectoriales son autónomos para nombrar representantes en el Pleno y en el Secretariado Confederales. Deciden su propia acción sindical y la línea negociadora en la que se vea incurso el sector en cuestión; tienen asimismo capacidad para presentar enmiendas en los Congresos confederales.
Los sectores organizados en la Confederación podrán celebrar Conferencias Sectoriales, como encuentros de amplia representación que se reunirían para tomar decisiones de medio o largo plazo. Estas Conferencias decidirían sobre la estructura orgánica del sector, sobre las grandes líneas de la acción sindical o monográficamente sobre cuestiones sindicales que requieran un tratamiento específico.
Los marcos de decisión de los órganos sectoriales son los establecidos para el conjunto de la Confederación, mediante los procedimientos establecidos en los Estatutos, por el Congreso, el Pleno y el Secretariado Confederales.

6. La Comisión Técnica

Decisiones que fueron acertadas en su momento y que se explican por la coyuntura histórica en la que se adoptaron, configuraron una Comisión Técnica con competencias tan ajustadas y limitadas que esa definición estatutaria ha provocado, a veces, disfunciones que han afectado incluso a decisiones del Secretariado Confederal, dificultando en ocasiones el cumplimiento de los propios acuerdos del mismo. Sin cuestionar en absoluto el garantismo que ha de velar por los principios fundamentales de la Confederación, es necesario avanzar un paso más para que este, llevado hasta sus últimas consecuencias, no entorpezca el trabajo cotidiano de una organización cada día más compleja. Y proponemos avanzar sin cuestionar el Artículo 20 de los Estatutos aprobados en el VIII Congreso, en el que definíamos claramente la naturaleza, la composición y las competencias de la Comisión Técnica.
A las personas que integren la CT se les reconoce, en virtud de lo establecido en el Artículo mencionado e interpretando in extenso lo dicho en el apartado “Funciones”, la capacidad de representación política de la Confederación en ausencia del Secretariado Confederal o por mandato de este, así como la de elevar propuestas de trabajo al citado órgano, del que depende. Asimismo, la CT debe tener las competencias necesarias, siempre ajustadas por el Secretariado Confederal, para realizar un seguimiento efectivo de los acuerdos adoptados en los órganos confederales. La CT tiene la capacidad de tomar iniciativas siempre y cuando las circunstancias impidan la reunión urgente de los órganos confederales. En este caso, es preceptiva la consulta con las personas responsables de las Áreas de Trabajo del Secretariado Confederal.
Actualmente, la Confederación de STEs-Intersindical dispone de las liberaciones institucionales de manera que la mayoría de las mismas se dedica a tareas centrales. La creciente complejidad de la organización ha hecho necesario en ocasiones apoyar tareas centrales directamente en Madrid. Para facilitar el refuerzo de esas tareas, para coordinar el trabajo propio de la CT y para reforzar el seguimiento de los acuerdos del Secretariado Confederal (recordamos aquí que la periodicidad de sus reuniones es ahora de una por trimestre), el Congreso autoriza al Secretariado Confederal a adscribir a la CT a personas liberadas para tareas centrales. Para esta adscripción es preceptivo el acuerdo del sindicato de origen, así como la disposición, si en algún momento se requiere, de estas personas para desarrollar sus tareas en la sede central de la Confederación. 

7. La transición

El modelo territorial sobre el que se fundó nuestra Confederación no está en cuestión. La situación en la que se desarrolla este Congreso no es una casualidad: partió de dos organizaciones soberanas que decidieron iniciar un proceso que culminara en la unidad orgánica, desde el respeto y el apoyo mutuo. Los sindicatos que componen la Confederación han decidido autónomamente su propio modelo sindical, y las decisiones sobre convergencia sindical de este Congreso no pretenden forzar en ningún caso ni los ritmos ni las formas en ningún territorio. Tanto los sindicatos que componen la Confederación como el Sindicato Ferroviario han hecho y seguirán haciendo esfuerzos por que la confluencia que aprobamos ahora llegue a buen puerto. Para ello se hace imprescindible la flexibilidad, la tolerancia y la solidaridad. El Congreso es consciente de las diferentes realidades, y desde la realidad establece un periodo transitorio para que en cada territorio ambas organizaciones, sin presión y sin imposiciones, mantengan los contactos pertinentes, el rodaje necesario y construyan en un plazo razonable el modelo de integración sindical que mejor se ajuste a su realidad, a su definición y a sus objetivos.

8. La Fundación

El Congreso Confederal acuerda iniciar un estudio de viabilidad para la creación y regulación del funcionamiento de entidades o asociaciones relacionadas con los fines y las características de la Confederación.

 

 
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Estatutos

 

TÍTULO I - DENOMINACIÓN, ÁMBITO TERRITORIAL Y PROFESIONAL Y DOMICILIO

Artículo 1
Al amparo de la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto, de Libertad Sindical, se constituye la Confederación Intersindical, con denominación “Confederación Intersindical”, en siglas “INTERSINDICAL”.

Artículo 2
El ámbito territorial de actuación será el Estado Español, y su ámbito profesional abarcará a todos los trabajadores y trabajadoras, tanto de los servicios públicos como de cualquier sector laboral y situación, que acepten los Estatutos del sindicato, federación o confederación a través de la cual se vinculan a la Confederación Intersindical.

Artículo 3
La Confederación está formada por los sindicatos, federaciones y confederaciones que se adhieran, vinculen o integren en la misma, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en cada caso por parte del Pleno o del Congreso Confederal, y cualquiera que sea su ámbito funcional. La Confederación podrá asimismo adherirse, vincularse o integrarse en las organizaciones de ámbito más amplio del mundo del trabajo; igualmente podrá formar coaliciones con otras organizaciones sindicales.
La Confederación Intersindical podrá adherirse, vincularse o integrarse en organizaciones de ámbito internacional, por acuerdo del Pleno Confederal.

Artículo 4
La Confederación Intersindical se constituye por tiempo indefinido.

Artículo 5
La Confederación Intersindical establece su sede social en la calle Carretas, 14, 7 E-F, 28012 Madrid, pudiéndose acordar en cualquier momento por los órganos de gobierno el cambio de domicilio o la apertura de otras sedes en cualquier otro lugar de su ámbito territorial, lo que se comunicará a todos los sindicatos, federaciones o confederaciones miembros de la Confederación Intersindical.
 

TÍTULO II - FINES

Artículo 6
Son fines de la Confederación:
1. La consecución de una sociedad sin clases en la que se elimine toda opresión y jerarquización de ningún colectivo sobre otro. Una sociedad solidaria basada en una nueva ética y en un modelo de desarrollo humano que elimine toda opresión y jerarquización de cualquier colectivo sobre otro.
2. La lucha de los trabajadores y las trabajadoras hacia esta sociedad implica la defensa de un modelo de Servicios Públicos como garante de los derechos de esta sociedad, al servicio de ella y gestionados democráticamente. Esto implica avanzar hacia un modelo de servicios públicos, alternativo que, hemos de constituir día a día desde nuestras distintas realidades.
3. Defender los intereses laborales, económicos y sociopolíticos de los trabajadores y trabajadoras y luchar por la mejora de las condiciones de vida y trabajo.
4. Asumir las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras, siempre que no se opongan a las características y fines de la Confederación Intersindical.
5. Dado el carácter sexista que preside la vida social, los diferentes miembros de la Confederación Intersindical asumirán la defensa de la igualdad real entre mujeres y hombres que tiene una herramienta importante en la coeducación como modelo educativo que contribuye a transformar la actual situación discriminada de la mujer. En la misma línea, potenciará la implantación de una educación sexual libre de prejuicios y tabúes, que refleje la diversidad de opciones, orientaciones e identidades sexuales y propicie la normalización de todas ellas. Combatirá todos aquellos modelos pedagógicos que se apoyen en la transmisión de la pasividad de las mujeres. 
6. Las diferentes organizaciones de la Confederación incorporarán en su acción sindical cotidiana la perspectiva feminista, e impulsarán como Confederación que las afiliadas participen en todas las actividades y órganos del sindicato, potenciando la organización de Secretarías o Comisiones de la Mujer en cada organización, con el fin de abordar la problemática específica de las mismas.
7. Las diferentes organizaciones de la Confederación lucharán por unos servicios públicos adecuados a las distintas realidades culturales, sociales, idiomáticas, nacionales y territoriales del Estado Español, debiendo jugar un papel activo en el desarrollo y normalización de las diferentes lenguas minorizadas de cada región, país o nacionalidad.
8. Las diferentes organizaciones de la Confederación defenderán el derecho de autodeterminación de los distintos pueblos del Estado Español. Desde la situación del actual Estado de las Autonomías, luchará por exigir y arrancar el máximo grado de autogobierno y la asunción de competencias exclusivas para todas las nacionalidades y regiones.
9. Promover o adherirse a todos aquellos movimientos sociales, políticos..., que tengan como meta la consecución de una paz real en el mundo y la lucha contra la degradación de la naturaleza. Es por ello que, los diferentes miembros de esta Confederación inducirán a sus afiliados y afiliadas a propiciar manifestaciones, textos, debates... y todo tipo de actividades que supongan avances en defensa de los valores pacifistas y ecologistas.
10. Exigir leyes democráticas que recojan los derechos conquistados en las constantes luchas de los trabajadores y trabajadoras.
11. Exigir una adecuada formación inicial para los trabajadores y trabajadoras, así como la creación de las condiciones para el ejercicio del derecho a la formación permanente en horario laboral y a cargo de la empresa o la Administración.
 

TÍTULO III - CARACTERÍSTICAS

Artículo 7
La Confederación Intersindical tiene las siguientes características:

UNITARIA: La Confederación Intersindical, fiel al espíritu que animó su propio nacimiento, pretende lograr la unidad de los trabajadores y trabajadoras en el marco de un sindicalismo democrático y asambleario.
Podrán estar afiliados a esta Confederación todos los trabajadores y trabajadoras de los distintos países, nacionalidades y regiones, a través de sus sindicatos, federaciones y confederaciones respectivas, sin discriminación alguna en función de sus opciones políticas, religiosas o cualesquiera otras.
Conscientes del papel preferente de los propios trabajadores y trabajadoras en la construcción de la unidad, fomentará la representación unitaria y directa de los trabajadores surgida de las asambleas y centros de trabajo.
Con el mismo fin, la Confederación Intersindical prestará atención preferente y continuada al logro de acuerdos concretos y formas de unidad de acción con el resto de los sindicatos de clase, que permitan avanzar en la superación de las divergencias existentes, y formas de unidad cada vez más amplias, en aras de la unidad sindical de las organizaciones progresistas. Si el trabajo unitario continuado de la Confederación con otras organizaciones sindicales comportara cualquier forma de integración o unificación, esta habría de ser decidida congresualmente.

DEMOCRÁTICA: La Confederación Intersindical se rige por los más amplios principios de democracia, aplicándose en la vida interna de los órganos confederales y en los sindicatos, federaciones y confederaciones miembros de la Confederación las siguientes normas fundamentales:

a) Toda persona afiliada podrá participar, en igualdad de derechos con los demás miembros, personalmente o por medio de representantes, en el establecimiento de la línea sindical, en la adopción de políticas específicas concretas, en la designación de los diversos niveles dirigentes. Puede ser nombrada para ostentar la representación de otros afiliados y afiliadas y promovida a tareas de dirección.
b) Todos los cargos son cubiertos mediante elección y serán revocables. Se celebrarán elecciones en los plazos señalados en los estatutos. Su gestión será transparente y rendirán cuentas a los órganos que representan.
c) En todas las organizaciones y órganos de la Confederación está garantizada a sus miembros la plena libertad de expresión sobre temas a debate, la manifestación pública de sus eventuales desacuerdos y el respeto de las posiciones particulares o colectivas.
d) Las decisiones de los órganos confederales son adoptadas por mayoría simple, excepto en el caso de que haya una mayoría de abstenciones, en el que los propios órganos decidirán si se vuelve a discutir o si se traslada la discusión a las organizaciones miembros. Si el tema es urgente se podrá hacer una segunda votación, que se aprobará por mayoría simple. La urgencia se determinará por mayoría simple.
e) En el interior de la Confederación pueden surgir corrientes de opinión, que reflejen posturas colectivas tanto en torno a problemas concretos como a cuestiones de carácter general. Todos los afiliados y afiliadas tienen el derecho a participar en la formación de dichas posiciones colectivas. 
La Confederación Intersindical facilitará los medios que permitan recoger, aclarar y debatir democráticamente las distintas posiciones que aparezcan en su seno, para que las mismas no se transformen en actitudes sectarias que hagan peligrar la unidad de la Confederación.
Las posturas colectivas minoritarias no podrán presentar sus posiciones como oficiales de la Confederación.
La Confederación garantizará la representación de las minorías mediante los correspondientes mecanismos de elección.

ASAMBLEARIA: Las organizaciones miembros de la Confederación Intersindical han de regirse por el carácter asambleario; en cuanto a su funcionamiento y estructura, la Asamblea de afiliados y afiliadas es el máximo órgano de decisión de las diferentes organizaciones de la Confederación. Las asambleas generales de trabajadores y trabajadoras serán el genuino método de participación, consulta y decisión a utilizar por Las diferentes organizaciones de la Confederación para contrastar su acción sindical.
Los miembros de la Confederación Intersindical impulsarán asambleas generales de trabajadores y trabajadoras, como medio de reforzar la unidad y la participación.
En todos los procesos de movilización deberán convocarse asambleas abiertas. Cada asamblea, en su ámbito, tendrá carácter decisorio. Corresponde a Las diferentes organizaciones de la Confederación acatar y asumir las decisiones mayoritarias de las Asambleas, aun cuando sean discrepantes con las propias decisiones previas de Las diferentes organizaciones de la Confederación, siempre y cuando estas decisiones no afecten ni a los Estatutos ni a los principios por los que se rige esta Confederación.
Las diferentes organizaciones de la Confederación deberán replantearse las decisiones de sus órganos cuando sean claramente rechazadas por la mayoría de los trabajadores y trabajadoras.
Será un elemento fundamental a tener en cuenta cuando se establezcan procesos de relación con otras organizaciones o colectivos de trabajadores y trabajadoras.

AUTÓNOMA: La Confederación Intersindical es una organización sindical con entidad y autonomía propias, que toma sus decisiones según su propia dinámica interna. La Confederación es independiente de la patronal, del aparato del Estado, de las instituciones públicas o privadas y de toda confesión religiosa, no está subordinada a organización o partido político alguno ni a cualquier otro grupo de presión, sea económico, religioso o ideológico. Y esto para garantizar un auténtico pluralismo interno, porque sólo desde una real autonomía puede responderse a las aspiraciones de los trabajadores y las trabajadoras.

CONFEDERAL: La Confederación garantizará la soberanía de cada una de sus organizaciones miembros, atendiendo a las características regionales y nacionales de cada una de ellas, lo que constituye una de las señas de identidad de nuestro sindicalismo. Asimismo, los diversos órganos tendrán autonomía administrativa y de gestión, dentro de las limitaciones establecidas por los Estatutos.

DE CLASE: Por cuanto que las diferentes organizaciones de la Confederación son una confederación de sindicatos que agrupa a trabajadores y trabajadoras del estado español como parte integrante de la clase trabajadora, buscando la coordinación real con el movimiento obrero y sus organizaciones; reforzando sus lazos con todos y todas los trabajadores y las trabajadoras de todos los sectores laborales para defender con más fuerza la lucha contra las desigualdades sociales frente a las ofensivas de la patronal y de los gobiernos que no avancen claramente en esta lucha y por las mejoras de las condiciones de vida delas clases más desfavorecidas. La Confederación Intersindical rechaza cualquier tipo de actitud corporativa tanto en su seno como en los planteamientos reivindicativos. Y se define de izquierdas, porque es crítica con el injusto orden social capitalista existente y persigue su transformación; porque pone al servicio de esta su acción sindical y sociopolítica; y porque hace suyas las causas solidarias: lucha contra la pobreza y la exclusión social, por la solidaridad con la población inmigrante, y por apoyar a los pueblos del mundo que padecen el subdesarrollo y la dependencia a los que les condena el sistema neoliberal.

INTERNACIONALISTA: La Confederación buscará la unidad internacional con los trabajadores y trabajadoras para colaborar en la lucha contra toda explotación. 

SOCIOPOLÍTICA: La Confederación Intersindical, además de reivindicar la mejora de las condiciones laborales y profesionales de los trabajadores y trabajadoras, asume la defensa de todas las cuestiones políticas y sociales que les afectan, en la perspectiva de la supresión de toda explotación o discriminación. Es solidaria con el resto de la clase trabajadora en la solución de problemas generales: el hambre, la enfermedad, la ignorancia, el paro, la violación de los derechos humanos, de la infancia, de la mujer, la discriminación por género, etnia o condición, la explotación del individuo y de los pueblos, la guerra, el medio ambiente... Cooperará con las demás organizaciones sindicales, sociales y políticas del mundo que tengan como objetivos la superación de la sociedad de clases y la implantación de la paz universal fundada en la igualdad y la justicia.

FEMINISTA: La Confederación Intersindical lucha contra las discriminaciones a las que están sometidas las mujeres en el campo laboral, profesional, familiar y jurídico, y contra las situaciones del sistema educativo que marginan a las mujeres y orientan a niños y niñas, a hombres y a mujeres, hacia conductas estereotipadas de género. Trabajamos para visualizar las aportaciones de las mujeres a la historia, a la cultura y a la ciencia, así como sus contribuciones en tantas zonas del planeta al desarrollo efectivo de una cultura de paz y contra la injusticia.

ECOLOGISTA: La Confederación Intersindical y sus miembros lucharán contra la destrucción del medio ambiente y la degradación de la naturaleza, posicionándose a favor de la conservación del medio, colaborando con las organizaciones sociales y participando en las iniciativas y actuaciones encaminadas a este fin. Esta lucha ha de enmarcarse en la consecución de la mejora de las condiciones y la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras.

REIVINDICATIVA: La Confederación Intersindical defiende las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras y la mejora de sus condiciones de trabajo. 

PLURAL Y PROGRESISTA: La Confederación Intersindical tiene entre sus metas aglutinar a todos los trabajadores y trabajadoras defensoras del modelo de servicios públicos que propugna: Escuela Pública, Sanidad, Transportes, etc. Este carácter implica un compromiso de los trabajadores y las trabajadoras para exigir a los gobiernos que avancen en la lucha contra las desigualdades en favor de las clases oprimidas.
 

TÍTULO IV - DE LOS MIEMBROS

Artículo 8
1. Podrán ser miembros de la Confederación Intersindical los sindicatos, federaciones y confederaciones que soliciten formar parte de la misma, se comprometan a cumplir los Estatutos y las condiciones o modalidades de adhesión que se establezcan, y cuya solicitud de vinculación, adhesión o integración sea aceptada por acuerdo del Pleno o Congreso confederales.
2. Los miembros de la Confederación Intersindical tendrán ámbito territorial de región, país o nacionalidad, organizándose también según los diferentes sectores laborales.
3. Las organizaciones que se integren en la Confederación Intersindical, aun manteniendo transitoriamente su estructura organizativa propia, tenderán a organizarse conforme a lo establecido en el párrafo anterior.
4. En cada uno de estos ámbitos, únicamente podrá existir un sindicato, federación o confederación miembro de la Confederación. Si en el ámbito territorial de región, país o nacionalidad no existe organización miembro de la Confederación podrán vincularse a la misma, organizaciones de ámbito provincial, nacional i/o sectorial pertenecientes a ese país, esa nacionalidad o entidad territorial.

Artículo 9
Los miembros de la Confederación Intersindical deberán reflejar claramente en sus estatutos que podrán afiliarse todos los trabajadores y trabajadoras si así lo decidieran, en cualquier situación laboral en que se encuentren, teniendo como única limitación las incompatibilidades que se establezcan en cada estatuto. 

Artículo 10
Dejarán de ser miembros de la Confederación Intersindical:
1. Los sindicatos, federaciones y confederaciones integrantes por libre decisión comunicada por escrito a los órganos de gobierno de la Confederación.
2. Los sindicatos, federaciones y confederaciones integrantes por incumplimiento de los Estatutos, por impago de las cuotas durante seis meses –sin causa justificada- o por incumplimiento de las condiciones y modalidad, si se hubiera establecido, de su vinculación, adhesión o integración.

Artículo 11
Soberanía y vinculación:
1. Las organizaciones miembro de la Confederación tienen plena soberanía de decisión y actuación en todo lo relativo a su propio ámbito territorial y competencial.
La Confederación, según la modalidad de adhesión, no podrá en ningún caso interferir las decisiones de sus miembros, ni las que estos adopten respecto de sus afiliados o afiliadas, siempre que aquellas fueran conformes a los estatutos que los rigen.
2. Las organizaciones miembro de la Confederación no podrán adoptar decisiones contrarias a las de la Confederación en principios contenidos en estos Estatutos o en los acuerdos congresuales.
3. Para todos los sindicatos, federaciones y confederaciones es siempre vinculante el deber de transmitir a los afiliados y afiliadas, según su propia dinámica, las propuestas y acuerdos de los órganos confederales.
4. Los acuerdos confederales vincularan a todos los miembros de la Confederación, aún cuando estos conservarán su soberanía para no vincularse si concurrieran circunstancias especiales, en cuyo caso, además de exponer las razones a la Confederación, no podrán hacer campaña pública alguna contra el acuerdo al cual no se vinculan.
5. Los miembros de la Confederación podrán vincularse, adherirse o integrarse en su sentido más amplio con otras organizaciones o colectivos de carácter nacional y/o autonómico para constituir una estructura de mayor amplitud si así lo determinan los órganos competentes, sin que ello suponga su desvinculación de la Confederación Intersindical.
6. Los miembros confederados de la Confederación Intersindical podrán establecer vinculaciones especiales con otros miembros con objeto de trabajar sobre objetivos que les sean comunes. En ningún caso su actuación lo podría ser en menoscabo de las decisiones confederales.

Artículo 12
Derechos y deberes de los miembros de la Confederación Intersindical:
1. Derechos:
a). Participar en los órganos de gobierno de la Confederación, de acuerdo con lo previsto en los presentes Estatutos; proponer, intervenir en debates y votar conforme se establece en estos Estatutos.
b). Controlar los gastos, recibir información objetiva, consultar los archivos, utilizar los servicios de que se disponga en la Confederación.
c). Ser representados y defendidos ante cualquier instancia, Administración Pública o privada, en todos los niveles y ámbitos territoriales o funcionales, por la Confederación.
d). Recurrir a los órganos de la Confederación en caso de conflicto.
2. Deberes:
a). Cumplir los Estatutos y las condiciones y modalidad, si se hubiera establecido, para la vinculación, adhesión o integración, así como la línea de acción sindical de la Confederación.
b). Asistir a las reuniones de los órganos de gobierno de la Confederación.
c). Participar activamente en cuantas tareas se organicen.
d). Aportar con puntualidad las cuotas establecidas.

Artículo 13
Medidas disciplinarias:
1. Los órganos de gobierno de la Confederación Intersindical podrán adoptar medidas disciplinarias aplicables a sus miembros, por incumplimiento de sus deberes o por la realización de actividades contrarias a los fines de la Confederación señalados en estos Estatutos.
2. Las medidas disciplinarias adoptables podrán ser: amonestación, suspensión temporal de derechos de los miembros y expulsión.
3. Antes de adoptar cualquier medida firme:
- se deberá abrir, por el órgano que pretenda adoptar la medida, un expediente, tramitado por la persona o personas designadas por dicho órgano,
- el miembro por sancionar deberá ser escuchado en el órgano que pretende adoptar la sanción.
4. Una vez hecha firme la medida disciplinaria y comunicada por escrito al miembro objeto de la misma:
- el sancionado podrá recurrir al órgano de gobierno superior al que adoptó la medida disciplinaria,
- habiendo recurrido al órgano superior y habiendo adoptado este una decisión, el sancionado podrá recurrir a la Comisión de Garantías, cuya decisión será recurrible ante el Congreso Confederal.
5. Los órganos de gobierno inferiores, ante una decisión –sobre la medida disciplinaria por ellos tomada- que adopte un órgano de gobierno superior, y con la que estén en desacuerdo, podrán asimismo recurrir a la Comisión de Garantías, cuya decisión será inapelable.
6. El proceso de adopción de la medida disciplinaria deberá estar finalizado como máximo a los sesenta días contados desde la apertura del expediente, salvo que se recurra al Congreso Confederal.
7. La decisión de la Comisión de Garantías podrá ser recurrida por el miembro sancionado o por los órganos de la Confederación ante los Tribunales de Justicia, a los que también será recurrible la decisión adoptada por el Congreso Confederal en su caso.
8. No obstante lo establecido en los puntos anteriores, el impago de cuotas u otro tipo de cotizaciones o el retraso en el pago de las mismas con posterioridad al último día del primer mes de cada trimestre natural supondrá automáticamente, y con carácter firme, la suspensión del derecho de votación en los órganos confederales; siempre que no hubiera existido acuerdo de los órganos confederales al objeto de flexibilizar el pago. La suspensión dejará de surtir efecto en el momento en que la cuota o cotización haya sido abonada o liquidada.
 

TÍTULO V - ÓRGANOS DE LA CONFEDERACIÓN

Artículo 14
1. Los órganos de gobierno de la Confederación son: Congreso Confederal, Pleno Confederal, y Secretariado Confederal.
2. La Confederación se dota además de Secretariados y Plenos sectoriales que podrán decidir en su ámbito.
3. En todos los Órganos de Gobierno de la Confederación se procurará una presencia equilibrada de hombres y mujeres.

Artículo 15
El Congreso Confederal es el órgano máximo deliberante y decisorio de la Confederación Intersindical, pudiendo ser ordinario y extraordinario. El Congreso Ordinario se convocará por el Pleno Confederal, como mínimo cada cuatro años, al menos con tres meses de antelación.

Artículo 16
El Congreso Extraordinario se convocará por decisión del Pleno Confederal o por este a petición de un tercio de los sindicatos, federaciones y confederaciones miembro. En ambos casos el Pleno Confederal dispondrá de quince días para convocar el Congreso Extraordinario, cuya convocatoria deberá comunicarse a todos los miembros con un mes de anticipación como mínimo. En la solicitud de Congreso Confederal Extraordinario habrá de figurar la razón de la convocatoria del mismo.

Artículo 17
Serán funciones del Congreso Confederal:
1. Aprobar o modificar los Estatutos de la Confederación.
2. Debatir y aprobar los grandes ejes de Acción Sindical.
3. Aprobar los criterios de funcionamiento económico y de establecimiento de cuota, así como supervisar el control financiero.
4. Ratificar, mediante sufragio libre y secreto, a los miembros del Secretariado Confederal, propuestos por los sindicatos que representen.
5. Elegir y/o ratificar a los miembros de la Comisión Técnica que ha de ejecutar los acuerdos confederales entre congreso y congreso. Esta competencia sería ejercida por el Pleno Confederal en los periodos intercongresuales.
6. Elegir, mediante sufragio libre y secreto, la Comisión de Garantías.
7. Fijar los criterios de composición del Pleno Confederal.
8. Aportar medidas disciplinarias, si lo estima conveniente, y resolver recursos, si se le plantean.
9. Decidir sobre la creación de sectores estructurados autónomamente. 
10. Decidir sobre la vinculación, adhesión o integración de sindicatos, federaciones o confederaciones que soliciten formar parte de la Confederación, con la modalidad y condiciones específicas si así se establecieran.
11. Decidir sobre la vinculación, adhesión o integración de la Confederación en las organizaciones señaladas en el Artículo 3, así como decidir sobre la formación de coaliciones con otras organizaciones sindicales. En aquellos casos que no supongan modificación del régimen jurídico de la Confederación, esta competencia podría ser ejercida por el Pleno Confederal en los periodos intercongresuales.
12. Decidir sobre la disolución de la Confederación, de acuerdo con lo establecido en los artículos correspondientes de los presentes estatutos.
13. Otorgar los poderes de representación y Poderes Generales para Pleitos previstos en los artículos correspondientes de los presentes estatutos. Asimismo, le corresponderá revocar todos los poderes otorgados.

Artículo 18
El Pleno Confederal es el máximo órgano de gestión, administración, gobierno, representación y decisión de la Confederación entre Congresos.

Artículo 19
El Pleno Confederal estará compuesto por los miembros representantes de los sindicatos, federaciones y confederaciones integrados, adheridos o vinculados a la Confederación, de acuerdo con la siguiente tabla de proporcionalidad:
- hasta 250 cotizantes, 1 miembro
- hasta 500 cotizantes, 2 miembros
- hasta 1.000 cotizantes, 3 miembros
Por cada 500 cotizantes o fracción, a partir de 1.000, un miembro más del Pleno.
Serán también miembros del Pleno Confederal los miembros del Secretariado Confederal, los de la Comisión Técnica (con voz y sin voto). A los Plenos Confederales podrán asistir con voz pero sin voto los afiliados de cualquier sindicato miembro.
Los distintos miembros de la Confederación Intersindical procurarán que su delegación sea representativa de su realidad de género y multisectorial.

Artículo 20
El Pleno Confederal se reunirá como mínimo una vez al año, coincidiendo con el último trimestre del mismo, convocado por el Secretariado Confederal. Extraordinariamente se reunirá cuando el Secretariado Confederal lo considere oportuno o lo soliciten un tercio de los miembros del Pleno o un tercio de los sindicatos, federaciones o confederaciones que integran la Confederación Intersindical.

Artículo 21
Serán funciones del Pleno Confederal, como máximo órgano de decisión entre Congresos:
1. Convocar el Congreso Confederal.
2. Cumplir y hacer cumplir las directrices aprobadas por el Congreso.
3. Ratificar, mediante sufragio libre y secreto, a los miembros del Secretariado Confederal propuestos por los sindicatos a los que representen. Proponer el cese de todos o alguno de los miembros del Secretariado Confederal a sus sindicatos respectivos, atendiendo a los siguientes criterios:
a) La propuesta de cese de la totalidad de los miembros del Secretariado a sus respectivos sindicatos, federaciones o confederaciones requerirá una previa moción de censura aprobada por mayoría absoluta. En este caso, se procederá a la convocatoria de un Congreso Extraordinario.
b) La propuesta de cese individual de algún miembro del Secretariado se producirá por incumplimiento de sus deberes y tareas dentro de la Confederación o a petición propia.
En el caso de cese individual, la sustitución se realizará por el Pleno a propuesta de los sindicatos, procediéndose a la ratificación o elección, según corresponda.
c) En caso de desacuerdo entre el Pleno Confederal y el Sindicato, Federación o Confederación, el tema será dilucidado por la Comisión de Garantías. El dictamen de esta será inapelable para ambas partes.
d) Cada organización confederada podrá proponer la revocación o el cese de sus representantes para su ratificación por el Pleno.
4. Ratificar o no, a propuesta de los órganos confederales, mediante sufragio libre y secreto, a los componentes de la Comisión Técnica, así como los miembros de las comisiones que se decida crear.
5. Aprobar los presupuestos y adaptar las cuotas de los miembros de la Confederación. Aprobar la adquisición y alquiler de bienes mobiliarios e inmobiliarios, concertación de préstamos y créditos bancarios... y todas aquellas facultades en el sentido más amplio que sena necesarias para asegurar el funcionamiento regular de la Confederación.
6. Modificar los Estatutos en periodo entre Congresos, si bien sólo podrá realizar modificaciones obligadas por imposición o normativa legal.
7. Decidir sobre la creación de sectores estructurados autónomamente
8. Decidir sobre la vinculación, adhesión o integración de sindicatos, federaciones o confederaciones que soliciten formar parte de la Confederación Intersindical, con la modalidad y condiciones específicas si se establecieran y sobre la vinculación, adhesión o integración de la Confederación en las organizaciones señaladas en el Artículo 3, así como decidir sobre la formación de coaliciones con otras organizaciones sindicales siempre que ello no suponga modificación del régimen jurídico de la Confederación.
9. Adoptar medidas disciplinarias, si lo estima conveniente, y resolver recursos, si se le plantean.
10. Otorgar y revocar los Poderes de Representación y Poderes Generales para Pleitos previstos en los artículos correspondientes de los presentes estatutos, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el Pleno. Es competencia asimismo del Pleno Confederal la decisión sobre las condiciones de vinculación, adhesión o integración de nuevos miembros en la Confederación, así como las cartas de relaciones que puedan establecerse.

Artículo 22
Funcionamiento del Pleno Confederal:
1. Será convocado por el Secretariado Confederal en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda convocatoria. Quedará constituido en primera convocatoria si están presentes la mitad más uno de sus miembros y al menos dos tercios de los sindicatos, y en segunda convocatoria si están presentes la mitad más uno de sus miembros y un tercio de los sindicatos confederados.
2. El Secretariado propondrá al Pleno una Mesa formada por tres personas, que desempeñarán las tareas de presidencia, moderación y secretaría.
3. La Presidencia y la Secretaría deberán ser ocupadas, preferentemente, por miembros del Secretariado o de la Comisión Técnica. El moderador o moderadora se elegirá de entre las personas miembros de las diferentes delegaciones de las diferentes organizaciones de la Confederación confederados por turno rotatorio.
4. El Pleno aceptará o rechazará la Mesa propuesta; de rechazarla, el Secretariado propondrá otra en su lugar.
5. La Mesa tendrá por función dirigir los debates, someter a votación los temas a decidir, y dirigir y ordenar la marcha del proceso de trabajo. Tendrá todo tipo de atribuciones para el cumplimiento de sus funciones. Podrá ser revocada por la mitad más uno de los miembros del Pleno, procediéndose en tal caso a la elección de una nueva Mesa.
6. Al principio de la sesión se acordará por mayoría simple la hora de finalización de la reunión, no pudiéndose realizar votación alguna después de dicha hora de finalización.

Artículo 23
Las decisiones del Pleno Confederal son adoptadas por mayoría simple, excepto si hubiera una mayoría de abstenciones. En este caso se volverá a discutir el tema y en segunda votación será suficiente la mayoría de votos afirmativos sobre los negativos.

Artículo 24
El Secretariado Confederal es el órgano de gestión, administración, gobierno, representación y decisión de la Confederación entre Plenos Confederales, siendo a su vez el órgano encargado de llevar a cabo los acuerdos tomados por el Pleno Confederal. Es responsabilidad del Secretariado Confederal:
1. El registro y documentación de las Organizaciones miembros de la Confederación.
2. Representar a la Confederación. Si el Pleno designase una Comisión específica para representar a la Confederación, será esta la que realice su labor de representación.
3. La dirección y coordinación de las Áreas de Trabajo, así como de las comisiones o Secretarías que pudieran crearse.
4. La ejecución de lo acordado por el Pleno Confederal.
5. La convocatoria del Pleno Confederal.
6. Informar a los Sindicatos, Federaciones y Confederaciones miembros de los temas de interés sindical.
7. La elaboración de propuestas para su discusión. Recogida y debate de las propuestas hechas por Las diferentes organizaciones de la Confederación.
8. La propuesta al Pleno de medidas disciplinarias si lo estima conveniente.
9. Decidir en los temas cuya urgencia o importancia requieran una respuesta inmediata, debiendo informar a todos los miembros de la Confederación, de la cual el Pleno Confederal posterior ratificará o no tal decisión. Dicha decisión deberá atenerse siempre a los acuerdos adoptados por Plenos Confederales anteriores, en caso de que los hubiese.
10. Proponer al Pleno los miembros de la Comisión Técnica y comisiones negociadoras.
11. Los integrantes del Secretariado Confederal serán miembros de pleno derecho de los Congresos Confederales.
12. Otorgar y revocar los Poderes Generales para Pleitos previstos en los artículos correspondientes de los presentes estatutos.

Artículo 25
Para mejorar la operatividad de los Secretariados y Plenos Confederales:
1. Se establecerá un reglamento de funcionamiento de los mismos, que desarrollo su marco estatutario y que contemple calendario, constitución, orden del día, mesa, ordenación de los debates, reparto y uso de los tiempos, preparación y documentación previa, establecimiento de comisiones en su seno, etc.
2. Podrán celebrarse sesiones específicas entre sindicatos que tengan en común algún tipo de problemática concreta, previo conocimiento del Secretariado Confederal e informando con posterioridad de las discusiones habidas y acuerdos alcanzados.

Artículo 26
Formarán parte del Secretariado:
1. Por afiliación:
Una persona por cada organización confederada, de 1 hasta 1.000 afiliados/afiliadas.
Dos personas, de 1.001 a 2.000 afiliados/afiliadas.
Tres personas, de 2.001 a 3.001 afiliados/afiliadas.
Cuatro personas, de 3.001 afiliados/afiliadas en adelante.
Cada organización confederada podrá designar tantos miembros suplentes como titulares le correspondan en el Secretariado Confederal según lo previsto en el párrafo correspondiente del presente punto. Los suplentes tendrán las mismas atribuciones que los titulares cuando sustituyan a estos últimos. La designación de los miembros suplentes se hará en los mismos términos y con las mismas garantías que la de los titulares.
2. Los distintos miembros confederados en la Confederación Intersindical procurarán que en la medida de posible que las personas elegidas para el Secretariado confederal representen de su realidad de género y multisectorial. Los miembros de la Comisión Técnica, con voz pero sin voto.
3. Será causa de baja en el Secretariado la no asistencia de uno de sus miembros a tres sesiones consecutivas en las reuniones ordinarias o a seis no consecutivas en el plazo de un año. La baja también se podrá producir a petición propia.

Artículo 27
El Secretariado se reunirá ordinariamente una vez al trimestre y extraordinariamente cuantas veces sea necesario, convocado por la Comisión Técnica o por un tercio de los miembros del mismo Secretariado.

Artículo 28
Funcionamiento del Secretariado:
1. Quedará constituido en primera o segunda convocatoria (media hora más tarde), si están presentes la mitad más uno de sus miembros.
2. Las reuniones serán presididas por Presidencia y Secretaría, que serán propios miembros del Secretariado o de la Comisión Técnica.
3. Las decisiones del Secretariado son adoptadas por mayoría simple de los presentes.
4. Al principio de la sesión de acordará, por mayoría simple, la hora de finalización, no pudiendo tener lugar votación alguna después de dicha hora.

Artículo 29
Incompatibilidades. No podrán formar parte del Secretariado Confederal las personas afiliadas que mantengan una doble afiliación sindical ni los altos cargos de la Administración Pública u organizaciones empresariales, así como quienes sean representantes públicos o miembros de los comités ejecutivos o centros de dirección de los partidos políticos.

Artículo 30
1. La Confederación Intersindical se dotará de una Comisión Técnica dependiente del Secretariado Confederal, cuya tarea principal serán las funciones de coordinación y representación. Sus miembros no son elegidos de entre los componentes del Secretariado.
2. Las personas miembros de la Comisión Técnica lo son asimismo tanto del Secretariado como del Pleno Confederales, a cuyas sesiones asistirán con voz pero sin voto. Las personas de la Comisión Técnica no podrán ostentar en el Secretariado representación formal de sindicato o sector alguno.
3. La elección de las personas que componen la Comisión Técnica corresponde al Pleno Confederal. El Secretariado Confederal indicará el perfil necesario para cubrir los puestos vacantes en la Comisión Técnica. Los sindicatos propondrán para dichos puestos a aquellas personas de entre sus afiliados que respondan a los perfiles indicados. Además, formarán parte de la Comisión Técnica las personas que ocasionalmente apoyen tareas centrales de la confederación.
4. Los miembros de la Comisión Técnica podrán ser revocados por el Pleno Confederal.
Serán funciones de la Comisión Técnica:
1. Realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados por el Secretariado.
2. Representar a la Confederación en ausencia del Secretariado o de la Comisión Específica, si el Pleno la hubiese designado.
3. Formar parte de la Mesa del Pleno y del Secretariado.
4. Realizar las tareas que le encomiende el Pleno o el Secretariado entre las que se encontrarán las siguientes:
a). Elaboración de estudios y documentos de información, comparación y análisis.
b). Archivo y canalización hacia las diferentes organizaciones de la Confederación de toda la información recibida.
c). Elaboración de las actas de los distintos órganos confederales.
d). Convocatoria de las reuniones de los distintos órganos confederales.

Artículo 31
1. La soberanía de cada 0rganización confederada es absoluta para determinar su acción sindical específica; para los temas que vinculen a varios territorios serán Las diferentes organizaciones de la Confederación incluidos en ese ámbito los que determinen su acción sindical.
2. A tal efecto, las diferentes organizaciones de la Confederación implicados se reunirán autónomamente cuando consideren oportuno y tomarán las decisiones que consideren precisas, siendo preceptiva la elevación de un informe al Secretariado Confederal.
3. La firma de acuerdos que afecten al conjunto de la Confederación con la Administración o la Patronal en ningún caso podrá realizarse sin la aprobación previa de los órganos confederales, basada en el respeto al funcionamiento asambleario fijado en estos Estatutos.

Artículo 32
La Confederación podrá constituir Secciones Sindicales de distinto ámbito territorial o funcional, conforme a la legislación vigente.
 

TÍTULO VI - SECTORES ESPECÍFICOS

Artículo 33
La Confederación Intersindical tiene una estructura territorial representativa de la realidad plurinacional del Estado. No obstante con carácter funcional podrá crear sectores estructurados por ámbitos laborales. 
Los sectores tendrán capacidad para autodenominarse, decidir su acción sindical específica y organización interna, en el marco de los acuerdos tomados por los órganos confederales intersectoriales, Congreso y Pleno.

Artículo 34
Los órganos sectoriales tendrán una estructura de base territorial. La representación en ellos será proporcional a la afiliación territorial de cada sector. Como mínimo, los sectores deberán dotarse de un Plenario. En todo caso cada organización territorial tendrá derecho al menos a dos representantes en los plenarios de sector.
Corresponde al plenario del sector:
a). Establecer la línea de acción sindical específica en el marco de acción sindical definido por el Pleno Confederal de la Intersindical.
b). Decidir acerca de los procesos negociadores en que se vea incurso el sector, respetando en todo caso el carácter asambleario que define a la organización
c). Elaborar enmiendas para los congresos confederales.
Representantes de los sectores podrán asistir a las reuniones del Secretariado Confederal.
Los órganos sectoriales se dotarán de reglamentos de funcionamiento.
A las reuniones de los órganos sectoriales podrán asistir los afiliados y afiliadas de cualquier sindicato de la Confederación de ese sector.

Artículo 35
La Confederación potenciará los Plenarios subsectoriales cuando así lo solicitasen los órganos sectoriales competentes, como lugar de encuentro y debate en el que las diferentes organizaciones de la Confederación tratarán problemáticas subsectoriales específicas. Sus conclusiones y propuestas se remitirán a los órganos competentes de la Confederación Intersindical. 
Estos órganos tienen la misión de elevar propuestas de trabajo y orientaciones sobre la acción sindical concreta a los órganos de gobierno de la Confederación. Tienen carácter deliberante, consultivo y de elaboración de propuestas. Se reunirán cuando las circunstancias así lo exijan y serán convocados por el Secretariado confederal. 
 

TÍTULO VII - ORGANIZACIÓN DE MUJERES

Artículo 36
1. Los sindicatos, federaciones y confederaciones confederados deberán garantizar el derecho de las mujeres a organizarse en secretarías o áreas de mujeres, donde se aborde la problemática específica del campo laboral y social, donde promover iniciativas que hagan avanzar al conjunto de los sindicatos en la asunción de una línea sindical desde una óptica feminista, donde se impulse el estudio y la reflexión en la búsqueda de alternativas en situaciones concretas, como en el panorama social en general, orientadas a la erradicación del sexismo y a la lucha por la igualdad.
2. La Organización de Mujeres estará constituida por el conjunto de las secretarías o áreas de la mujer existentes en cada organización de la Confederación Intersindical y las mujeres que pertenezcan a la Comisión Técnica. Para desarrollar el trabajo confederal se reunirá la Comisión de la Organización, formada por una mujer de cada sindicato, una mujer de la Comisión Técnica y la representante en el Secretariado Confederal, que a su vez será la representante de la Organización de Mujeres de la Confederación.
3. Será la Organización de mujeres quien proponga la forma de coordinación, con la elaboración de un reglamento de funcionamiento propio, así como la planificación y desarrollo del trabajo, que serán conocidos por todos y cada uno de Las diferentes organizaciones de la Confederación y ratificados en el Pleno Confederal.
4. La Comisión de la Organización de Mujeres se reunirá al menos tres veces al año.
5. La representante en el Secretariado Confederal será propuesta por la Organización de Mujeres y ratificada por el Pleno Confederal.
6. Dentro del Secretariado Confederal existirá un área de trabajo específico.
7. La Organización de Mujeres podrá presentar enmiendas como tal a las ponencias del Congreso Confederal.
 

TÍTULO VIII - COMISIÓN DE GARANTÍAS

Artículo 37
1. La Comisión de Garantías estará formada por siete miembros elegidos, mediante sufragio libre y secreto, por el Congreso o en su defecto por el Pleno Confederal, en ambos casos por mayoría de 4/5 partes de sus miembros, sin que aquellos puedan forman parte de los órganos de gobierno de la Confederación y/o de los órganos nacionales de los diferentes sindicatos, federaciones y confederaciones que forman parte de la Confederación.
2. La Comisión de Garantías se constituirá con los mismos criterios de paridad que se establezcan para todos los órganos confederales. En casos de conflictos que afecten a cuestiones de género consultará con la Organización de Mujeres para tomar sus decisiones.
3. Podrá introducir en el Orden del Día de las reuniones del Secretariado y/o del Pleno los puntos que estime oportunos. 
4. Sus funciones serán:
a) Atender cualquier reclamación o recurso de miembros u órganos de la Confederación contra acuerdos o actuaciones de cualquier otro miembro u órgano.
b) Dictaminar, en caso de que se recurra a la misma, según lo establecido en el artículo correspondiente de los presentes estatutos. 
5. Las decisiones de la Comisión de Garantías se ajustarán a derecho, para lo que solicitará el asesoramiento jurídico oportuno.
 

TÍTULO IX - RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 38
El Congreso, o en su defecto el Pleno Confederal, aprobará la Carta Económica, que recogerá los criterios de organización económica y financiera de la Confederación Intersindical.

Artículo 39
La Confederación Intersindical no cuenta con patrimonio fundacional. Se financiará con los recursos provenientes de la cuota de sus miembros, que será fijada por el Congreso o Pleno Confederal de acuerdo con los criterios establecidos en la Carta Económica. Podrá dotarse, asimismo, de recursos obtenidos de acuerdo a la legalidad vigente. Igualmente podrá solicitar y percibir subvenciones, ayudas o fondos legalmente establecidos.

Artículo 40
Existirá un Libro de Contabilidad, al que tendrán acceso libre –y sobre el que podrá pedirse cualquier tipo de explicaciones- cualquier sindicato, federación o confederación integrante de la Confederación Intersindical o cualquier miembro del Pleno Confederal.

Artículo 41
El destino de los recursos económicos de la Confederación, que es organización sin ánimo de lucro, será financiar los gastos derivados de su propio funcionamiento y actividad como organización sindical.
 

TÍTULO X - LIBRO DE ACTAS. REPRESENTACIÓN A EFECTOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES

Artículo 42.
Actas:
1. Existirá un Libro de Actas en el que necesariamente se vaya levantando acta de las sesiones del Congreso, del Secretariado Confederal, del Pleno Confederal y de los órganos sectoriales constituidos.
2. Las actas que se levanten de las sesiones serán aprobadas, por mayoría simple, en la misma sesión de la que se levante acta o en posterior sesión.
3. Las actas de las sesiones serán firmadas por la persona que actúe de Secretario o Secretaria, con el visto bueno de la persona que ejerza la Presidencia.

Artículo 43
La representación de la Confederación a efectos legales, administrativos y judiciales la ostentarán los miembros del Secretariado y de la Comisión Técnica y cualquier otra persona, además de las anteriores, designada por el Congreso o Pleno Confederales.

Artículo 44
La representación de la Confederación será otorgada a las personas señaladas en el artículo anterior ante Notario, en las condiciones y con las características determinadas por el órgano que la otorgue.

Artículo 45
Las certificaciones de acuerdos adoptados por el Congreso, el Pleno o el Secretariado Confederales serán expedidas por quienes actúen como miembros de la Secretaría y Presidencia de la sesión del órgano en que se adoptaron los acuerdos, o bien serán expedidos por el miembro o miembros autorizados designados por el Secretariado Confederal al inicio de cada año.
 

TÍTULO XI - PERMANENTES SINDICALES

Artículo 46
1. Las permanentes sindicales confederales son aquellos cupos de liberaciones para trabajar en la Confederación que obtenemos directamente como Confederación Intersindical de las administraciones públicas o de las patronales; también tienen esta consideración los cupos de liberaciones que las diferentes organizaciones de la Confederación puedan traspasar a la Confederación Intersindical para trabajar en tareas confederales.
2. Los miembros de la Comisión Técnica y del Secretariado Confederal que designe el Congreso o el Pleno Confederal dispondrán de permiso sindical para desempeñar las tareas centrales de la Confederación y aquellas otras que les puedan encargar el Pleno o el Secretariado Confederales.
3. El tiempo mínimo de liberación será de un año. Terminado el mismo la persona liberada podrá presentar su dimisión, que se aceptará de forma automática.
4. La renovación o no de las permanentes sindicales que trabajen en tareas confederales se decidirá anualmente por el Pleno Confederal a propuesta del Secretariado, previo informe del trabajo realizado. El Congreso o en su defecto el Pleno Confederal determinará los sectores, subsectores y áreas de trabajo a los que habrá que dedicar cupos de trabajo confederal. Podrán asignarse a las organizaciones confederadas que lo soliciten, previa presentación de una memoria justificativa de la demanda que incluya los planes de trabajo a los que se van a dedicar. Para su prórroga deberá presentarse una nueva memoria que incluya las actividades realizadas, para su evaluación por parte de los órganos confederales, que garantizarán, en todo momento, el adecuado seguimiento de la asignación.
 

TÍTULO XII - MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS Y DISOLUCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN

Artículo 47
Los Estatutos serán modificados por el Congreso. El Pleno Confederal podrá modificarlos en el caso previsto en los artículos correspondientes de los presentes estatutos.

Artículo 48
La Confederación Intersindical podrá disolverse si así se decidiera. La decisión pertinente será adoptada por un Congreso Extraordinario siempre que voten favorablemente 2/3 de los delegados/as del Congreso que representen a su vez a 2/3 de la afiliación de las organizaciones miembros de la Confederación. A dicho Congreso se asistirá con criterios de proporcionalidad en función del número de cotizantes.
En este Congreso se decidirá por mayoría simple el destino de los bienes y patrimonio de la Confederación. Asimismo designará la Comisión liquidadora que ejecutará la decisión congresual.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Los sectores que se configuren en la Confederación Intersindical provenientes de la antigua Confederación de STEs y del Sindicato Ferroviario mantendrán su personalidad jurídica. Esta Disposición será revisada en el próximo Congreso.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Sin perjuicio de lo establecido en los presentes estatutos, en un mismo territorio y transitoriamente podrán coexistir dos o más organizaciones pertenecientes a la Confederacion, siempre que estas organizaciones sean de ámbitos distintos, manifiesten su voluntad de convergencia y se pongan de acuerdo para fijar su representación territorial en los órganos confederales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

La Confederación Intersindical es miembro fundacional de la Internacional de la Educación.

DISPOSICIÓN FINAL

El catalán, gallego, euskera, castellano y asturiano serán todas lenguas oficiales de la Confederación Intersindical.

 

 
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Carta Económica

 

La Carta Económica se redacta sobre la aprobada en el VIII Congreso. Las modificaciones y / o adiciones aparecen subrayadas en el presente documento.]

0.- OBJETIVOS.

a) Mantener la estructura organizativa de la Confederación y garantizar el funcionamiento de sus órganos. 
b) Posibilitar la pertenencia a estructuras o plataformas supranacionales, por mandato estatutario o por decisión orgánica.
c) Consolidar y expandir nuestro modelo sindical en aquellos ámbitos donde estatutariamente se decida.
d) Desarrollar actividades en consonancia con el carácter socio-político de la Confederación.
e) Garantizar la solidaridad entre los diferentes sindicatos confederados que minore los posibles desequilibrios territoriales en la acción sindical.

1. CRITERIOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN ECONÓMICA.

a) La Confederación de STEs, en cumplimiento de la legislación fiscal vigente, tendrá un plan de cuentas adaptado al Plan General Contable. En el citado plan de cuentas se registrarán los ingresos y los gastos, así como el estado patrimonial de la Confederación.
b) La gestión económica de la Confederación corresponde al Secretariado Confederal, que podrá delegar sus funciones en un equipo de trabajo formado por, al menos, un miembro del Secretariado Confederal, que será el responsable de finanzas, y una persona de la Comisión Técnica.
c) El Secretariado presentará para su aprobación por el Pleno Confederal, el balance de ingresos y gastos realizados durante el año anterior, que podrá ir acompañado de un informe más detallado que analice cada una de las partidas y oriente la planificación presupuestaria futura.
d) El presupuesto anual, incluida la actualización de las cuotas de afiliación, será igualmente aprobado por el Pleno Confederal a propuesta del Secretariado Confederal. Las posibles modificaciones del mismo deberán, asimismo, ser aprobadas por el Pleno Confederal a propuesta del Secretariado Confederal.
e) El presupuesto debe recoger el superávit del año anterior, si lo hubiere, que pasará a formar parte de un Fondo de Reserva.
f) Ordinariamente, el presupuesto contemplará igualmente un Fondo de Elecciones, con destino finalista.
g) Ambos fondos, de reserva y de elecciones, figurarán dentro del presupuesto en la partida de ingresos y gastos correspondientes.
h) El déficit del año anterior, si lo hubiere, así como los posibles acumulados de otros ejercicios, serán especificados en el presupuesto con el objetivo de proveer los recursos suficientes para ser enjugados.
i) La Confederación de STEs-Intersindical tendrá tantas cuentas bancarias como estime oportuno. Así mismo, podrá realiza las actividades económicas que estime oportunas, si las mismas son aprobadas por el Pleno Confederal o, en su caso, por el Secretariado Confederal cuando no suponga incremento de gasto o variación patrimonial, y siempre previo informe del responsable de economía.

2. DE LOS INGRESOS Y SU DISTRIBUCIÓN.

La Confederación de STEs contará con los siguientes ingresos:
1.- Las cuotas de afiliación de los STEs confederados, que deberán ser actualizadas y aprobadas con cada presupuesto anual e ingresadas en las cuentas de la Confederación a lo largo del primer mes del semestre correspondiente.
2.- Las cuotas que se fijen en cada caso para los Sindicatos que tengan establecida carta de relaciones.
3.- Las subvenciones públicas concedidas a la Confederación de STEs-i para financiar su acción sindical, su presencia institucional o actividades concretas en ámbitos territoriales superiores al de cada uno de los sindicatos confederados.
4.- Las subvenciones concedidas por suma de representatividad de cada uno de los sindicatos miembros, que serán repartidas parcial o totalmente por acuerdo del Pleno Confederal entre éstos en proporción a la representatividad obtenida por cada uno de ellos.
5.- Los remanentes de las actividades de formación y similares que se organicen por el Secretariado Confederal, si los hubiere.
6.- Las posibles donaciones, que serán gestionadas por el Secretariado Confederal, una vez hayan sido aceptadas por el Pleno Confederal, salvo las que se produzcan a beneficio de inventario, en cuyo caso podrán ser aceptadas directamente por el Secretariado.
7.- Los ingresos que se deriven de los servicios prestados por la Confederación o bien por la venta de distintos productos diseñados para financiar campañas tanto de acción sindical como electorales.
8.- Las rentas, intereses o beneficios de capital provenientes de las actividades económicas que, de acuerdo con la legislación vigente, pueda realizar la Confederación de STEs-i como organización sindical.
9.- Los ingresos o compensaciones de gastos provenientes de la actividad del Secretariado Confederal o de las personas que actúen en representación de la Confederación de STEs-i.

3. CUOTA CONFEDERAL.

a) El Secretariado propondrá anualmente al Pleno Confederal las cuotas necesarias para cubrir los gastos previstos en el presupuesto correspondiente y, en su caso, enjugar el posible déficit del ejercicio anterior, que no podrá ser cubierto a cargo de fondos de reserva específicos para otros gastos.
b) La cuota se revisará y actualizará con carácter anual en una cuantía nunca inferior a la revisión del IPC, con el firme objetivo de incrementar paulatinamente el peso porcentual de las cuotas por afiliación en el total de los ingresos confederales ordinarios.
c) El ingreso de la cuota se realizará en sendos pagos semestrales (dentro del primer mes del semestre) a fin de evitar gastos de gestión innecesarios y garantizar la necesaria liquidez financiera confederal. 
d) En aquellos casos en que alguno de los sindicatos confederados no pudiera coyunturalmente afrontar con puntualidad sus obligaciones de pago con la Confederación, habrá de comunicarlo por escrito a los órganos de la misma para consensuar y temporalizar los mecanismos de liquidación de dicha deuda.
e) El incumplimiento continuado de las obligaciones en la cotización de las cuotas, generará limitaciones en el pleno derecho de participación en los órganos y las actividades confederales que se determinarán en los correspondientes reglamentos orgánicos.
f) El Pleno podrá aprobar cuotas extraordinarias cuando se justifiquen por urgencias de equipamiento o de satisfacción de gastos extraordinarios, quedando expresamente excluidas las razones derivadas de la gestión de los gastos ordinarios.
g) Para aquellos sindicatos que soliciten integrarse en las estructuras de la Confederación de STEs-i, se arbitrarán mecanismos de carácter transitorio que favorezcan el cumplimiento de sus obligaciones respecto al ingreso de la cuota confederal. 

4. DE LOS GASTOS Y SU ASIGNACIÓN.

Los gastos que, salvo modificación por parte del pleno confederal, como mínimo se han de atender desde el presupuesto confederal, serán los siguientes:
1.- Los gastos corrientes de mantenimiento, funcionamiento e infraestructuras de la sede confederal.
2.- Los gastos de organización e infraestructura de las actividades confederales.
3.- Las compensaciones económicas que se acuerden por el Pleno Confederal para cada uno de los miembros de la Comisión Técnica, según cada caso particular.
4.- Las cantidades que se establezcan para desplazamientos, comidas y pernoctas de las personas que sean miembros de los órganos confederales para asistir a reuniones de los mismos.
5.- Los desplazamientos, comidas y pernoctas con ocasión de acudir a reuniones o actividades en representación de la Confederación.
6.- Los desplazamientos, comidas y pernoctas para asistir a reuniones o actividades no orgánicas, siempre que sean expresamente aprobadas por el Secretariado Confederal, el Pleno Confederal o el Congreso de la Confederación.
7.- La asesoría jurídica y los costes derivados de los recursos y apelaciones a los Tribunales de Justicia que el Secretariado Confederal considere necesario interponer o efectuar.
8.- Las campañas confederales y actividades sociopolíticas realizadas por la Confederación o en las que decida colaborar, en su totalidad o en el porcentaje que determinen sus órganos.
9.- Las relaciones internacionales, tanto en lo que se refiere a cuotas como a participación en reuniones o actividades, conjuntas o bilaterales, con otras organizaciones sindicales.
10.- Las ayudas a los Sindicatos confederados para su consolidación y extensión, así como la reversión total o parcial por acuerdo del Pleno Confederal a los Sindicatos confederados de las subvenciones obtenidas por su representatividad.
11.- Las compensaciones que se establezcan para hacer frente a las situaciones derivadas de accidentes que se produzcan en desplazamientos para asistir a reuniones confederales o representando a la Confederación.
12.- Las inversiones o gastos ordinarios o extraordinarios aprobados por el Pleno Confederal a propuesta del Secretariado Confederal.
13.- El 1% del total de los ingresos, destinado a proyectos de solidaridad.
14.- El Fondo de Reserva, que se nutrirá del posible superávit que origine cada ejercicio. Este fondo estará dedicado prioritariamente a garantizar la solvencia económica de la Confederación de STEs-i en situaciones extremas o a la adquisición de patrimonio, pero nunca servirá para enjugar el déficit. Cuando éste exista, se dotará de una partida específica que permita enjugarlo.
15.- El Fondo de Elecciones, que tendrá una planificación cuatrienal.

5. CRITERIOS ECONÓMICOS DE GASTO.

Desde hace años, la Confederación de STEs-i viene aplicando unos criterios en el pago de dietas para asistencia a reuniones y actividades diversas, que establecen en algunos casos la corresponsabilidad en los gastos entre las arcas confederales y las de cada STE miembro. Dicha situación, cuyo planteamiento debería ser coyuntural, ha adquirido carta de naturaleza. 
Uno de los desafíos para las finanzas confederales es la asunción de dichos gastos en su totalidad, sin distinguir la modalidad de la actividad a realizar ni la situación geográfica o coyuntural de las personas asistentes. Ese objetivo sólo podrá ser afrontado a medio plazo y en virtud de un incremento de los ingresos que posibilite el correspondiente aumento en los gastos que supone, máxime en un momento en que la modificación de los órganos de la Confederación para garantizar una mayor participación sectorial hará necesarias más reuniones orgánicas al cabo del año.
1.- Gastos de Secretariados, Plenos y reuniones de áreas y de la Organización de Mujeres: Hasta que se alcance el objetivo de la asunción completa de los gastos por la Confederación, se revisarán y establecerán anualmente las dietas de kilometraje, alojamiento y manutención, del mismo modo que se hace con la cuota por afiliación.
2.- Igualmente, se revisarán anualmente las dietas, indemnizaciones y recursos materiales que serán dispuestos a disposición de quienes realicen tareas confederales o asistan a reuniones y actividades en representación de la Confederación de STEs-Intersindical. Por su especificidad, los gastos e indemnizaciones generadas por la Comisión Técnica serán revisados y cuando proceda actualizados también anualmente.
3.- Como compensación económica, los sindicatos cuyo territorio esté fuera de la península percibirán el importe íntegro del pasaje de vuelo contra entrega de justificante.
4.- En todos los casos, deberán cumplimentarse los estadillos correspondientes y entregarse las facturas y justificantes de gasto por los conceptos financiados.
5.- La asistencia a jornadas y escuelas sindicales serán financiadas por la Confederación. Con carácter general, y salvo que se determine otra cosa por los órganos confederales en cada actividad concreta, se garantizará la asistencia de medio pleno (confederal o sectorial, en su caso), entendiendo que todo gasto efectuado por encima de lo previsto (habitación individual, más días de alojamiento, abono de reservas no ocupadas…) realizado por una delegación será asumido por el sindicato correspondiente.
6.- La organización y asignación de recursos para estas actividades se realizará en colaboración con el sindicato anfitrión. Su realización siempre estará condicionada a la presentación y aprobación de un proyecto de presupuesto que especifique la disponibilidad de ingresos y la previsión de gastos, que incluirán igualmente los gastos de materiales a emplear. 
7.- En los viajes al extranjero se pagarán los gastos reales, tanto de desplazamiento como de manutención y alojamiento, siempre previo presentación de presupuesto de cada viaje al Secretariado Confederal.
8.- Los gastos por campañas y edición de materiales deberán expresar, previamente a su aprobación por el Secretariado Confederal, un presupuesto de costes, de forma que pueda determinarse la asunción en su totalidad o de forma parcial del gasto por las finanzas confederales.
9.- Todas las actividades reseñadas en los subepígrafes anteriores deben estar contempladas necesariamente en las Líneas Confederales que planifican la acción sindical anual y que son aprobadas por el primer Pleno Confederal del año, a propuesta de los responsables de cada sector, subsector, área o de la Organización de Mujeres. Toda actividad o iniciativa que no esté planificada y por tanto presupuestada previamente, será considerada extraordinaria, y en cada caso deberán plantearse los mecanismos de financiación y ejecución.

6. SOLIDARIDAD ENTRE SINDICATOS.

a) Dada la situación diversa y heterogénea en la implantación de nuestro modelo sindical en los distintos territorios donde está presente la Confederación de STEs-Intersindical, el presupuesto contemplará una partida destinada a la concesión de ayudas económicas de carácter anual a aquellos sindicatos que lo soliciten tanto para la extensión como para la consolidación de la acción sindical desde el punto de vista territorial como sectorial. 
b) Aquellos sindicatos que soliciten ayuda para su funcionamiento deberán presentar ante el primer Pleno Confederal del año solicitud fundamentada, acompañada del proyecto de presupuestos anual y balance económico del año anterior de su gestión económica.
c) Los sindicatos receptores se comprometen a ir disminuyendo la cuantía de su petición de forma que no se convierta en un subsidio permanente. Para ello, podrán solicitar la asesoría del área de finanzas confederal con el fin de arbitrar planes conjuntos con dicho fin, en busca de la necesaria solidez financiera.
d) Para ser efectiva, la ayuda concedida habrá de ser librada al sindicato receptor a la mayor brevedad, y a ser posible de una sola vez.
e) La concesión de esta ayuda económica puede ir acompañada en cada caso, si así lo estima el pleno, de la exención parcial o total en determinados gastos relativos a la edición y remisión de materiales confederales, e incluso al abono íntegro de los gastos de desplazamiento y pernocta a reuniones y actividades de la Confederación. En ningún caso dicha exención exonerará del pago de la cuota por afiliación. 

7. DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Los criterios que marca la presente Carta Económica serán de aplicación a partir del 1 de Enero de 2008.

 
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Ponencia de Política Sindical
UNA ALTERNATIVA SINDICAL

 

1. MARCO SOCIOPOLÍTICO

1.1. La globalización desbocada.

El capitalismo demuestra cada día más su ineficacia en conseguir satisfacer las necesidades de los habitantes del planeta. Si durante la década de los 60 ante la situación de guerra fría sus presupuestos fueron más moderados, cediendo parte de sus beneficios por medio de la aplicación de las teorías keynesianas, durante la década de los 80 va sacando su faz más neoliberal hasta que, desde la década de los 90, se consolidan como dominantes las tendencias más depredadoras que buscan el máximo aumento de beneficios al capital sin tener en cuenta ningún otro factor.
Este carácter depredador se acentúa con una globalización económica que se aprovecha de los huecos legales, ya que la legislación avanza mucho más despacio que el desarrollo económico, para aumentar esta búsqueda del beneficio a pesar de los eufemísticamente denominados costes sociales. El caso de Delphi es paradigmático: la empresa recibe dinero público para sus infraestructuras y cuando decide cambiar su ubicación para ahorrar costes, despide a toda la plantilla, cierra la fábrica, traslada las infraestructuras a lugares en los que poder obtener más productividad… y seguro que recibirá nuevas subvenciones del país en el que se ubique. 
Los procesos de globalización se extienden por todo el mundo y elevan los lugares de toma de decisión de nuestras vidas fuera de los marcos estatales, haciendo cada vez más difíciles las luchas reivindicativas dentro del marco de cada Estado. Las superestructuras económicas y políticas (Organización Mundial del Comercio, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Unión Europea, OCDE, G-8, etc.) crean marcos más complejos que obligan a las y los trabajadores a pensar en marcos de lucha internacional para poder desarrollar sus aspiraciones.
La globalización se extiende a todos los ámbitos económicos y a todos los territorios del mundo y, mientras tanto, los movimientos antiglobalización a la vez que denunciamos las consecuencias de esta salvaje globalización económica, discutimos si el poder esta hoy en manos de las instituciones económicas y los poderes políticos han perdido capacidad de decisión, si el poder está en manos de un solo estado (EE.UU.) o si el poder está en manos de un grupo de personas que son las que realmente dirigen el mundo, disfrazando sus resoluciones por medio de estas instituciones económicas que controlan absolutamente. 
Sea quién sea quién realmente ostente el poder, la resistencia ante estos procesos ha de ser global, pero en estos momentos falta por parte de la izquierda una clarificación sobre cual ha de ser el objetivo de esa resistencia. Desde los planteamientos de vuelta de los focos de decisión a los marcos estatales a la creación de una U.E. fuerte con otro carácter, desde la negación de los procesos de globalización a la posibilidad de controlar éstos favoreciendo una globalización más humana, la izquierda antiglobalizadora esta inmersa en un debate que tiene posiciones claras contra el capitalismo neoliberal pero no sobre sus definitivos objetivos. 
La distancia entre países pobres y países ricos aumenta, al mismo tiempo que lo hacen las diferencias sociales entre los ricos y los pobres. El empobrecimiento de los países pobres es cada vez más acuciante por real.
La situación de lo que denominamos "tercer mundo" es cada vez más crítica al tiempo que se generan núcleos de pobreza somera dentro del mundo desarrollado que se conoce como "cuarto mundo", incluso en el centro mismo del poder económico como es el caso de los USA, donde la sanidad y la educación no tienen concepto de derecho universal, aumentando la marginalidad entre las minorías étnicas y entre las personas que no encuentran su hueco en el sistema.
Grupos de personas empobrecidas por la aplicación de las políticas neoliberales se ven obligadas a emprender el camino de la emigración, a los estados que al tiempo que les empobrecen les rechazan generando situaciones de muerte y explotación económica y sexual en manos de mafias organizadas que ven en el tráfico de personas otra fuente de ingresos más rentable que los antiguos tráficos de drogas o armas.
En todo el mundo estos emigrantes son además usados como mano de obra barata que ocupa los puestos que los trabajadores de los países desarrollados no quieren ocupar, al tiempo que aumenta el ejército de reserva para disminuir los salarios de los trabajadores. 
El proceso globalizador avanza por medio de la OMC, privatizando bienes tan vitales como el agua, y servicios como la sanidad, la educación, los transportes, etc., aumentando la situación de pobreza eliminando servicios que algunos estados habían desarrollado como complemento a la renta salarial y producen tensas situaciones que en muchos casos acaban en motines sociales que se saldan con la represión por parte de los poderes nacionales con el apoyo de las instituciones financieras y de otros estados en la búsqueda de que los planes de ajuste que caen sobre la población sirvan para mantener el pago de la deuda externa que ahoga las posibilidades de mejora de estos países. 
El capitalismo neoliberal en su búsqueda de beneficios necesita exportar capitales a sectores no productivos que en muchos casos están saturados para la inversión y apuesta por la inversión en los servicios públicos, para lo que necesita que los países que han asumido estos desde la cobertura estatal los desregulen y privaticen, para ello necesitan que los estados pierdan poder para controlar sus propias políticas integrándose en instituciones o tratados supranacionales (U.E., ALCA, etc.) donde las decisiones se tomen fuera de los marcos estatales. 
En la Unión Europea la Directiva Bolskenstein ha quedado con una redacción totalmente ambigua, pues no aclara qué servicios deben estar protegidos de la privatización, lo que permitirá que cada gobierno actúe como mejor le parezca, o como más ingresos pueda obtener para nivelar su balance anual.

1.2. El imperio arrogante y la guerra permanente. 

Se veía venir desde hace tiempo, tras la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética, el apogeo de las doctrinas imperialistas y unilateralistas en los USA... y tras los salvajes atentados del 11 de septiembre, el imperio, el único imperio se ha vuelto más arrogante y ambicioso si cabe; siempre ha querido controlar la zona donde se producen los 2/3 de los hidrocarburos mundiales conocidos y sigue empeñado en conseguirlo, pese a la desastrosa política seguida en Irak, que está ocasionando una guerra civil en medio de una ocupación ilegal que, además, se está demostrando incapaz de conseguir la paz.
Esta nefasta política está ocasionando el crecimiento del terrorismo de corte islamista, el aumento de la inestabilidad política en toda la zona y una disminución de los derechos civiles en todo el mundo. Los USA no acatan la legalidad internacional, y uno de sus últimos ejemplos es la existencia de Guantánamo; aunque esto no es nuevo, hay que recordar, entre otras cuestiones, la no ratificación del Convenio de los Derechos del Niño (1989), ni la del Convenio sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (1979), ni el Protocolo que prohíbe la ejecución de menores (1989), su abandono del Tratado de Misiles Antibalísticos (2000), su no-adhesión al protocolo de armas químicas y biológicas (1995), su no ratificación del Protocolo de Kyoto, su no-adhesión a la Corte Penal Internacional y la consecución de la impunidad ante esta Corte para sus tropas, la violación de las normas de la OMC protegiendo a sus productores de acero, el mantenimiento de las leyes de extraterritorialidad (por las que sancionan en USA a quién comercie con Cuba, Irán y Libia)... y su institucionalización del terrorismo estatal con secuestros de personas, la carcel de Guantánamo…
La situación mundial real es la de la desestructuración total de las más importantes organizaciones internacionales (ONU, OTAN, UE...) por no plegarse absolutamente a los intereses de los USA; esperemos utópicamente que en su reconstrucción, unas, la ONU y la UE, se robustezcan democráticamente, y otra, la OTAN, desaparezca. Esto junto al sentimiento generalizado en la ciudadanía árabe de sentirse atacada para humillarles y robarles, mientras que se protege a los israelitas para que sigan machacando impunemente al pueblo palestino.
Los USA se han venido preparando en estos años para poder ser un imperio arrogante y así han ido aumentando su presupuesto militar hasta conseguir que sea mayor que la suma de los presupuestos militares de los ocho países que le siguen en el escalafón, han intervenido política y militarmente en diversos países del mundo sin consecuencias, chantajean a los gobiernos para que apoyen sus postulados. Ahora están embarcados en un "escudo antimisiles" que ha dado origen a una airada respuesta de Rusia, lo que viene a demostrar que "al imperio" le están saliendo competidores.
Puede que hayamos entrado en lo que alguien ha llamado "la era de la guerra perpetua", por la pretensión de los USA de gobernar el mundo y estar dispuestos a hacer la guerra para conseguirlo; Afganistán e Irak y las continuas advertencias a Irán; la situación de Palestina, de todo el Oriente Próximo de todo el continente africano, con la falta de democracia en la mayoría de sus países, no aportan elementos de futuro de carácter positivo a la evolución futura de la situación.
En Latinoamérica ha habido cambios importantes en los últimos años que, desde nuestra perspectiva, podemos calificar de positivos por la llegada democrática a diferentes países de gobiernos que se sitúan en el espectro de la izquierda y que están intentando sacar a estos pueblos del subdesarrollo y del hambre, devolviéndoles su dignidad como pueblos y alentando esperanzas en un futuro mejor. 

1.3. Marco político en el Estado español.

En la ponencia del VIII Congreso decíamos los últimos acontecimientos indican "que parece que van a dar un vuelco en poco tiempo a las preferencias de la ciudadanía y, por tanto a la composición política de ayuntamientos y de gobiernos de comunidades y, dentro de un año, al gobierno del Estado y a nuestra representación en Europa" y así fue, los partidos situados teóricamente en la izquierda consiguieron primero la victoria en las elecciones locales y, después en las generales. 
El 11 de marzo de 2003 se produjo en Madrid un terrible atentado de corte islamista; el gobierno culpabilizó del mismo a ETA, pese a que todos los indicios iniciales marcaban otro camino, y tres días después el gobierno central cambio de signo y el PSOE volvió a gobernar. El PP no aceptó su derrota en las urnas e inició una brutal campaña de acoso contra el gobierno utilizando el terrorismo como su principal arma política, convirtiendo la cuestión vasca en un auténtico monopolio de la actualidad política en el parlamento y en la calle. 
El proceso para conseguir la paz en el País Vasco y en resto de España en el que se embarcó el gobierno no ha dado los resultados que la inmensa mayoría de la ciudadanía esperaba, pues ETA lo rompió con el atentado en Barajas el 30 de diciembre del año pasado, aunque no lo dieron formalmente por roto; lo que hicieron en junio declarando el reinicio de su actividad "en todos los frentes".
Ante la ruptura de esta tregua, que es la segunda que se produce en 10 años y ha durado 14 meses, que ha destrozado las esperanzas de paz, sólo nos cabe volver a decir que ETA debe abandonar las armas y todo tipo de violencia definitivamente, pues en el Estado español todas las ideas políticas son defendibles.
El gobierno ha realizado diversas leyes de marcado carácter progresista: la ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, ley de identidad de género, la ley que modifica el código civil en materia de derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, decreto por la que se aplica la regularización de inmigrantes…, aunque la impresión es que no ha sabido "vender" estas leyes entre la población. 
Pero en enseñanza no podemos hacer ningún balance positivo, la LOE y la reforma de la LOU no sólo no han respondido a las expectativas que podía haber despertado el gobierno después de la política que siguió en la oposición el partido que le sustenta sino que han abierto vías para que avance la privatización de la enseñanza.., como está ocurriendo. 
La situación ha cambiado en las elecciones autonómicas y municipales celebradas este año. El PSOE ha obtenido mayor número de concejales y, en solitario o aliado con partidos de izquierdas, tiene más poder local y autonómico que en el período anterior; pero no se puede obviar que el PP ganó las elecciones municipales en cuanto a número total de votos. También hay que señalar que la abstención llegó hasta el 38'45, lo que demuestra que una gran parte de la ciudadanía se aleja del modo de hacer política que se practica.

1.4. Situación socioeconómica.

Para intentar hacer un breve análisis de la situación social y económica existente en el Estado español, producto de las ideologías políticas dominantes, es bueno que nos fijemos, sin ánimo de profundizar, en los siguientes epígrafes. 

1.4.1. Tiempos difíciles para lo público. 
La privatización de los servicios públicos es una constante en Europa y en todo el mundo, siendo el Reino Unido donde ha llegado más lejos (hasta parte del sistema jurídico-penal); los organismos públicos se van convirtiendo en unidades administrativas de gestión que "adquieren" de empresas privadas los servicios que los poderes públicos estatales, autonómicos y municipales, prestan a la ciudadanía. En los últimos veinte años se han sucedido, siguiendo las directrices del FMI y del BM, las privatizaciones de empresas y, lo que es peor, servicios públicos; también se han privatizado el transporte ferroviario -con un gran ineficacia en la gestión en R. Unido-, la gestión de las autopistas, del servicio de correos y de telefonía… 
Los transportes urbanos, la distribución del agua en las ciudades y la recogida de basuras, así como los servicios de limpieza de calles y edificios públicos están privatizados en la mayoría de las ciudades y pueblos del Estado, en medio de, por un lado, la queja ciudadana por la deficiencia en las prestaciones, o de la indiferencia, cuando las prestaciones parecen adecuadas. Y se está viendo en todos sitios: las privatizaciones, que auguraban menores constes del servicio privatizado, están demostrando todo lo contrario y que cuando el servicio prestado es más barato lo es a costa del despido de trabajadores, de la disminución del sueldo o/y de la deficiencia en la prestación del servicio.
En enseñanza hemos pasado de la relación 70/30 de hace unos años a la de, aproximadamente, 66/34, siendo significativo que en grandes ciudades como Madrid y Barcelona la relación de escuela pública/privada va camino de ser la inversa de la señalada. Y con la aplicación de la LOE es muy posible que aumenten los conciertos y se siga permitiendo el cobro de cantidades extras a las familias.
En sanidad las fundaciones como firma de gestión de los hospitales públicos y la derivación de enfermos a la sanidad privada es una forma clara de privatización de este servicio.
En el transporte ferroviario, lo que hoy sucede no es más que la consecuencia de la política ferroviaria llevada a cabo desde hace años por los diferentes gobiernos, plasmada en la Ley del Sector Ferroviario (elaborada por el PP y puesta en marcha por el PSOE) y que dividió RENFE en dos empresas: RENFE-Operadora y ADIF. Han apostado por un modelo de ferrocarril basado en criterios mercantilistas y en la obtención de beneficios privados, en detrimento de los beneficios sociales, de la calidad, la seguridad, las condiciones laborales y el empleo. Además, este modelo repercute negativamente en los precios y en la vertebración territorial.
La Red Europea por los Servicios Públicos, que emanó de la campaña Stop Bolkestein, es el resultado de los trabajos realizados en las distintas convocatorias del Foro Social Europeo, que se plasmaron durante el IV Foro en la Declaración de Atenas "Otra Europa con servicios públicos para todos", en la que más de 40 organizaciones sindicales y sociales nos comprometimos a trabajar en defensa de los servicios públicos.
El gasto social en España no aumenta en proporción a como lo hace la riqueza del país; este gasto es, según el último informe del CES, equivalente al 20% del PIB mientras que la media de la UE (de 25 miembros) era del 27'3, lo que es injustificable, sobre todo teniendo en cuenta que las cuentas del Estado han tenido superávit en los últimos años.
Las pensiones, que se ha conseguido que mantengan su poder adquisitivo, suponen un bocado muy atractivo para la empresa privada que aspira a "gestionarlas" y a embolsarse una parte sustancial de las mismas a través de su progresiva privatización. La inversión de parte del Fondo de Garantía de las Pensiones en Bolsa, que quizás pueda a portar un incremento a este fondo, no la consideramos una medida positiva, pues en caso de crisis económica estaría en peligro la recuperación de la parte del fondo invertida y, por tanto, que el propio Fondo pueda cumplir la función con la que se creó. 
Hay que destacar, como reflexión, un elemento fundamental en todos los países en los que las privatizaciones se han extendido: muchos trabajadores y trabajadoras son a la vez usuarios de los servicios privatizados, consumidores y pequeños accionistas… (en España una de cada cuatro familias invierte en Bolsa).

1.4.2. El lado oscuro de la economía española.

El crecimiento de la economía es constante en los últimos años, manteniéndose por encima del 4%, aunque este crecimiento no repercute por igual en toda la ciudadanía y tiene un lado oscuro que es preciso señalar.
La participación de los salarios en la riqueza nacional ha caído a sus niveles históricos más bajos frente a las rentas empresariales en el último año los beneficios netos de las grandes empresas no financieras aumentaron un 13'4%, mientras que el gasto por trabajador se elevó un 2'8%. La diferencia entre la subida salarial y la subida del IPC haya sido constante en los últimos años en perjuicio de los salarios, sobre todo de las y los empleados públicos. Pese a esta pérdida de poder adquisitivo hemos tenido que ver como algunas organizaciones sindicales firmaban acuerdos salariales en la función pública y "recomendaban" que en los convenios no se negociaran acuerdos que pudieran superar al IPC y, en ambos casos, sin garantizar la cláusula de revisión salarial.
En los últimos años, ha aumentado considerablemente el número de cotizantes a la Seguridad Social, contribuyendo decisivamente a este aumento la incorporación de la mujer a todos los ámbitos del mercado laboral, y la afiliación de inmigrantes.
Aunque hay que señalar que las mujeres, que representan ya el 41'6% del total de cotizantes, padecen peores condiciones laborales que los hombres: el paro, la precariedad en el trabajo, la temporalidad, los bajos salarios, el impacto en su trabajo de la maternidad, la discriminación en los procesos de selección y promoción…, hacen difícil y entorpecen la incorporación de la mujer al trabajo en condiciones de igualdad con los hombres. 
Las trabajadoras y trabajadores inmigrantes que se han incorporado como cotizantes a la Seguridad Social representan ya el 10%, aunque hay que constatar que la inmigración sólo es noticia por la tragedia que supone la llegada de cayucos y por las personas que desaparecen en la travesía. Los emigrantes no son noticia por las dificultades de un integración social ni de su inserción laboral: se cometen abusos en la vivienda y se les paga menos que al trabajador "nacional"…, pese a todo esto podemos decir que la ciudadanía no considera un problema la inmigración, sino que lo ven como solución en numerosos sectores, como la geriatría.
El crecimiento económico basado en la construcción, en el "ladrillo", que está destrozando todas las zonas de costa del Estado, tiene un límite y parece que se está llegando al mismo, y se está llegando con un alto endeudamiento familiar, que puede traer consecuencias graves para la economía general y para la particular de muchas personas debido a la constante subida de intereses.
La comparación de la renta per cápita por habitante entre las distintas comunidades autónomas del Estado nos indica que todas las comunidades experimentan crecimiento económico, pero también que las comunidades ricas son cada vez más ricas. Madrid tiene una renta que supera en más del 20% la de Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha.
Por otro lado, hay que señalar que la reforma fiscal en marcha viene a favorecer a las rentas profesionales y del capital frente a las del trabajo, que se benefician en menor medida y que verán como estos supuestos beneficios desaparecen ahogados por la subida de los impuestos indirectos. 

1.4.3. La reforma laboral y el abaratamiento del despido.

La precariedad sigue siendo una constante en el mercado laboral español, pese a que es cierto que desde la aprobación de la reforma laboral han aumentado los contratos indefinidos y han disminuido los temporales, pero lo que se pretende ocultar es la facilidad -y lo barato que sale- con la que el empresario puede despedir al trabajador que tiene un contrato indefinido. 
Hay que señalar que desde la aprobación de la última reforma laboral, que hizo un año en mayo de 2007, los contratos temporales han bajado del 89'8 al 88'3% del total de contratos; de cada 10 jóvenes trabajadores de 16 a 24 años, 6 tienen contrato temporal, el doble de la media de la OCDE. DE los 30 países de la OCDE sólo Polonia tiene más temporalidad que España.
Podemos decir que las reformas en la legislación laboral de los últimos años han venido a desregularizar las relaciones laborales en perjuicio de los trabajadores y trabajadoras, que hemos visto como aumentan los tipos de contratos "basura", disminuyen las garantías en el puesto de trabajo, aumentan las facilidades para los despidos y disminuyen las indemnizaciones, a la vez que las empresas reciben ayudas económicas del Estado por realizar contrataciones.
El paro, en el pasado mes de mayo se cifraba en 1.973.231 personas, ronda el 10% de la población activa. Hay que destacar que seis de cada diez personas paradas que hay en España son mujeres y su tasa de desempleo (13'85%) dobla la masculina (6'38%). Estas cifras, que nos sitúan a la cabeza de los países europeos con mayor índice de parados, vienen a demostrar que la situación económica no mejora como nos quieren hacer creer que dicen las cifras macroeconómicas y que los primeros en pagar las consecuencias son los trabajadores y trabajadoras; y que cada vez nos alejamos más del objetivo europeo de "pleno empleo para el 2.010". Estas cifras, y lo que podemos denominar el "abandono" de la reivindicación de las 35 horas, nos reafirman en la necesidad de continuar en esta lucha y en la reivindicación de trabajar menos para trabajar todos y todas. 

1.4.4. La vivienda.
La escalada de precios de las viviendas en los últimos años la han convertido en un bien inaccesible para amplias capas de la población. En los últimos diez años el precio medio por metro cuadrado se ha triplicado; adquirir una vivienda hoy supone destinar durante 30 años el 60% de los ingresos para pagarla, pero pese a esto se mantiene en un 11'5% el porcentaje de viviendas para alquilar y existen tres millones de viviendas vacías. Las comunidades autónomas, que tienen competencias exclusivas sobre urbanismo, tienen la responsabilidad de facilitar viviendas asequibles, de ofertar viviendas en régimen de alquiler..., en definitiva de legislar para acabar con la especulación del suelo y permitir el acceso a una vivienda digna.
En los últimos tiempos se está poniendo de moda entre ayuntamientos y comunidades el intentar garantizar el derecho constitucional a la vivienda por medio del sorteo, en lugar de construir o promocionar la construcción de las viviendas que se necesitan en cada localidad.

1.4.5. Los accidentes laborales.
Las personas expertas aseguran que la mayoría de los accidentes laborales se evitarían simplemente cumpliendo la normativa de prevención existente y, aunque esto sea legal, acabando con las subcontrataciones y los trabajos eventuales. Las muertes por accidente de trabajo siguen aumentado, superando la cifra de los mil muertos al año, se impone pues acabar con el incumplimiento generalizado de la ley por las empresas y acabar con las grandes deficiencias en la vigilancia y los controles por parte de las autoridades laborales, implantando, al mismo tiempo, la cultura de la prevención en todos los sectores de la producción y en todos los servicios públicos.

1.5. La Europa que viene

La UE ha realizado las dos ampliaciones previstas, en 2.004 ingresaron 10 nuevos países, y en 2.007 otros dos, quedando otros 7 países como candidatos para los próximos años. 
Pero la realidad es que la construcción de la Unión Europea sigue paralizada por el rechazo hace dos años de Francia y Holanda al texto constitucional que tan mayoritariamente se aprobó en España y por los problemas de encaje de las políticas nacionales (económicas y sociales) en una política común, la diversidad de situaciones en los 27 países, y dentro de los países entre los más de 500 millones de habitantes.
Aunque es difícil de prever, queremos preguntarnos, por último, cómo van a influir en la construcción y ampliación europea la disparidad de criterios en cuanto a las relaciones con los USA y al cumplimiento de la legalidad internacional que han demostrado tanto los países que forman la UE como los que aspiran a serlo, si esta disparidad no será un freno inmediato para nuevas ampliaciones, o si las ampliaciones últimas realizadas no servirán para poner a la nueva mayoría europea en manos del imperio..., una serie de reflexiones que deberían llevar a los gobiernos a someter a debate, a poner en conocimiento de la ciudadanía, todo lo relacionado con la construcción europea y a poner en sus manos todas las decisiones que se vayan tomando: Europa no se puede construir a espaldas de la ciudadanía europea.

1.6. Situación del sindicalismo en el Estado español.

En el Estado español el sindicalismo mayoritario, muy vinculado al mantenimiento de un centralismo estatalista en cuanto a los sistemas de representación, ha ido transformándose, en el plano teórico y también en la correspondencia de su praxis, según un diseño de modelo burocrático que lo conduce progresivamente a la desideologización y a la institucionalización, convirtiéndose en una finalidad en si mismo. Es lo que explica la obsesión por la cooperación con las instituciones y el empresariado por encima de los intereses de las trabajadoras y trabajadores, por la modificación de los marcos de negociación hacia la centralización de los ámbitos de decisión y de representación. 
La forma con la que esos sindicatos se relacionan con los trabajadores y trabajadoras ha ido cambiando para dar paso a la profesionalización el sindicato como puesto de trabajo, y el "funcionario" del sindicato en los puestos de dirección del mismo-, al funcionamiento según criterios casi empresariales, a la insuficiencia de las cuotas para su financiación, y, por lo tanto, a la dependencia de unas subvenciones directas que últimamente se han reforzado con los efectos indirectos del dinero destinado a la formación continua de los trabajadores y trabajadoras. Actualmente, con la nueva ley de Formación Profesional una parte de esta formación la imparten las estructuras sindicales, lo cual aumentará el caudal de recursos públicos para el sostenimiento de la actividad sindical y de su influencia social. Los fondos concedidos por el Estado para formación han supuesto, en algunos casos, el 80% del total de sus presupuestos.
Esta marcada evolución del sindicalismo mayoritario ha conducido al vaciado de los marcos de negociación, a la costumbre de pactar los acuerdos, e incluso los desacuerdos, fuera de las mesas de representación que se convierten a menudo en un instrumento formal de ratificación o de información.
Se ha aceptado, como realidad incuestionable, la lógica neoliberal de la competitividad. Esto ha hecho posible que se firmen Acuerdos que han supuesto ahondar en el cuadro antes descrito: desregulación laboral, con proliferación de la contratación irregular, pensiones deficitarias, privatizaciones... Es decir, las prácticas sindicales han sido entreguistas y acomodadas -cuando no coincidentes- al marco neoliberal. 
Todo esto ha ido acompañado de una práctica sindical exclusivista que despliega ataques abiertos o encubiertos contra aquellas organizaciones sindicales abiertamente reivindicativas o que simplemente hacen uso de la libertad sindical reconocida en el marco constitucional. La necesidad de recurrir a los Tribunales de Justicia para restablecer la legalidad y corregir abusos ha dado lugar a un abundante repertorio jurídico que así lo certifica.
Para que esto sea posible, las sucesivas modificaciones de la normativa que regula la negociación colectiva, los órganos de representación y las elecciones sindicales han sido aprobadas por el Parlamento espanol porque han coincidido los intereses de los partidos politicos, las patronales y estos sindicatos. No es casual que esta estrategia uniformizadora refuerce el centralismo del Estado y camine en dirección contraria al ejercicio efectivo del autogobierno por parte de las Comunidades Autónomas, reforzando así un modelo de Estado poco respetuoso con la diversidad nacional.
En esta normativa la capacidad de interlocución se ha valorado según la representación obtenida en las elecciones sindicales. Una representación que resulta sobrevalorada en multitud de pequeñas empresas, centros y talleres donde la actividad sindical real es prácticamente nula y las elecciones suelen ser, en muchos casos, un acuerdo entre el patrón y el contratado, para realizar elecciones, del sindicato de turno. Sólo en las grandes empresas y administraciones, con muy pocos delegados en proporción al número de trabajadores y trabajadoras, tienen validez los resultados electorales.
Las bases de estos sindicatos mayoritarios, aun no estando de acuerdo en multitud de ocasiones con las prácticas antes dichas, siguen ancladas en la inercia de la afiliación sin participación y en la cultura de la delegación, por no contemplar en su horizonte próximo otras realidades sindicales con la suficiente pujanza y empuje para desplazar del campo sindical a estas organizaciones.
La diversidad que ha presentado históricamente el panorama sindical alternativo se ha visto incrementada como consecuencia del efecto "centrífugo" provocado por el autoritarismo exclusivista del sindicalismo mayoritario, con la aparición de numerosos colectivos organizados normalmente en el ámbito de la empresa. La credibilidad del sindicalismo alternativo continúa, no obstante, sin alcanzar cuotas deseables, manteniendo su representatividad en aquellas empresas y sectores donde han estado tradicionalmente implantados, pero mostrándose incapaces de articular una alternativa unitaria, a pesar de llevar unos años manteniendo encuentros que no han servido ni para dar respuestas de acción sindical propias en momentos álgidos de lucha sindical. 

1.7 Las "otras" organizaciones sindicales.

Como organización estatal, cabe hacer mención de la CGT, que si bien había incrementado ligeramente su representatividad la ha disminuido en este último proceso electoral, no ha podido rentabilizar la pérdida de confianza de los trabajadores y trabajadoras en los sindicatos mayoritarios, ni de aglutinar a su alrededor a una parte importante del sindicalismo alternativo.
En Galicia, la Confederación Intersindical Gallega (CIG) ha superado el último proceso electoral, obteniendo una representatividad del 25%, consolidándose como sindicato más representativo de comunidad autónoma, pero con numerosos problemas internos que salen a la luz pública. Por otra parte, está la presencia del sindicato nacionalista CUT (Central Unitaria de Trabajadores), surgido de una escisión de CIG-Mar en el año 99. Este sindicato ha solicitado contactos con STEG, en estos momentos existe una solicitud de reunión formal. En el sector de enseñanza no tienen representatividad y consideran que STEG es el referente. Está también la presencia de USTG, una escisión de USO, con poca representatividad.
En Euskadi, el Sindicato de Trabajadores Vascos (ELA STV) se ha mantenido como la primera fuerza sindical de la comunidad autónoma y la Unión de Trabajadores Nacionalistas (LAB) ha crecido hasta lograr superar el 15% de representatividad. En este caso, la administración estatal no les reconoce como más representativos de comunidad autónoma por presentarse tanto en Euskadi como en Navarra y ocasionalmente a la parte norte de la Rioja. Además de estos sindicatos, existen otras organizaciones sindicales, como STEE EILAS y ESK. Entre estas organizaciones sindicales se ha venido trabajando unitariamente de forma muy interesante.
En Cataluña continúa consolidándose la IAC (compuesta inicialmente por USTEC STES, CATAC, CATAC Salud y CAU, y con la que tenemos una Carta de Relaciones) tras su unión con la FTC (de presencia en sectores industriales). Ha obtenido sus mejores resultados en la función pública catalana, donde es el segundo sindicato más representativo, manteniendo contactos periódicos, aunque sin protocolos, con COS, SAT, CTC y algunos sindicatos de banca, aglutinando, alrededor del proyecto intersindical, algunas actuaciones públicas, como la del 1 de mayo. Allí el SF sacó sus mejores resultados, siendo el primer sindicato en el sector ferroviario.
En Canarias, transcurridos tres procesos electorales desde la constitución de la Intersindical Canaria como organización confederal (compuesta por CANC, SOC, STEC -sindicato miembro de STES-, Sindicato Canario de la Salud y otros colectivos), aunque continúan consolidándose tanto interna como externamente, no ha llegado a superar el limite de representatividad impuesto por la legislación sindical española para obtener la condición de más representativo de la comunidad autónoma.
En el País Valenciano se constituyó la Intersindical Valenciana confederándose la Federación STPV (STAPV, STSPV, STEPV,) con los sindicatos STA y PUT y posteriormente STICS. Esta organización ya es representativa en la administración autonómica valenciana, en numerosos ayuntamientos y en empresas de cierto peso específico en el panorama industrial y sindical como la Ford. El SF funciona allí como miembro, en la práctica, de IV.
En las Islas Baleares se ha constituido la Intersindical donde primero el STIB y después el SF, han decidido procesos de integración en el STEI-i, con estas siglas se han presentado en todas las elecciones sindicales en estas últimas convocatorias. Siendo mayoritaria en todos los ámbitos educativos, en la enseñanza pública, en la privada, en la privada concertada, en la universidad, entre el funcionariado de la comunidad autónoma, teniendo representación en sanidad y en numerosos ayuntamientos. Resultando ser la primera fuerza sindical entre las trabajadoras y trabajadores del sector público y la cuarta del resto de ámbitos laborales de la CAIB.
En Andalucía USTEA tiene tres sectores (Enseñanza, Asp-laborales de la Junta, Asp-funcionariado de la Junta) consolidados, una pequeña presencia en Universidad y pre-acuerdos con ASTISA para crea sector de Sanidad. La Intersindical Andaluza (hoy reducida a SOC y USTEA) se halla en una situación de hibernación. El SOC se está implantando en otros sectores de las empresas privadas si bien no han consolidado aún su proyecto de SAT. Otros sindicatos con presencia puntual se relacionan a través de una Coordinadora Sindical de Andalucía. 
En la Región Murciana, STERM-La Intersindical ha establecido una carta de relación, que establece una vinculación jurídica a efectos de cómputo de delegados con el SPS-RM-La Intersindical (Sindicato de Profesionales de la Sanidad- Región Murciana- La Intersindical), sindicato con una cierta implantación en al menos 4 de las 7 áreas sanitarias. Esta relación tiene como objetivo una integración efectiva en La Intersindical. Se ha continuado con la relación con el SF y otros colectivos y sindicatos del sector publico y privado que pueden permitir reforzar los objetivos y los planteamientos de STERM-Intersindical. 
En Extremadura, STE-Ex y el Sindicato Extremeño de Trabajadores de la Administración Pública llegaron al acuerdo de constituir la Intersindical Extremeña, hoy aún en estado embrionario, lo que impide que confiemos en el futuro del proyecto. CGT no logra definir un espacio sindical propio. LO más llamativo del mapa sindical es PIDE, organización inicialmente de personal interino de enseñanza pública reconvertido hoy, con mucho éxito, en un sindicato de corte tradicional, con fuerte impronta corporativa.
En Castilla-La Mancha continua con un proceso de expansión del Sindicato en nuevos sectores, pasando, en el ámbito de la Administración Regional, de un 7% en el año 2003 al 8,50% en el 2007. Actualmente STECLM-Intersindical está formado por dos Sindicatos STE-CLM de Enseñanza, y STAS-CLM que aglutina al Personal Laboral, Personal Funcionario, personal de Ayuntamientos y personal de empresas privadas. La extensión de STECLM-Intersindical se está realizando en solitario, sin aglutinar ni incorporar a otras organizaciones sindicales de menor implantación. El aumento de STECLM-Intersindical se ha producido de forma irregular, por un lado, ha bajando el STE-CLM su representación en Enseñanza pública no universitaria, de 25 a 22, mientras que en universidad, que presentándose por primera, ha sacado 7 delegados en Juntas de Personal, igualándose a otros sindicatos que ya estaban implantados. Por otro lado STAS-CLM ha bajado en Personal Funcionario pasando de 13 a 12 delegados, y aunque es un sólo representante ha sido lo suficiente para perder el 10% y salir de la Mesa Sectorial de Función Pública; en cambio, en Personal Laboral se ha producido un aumento espectacular al pasar de 21 a 35 delegados y pasar del 7% de hace 4 años al 10% de este año 2007.
En Aragón, OSTA que esperaba aumentar sus resultados en un 30% está sufriendo un cierto estancamiento, CGT sigue sin despegar, la IA ha mejorado muy levemente sus resultados y en cuanto a CCOO y UGT probablemente al final del actual proceso electoral sea UGT el sindicato más votado. En la función pública lo más destacado es que CEMSATSE se mantiene y CSIF sube algún punto, debido sobre todo a los resultados de enseñanza y sanidad. Posiblemente no haya nuevos sindicatos en la mesa sectorial.
En La Rioja, las últimas elecciones sindicales a la CAR han dejado este panorama sindical: subida importante de CEMSATSE, que ha duplicado su representatividad, y de CSIF, STAR ha logrado obtener representación en la Junta de Personal Docente (aunque no está presente en la Mesa Sectorial), UGT ha perdido representación, CCOO se mantiene y USO ha desaparecido de la Función Pública. Hubo un intento por parte de STAR de llegar a un acuerdo con STE-Rioja para permitirnos mutuamente representación en Mesas en las que no estábamos pero fue rechazada por nuestro Secretariado.
En Cantabria el STAC-STEC ha avanzado en la intersectorialidad organizándose y obteniendo buenos resultados en la Sanidad Pública y manteniendo contactos estables en la mesa de sindicatos asamblearios junto al SF, el SU y otros sindicatos sectoriales de la Región.
En el resto de territorios no hay más que algunos contactos entre el STE correspondiente y alguna organización.
Parte del panorama sindical sectorial es el Sindicato Ferroviario, que en su último Congreso y tras las elecciones sindicales se ha consollidado como organización representativa. Tras un periodo de relaciones con la Confederación de STEs-Intersindical, en este Congreso pasarán a ser una sola organización. 
Existen otras organizaciones y colectivos de carácter sectorial como el STC (Telefónica) o la Plataforma Asamblearia de Correos que con ideas y formas interesantes, tienen presencia en sus campos.
En el marco sindical hay que señalar que las relaciones de la Confederación en el ámbito estatal, y de sus distintas organizaciones, en su ámbito territorial, con las organizaciones sindicales son muy dispares, dependiendo sobre todo, de nuestra implantación y de nuestro nivel y capacidad de propuesta y movilización; a mayor implantación, aunque sea sectorial, mayor relación y trabajo unitario con el resto de organizaciones.
En el ámbito estatal, aunque hemos conseguido colocarnos como la segunda organización sindical en el ámbito de la enseñanza, las relaciones son casi inexistentes con el resto de sindicatos, que delegan sus contactos, que sí que son fluidos, a sus federaciones de enseñanza y, llegado el caso, a sus federaciones de servicios públicos, y así seguiremos en tanto que la imagen de los STEs-Intersindical sea el de una organización sindical sectorial.
Con las organizaciones sindicales internacionales mantenemos una relación "formal" que podemos calificar de adecuada, aunque es necesario que profundicemos en las mismas, sobre todo en el ámbito de América Latina.

2. EL MODELO SINDICAL

2.1. El modelo sindical predominante.

La aceptación de la lógica de la competitividad y la subordinación al crecimiento económico, por parte de determinados sindicatos (sobre todo los autodenominados de clase mayoritarios) conduce a un consenso general entre sus objetivos últimos y los de la patronal y las instituciones del Estado. Este consenso parece que ha sustituido, en gran medida, al tradicional conflicto entre personas trabajadoras y patronales/aparatos del estado. Supone una institucionalización de las organizaciones sindicales que implica frenar, contener y suavizar los efectos de los conflictos inherentes al capitalismo. Al mismo tiempo, este amortiguamiento de los conflictos y la búsqueda de salidas basadas en el consenso básico de objetivos, entre los que deberían ser antagonistas, está produciendo una importante disminución del potencial de movilización de las clases trabajadoras.
La institucionalización ha supuesto una serie de privilegios: la entrada en organismos públicos, liberaciones sindicales, subvenciones, propiedad de inmuebles, etc., con repercusiones de importancia sobre estos sindicatos. La firma de acuerdos y la toma de decisiones por parte de los dirigentes, necesita de una capacidad de control del aparato burocrático para que puedan disponer de una autonomía de acción con respecto a la opinión de sus bases. Se utiliza la adhesión inquebrantable a unas siglas para asegurar a los Gobiernos la "Paz Social" con la aceptación de acuerdos sin someterlos a debate entre su afiliación y mucho menos entre los trabajadores y trabajadoras afectados.
La profesionalización de técnicos sindicales en las negociaciones provoca una pérdida de contacto con las bases y crea una conciencia de ser parte del poder. La aparición en los medios de comunicación como firmantes de acuerdos produce el reconocimiento de pertenencia a esa clase virtual de "tecnócratas" que gobiernan el país, desligándose de los intereses que representan.
La institucionalización refuerza el poder de interlocución, pero no tiene como consecuencia el fortalecimiento interno con afiliación y con estructuras sólidas en la base. Una legitimación institucional puede devenir en una progresiva deslegitimación social y en una potenciación de una cultura de delegación. En líneas generales se potencia un sindicalismo de gran aparato y conciliador, en vez de uno con carácter reivindicativo y alternativo.
Otra característica del modelo sindical predominante es que cada vez mas su ámbito de actuación se dirige a ciertos sectores de la clase obrera que se encuentran en una situación de mejores condiciones laborales que a los realmente mas necesitados. Cada vez tienen más peso en estos sindicatos los trabajadores de las grandes empresas y sobre todo los del ámbito de las Administraciones Públicas: Enseñanza, Sanidad, Administración Central, Local, Autonómica, etc. Mientras que apenas se atiende a los sectores mas desprotegidos como son los de las pequeñas empresas, los de trabajo precario sobre todo las mujeres, los parados, colectivos como los trabajadores inmigrantes, etc. En el caso de nuestra organización es algo lógico por el origen sectorial del que procedemos y el mayoritario en la actualidad, pero debemos de ir, en la medida de nuestras posibilidades, interviniendo en la defensa de estos sectores más discriminados si no queremos acabar practicando el mismo tipo de sindicalismo que criticamos en los sindicatos institucionalizados.
La persistencia de esta lógica de la institucionalización hace que se acabe evaluando como bueno aquello que beneficia al sindicato y a sus dirigentes, en lugar de que sea bueno para el sindicato aquello que beneficie a los trabajadores.

2.2. Nuestro modelo asambleario.

La característica principal que define el modelo de La Confederación Intersindical es su naturaleza asamblearia y participativa. La práctica asamblearia es la garantía de hacer un sindicalismo pegado a la realidad. No obstante, no se debe ocultar que dicho modelo coexiste con una realidad en la que son mayoritarias las actitudes de delegación frente a las de participación. Debemos ver como un problema la escasa presencia y la casi nula participación, en muchas de las asambleas.
El reto que hay que superar es, a partir del reconocimiento de las dificultades por las que atraviesa el modelo participativo, encontrar fórmulas que respeten y potencien los componentes últimos del asamblearismo, como la libre circulación de la información, la participación, el pluralismo y la toma colectiva de decisiones.
No podemos sentirnos satisfechos con cumplimentar burocráticamente nuestras "obligaciones asamblearias" si no que debemos instar a la participación y al control de la organización desde todos los ámbitos: los centros de trabajo (a través de los representantes de centros) y con el apoyo a las iniciativas de los propios trabajadores y trabajadoras, los foros de discusión en aquellas secciones sindicales de grandes dimensiones y dispersas geográficamente, el esfuerzo por la circulación de la información utilizando todos los medios a nuestro alcance…
Ser consecuente con la naturaleza asamblearia exige que los trabajadores y trabajadoras participantes cuenten con la suficiente información con la que puedan llegar a tener un criterio propio. Se trata de impregnar de realidad los análisis de los problemas, ser capaces de realizar valoraciones ponderadas de los mismos y ser conscientes de las posibilidades reales de avance. La construcción de un discurso alternativo sólo es posible desde una posición crítica con la realidad, sin caer en dogmatismos.
Es conveniente tomar conciencia de que el pluralismo es un elemento esencial para poder analizar los múltiples aspectos de la realidad, para llegar a elaborar posiciones matizadas, coherentes y complejas, para huir de la unilateralidad y de los esquematismos. Para ello, es necesario crear un clima de confianza para que se puedan defender las posiciones propias con total tranquilidad, en el que se sepan recoger las aportaciones positivas de puntos de vista distintos y en el que desaparezcan los prejuicios.
Debemos clarificar el papel de las asambleas delimitando claramente la función que les corresponde por un lado a las asambleas de afiliados y afiliadas, máximo órgano de decisión del sindicato, y por otro a las asambleas generales de trabajadores y trabajadoras, de participación y consulta. Estas asambleas generales en los centros de trabajo, también deben marcar las decisiones de la organización, siempre que no contradigan principios básicos de la misma y que, en ellas, estén representados los intereses colectivos y no sólo los corporativos de una parte del total de trabajadores y trabajadoras.
En todo sector profesional es inevitable la tendencia a la solidaridad interna y a la defensa de los intereses de cuerpo que pueden caer con cierta facilidad en el corporativismo. Nuestra naturaleza sociopolítica y de clase debe poner un claro límite a estas tendencias en la medida en que entendemos que toda demanda específica debe ser leída en el marco de un modelo que defiende a ultranza los servicios públicos y en el marco de los intereses de los sectores sociales más desfavorecidos. No se trata tanto de establecer un filtro a las demandas que desde las asambleas nos puedan llegar (aunque también) como de extender esta lectura sociopolítica, colectiva, solidaria y de clase, y por lo tanto, compleja y relacional, donde se analicen los asuntos desde la diversidad de situaciones laborales y sociales, en cada uno de los actos que convoquemos. 
En este modelo sindical es necesario delimitar las responsabilidades en sus diferentes ámbitos, de tal manera que el ejercicio de la práctica asamblearia no sirva de pretexto para la ausencia de debate en los órganos sindicales y que éstos renuncien al ejercicio de la especifica responsabilidad que les corresponde en la toma de decisiones.

2.3. Sindicalismo de gestión / sindicalismo reivindicativo.

Un sindicato debe ser capaz de conciliar la reivindicación de soluciones a los problemas laborales con la prestación de servicios básicos que faciliten la acción sindical, al tiempo que contribuyen a la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. 
Debemos ser capaces de resolver multitud de problemas concretos que tienen planteados trabajadores y trabajadoras concretos. En este sentido, es importante subrayar, por ejemplo, el papel de un buen servicio jurídico en cada sindicato, muchas veces clave para conseguir una acción sindical eficaz, y de una buena coordinación de estos servicios.
Otro elemento clave para mejorar nuestra acción sindical es el de la prensa sindical: escrita o electrónica. La rapidez de publicación hace de las páginas de la Red de cada organización un elemento informativo de primer orden, tanto para la información puramente profesional y laboral (traslados, oposiciones, trámites varios, normas laborales…) como de información y propaganda de nuestras propuestas de acción sindical y sociopolítica. Es imprescindible tener este espacio cubierto con calidad y actualidad y al que deben destinarse los recursos necesarios. Las responsabilidades en las páginas web, por su importancia en la decisión sobre la publicación, o no, de noticias y de su mayor o menor relevancia, no pueden atribuirse en función de criterios técnicos, sino fundamentalmente políticos. 
La atención personal debe ser otra de nuestras prioridades. Se debe hacer un esfuerzo de formación e información para que las personas que representan a nuestra organización y que atienden los requerimientos de los trabajadores y trabajadoras, puedan hacerlo con total garantía pues también en eso ponen su confianza los afiliados y afiliadas. 
La formación laboral permanente, especialmente la que tiene que ver con el desempeño del puesto de trabajo, es una responsabilidad de la patronal, pero existe otro tipo de formación que debe ser responsabilidad de la organización sindical: aquella que persigue adquirir una cultura solidaria, crítica y transformadora. Se trata, en suma, de concebir el sindicalismo como un instrumento que genere una capacidad de respuesta frente a una sociedad cada vez más configurada en torno al individualismo, el beneficio privado, el consumismo y la insolidaridad.
En demasiadas ocasiones, ante la inhibición, en sus obligaciones formativas, de las empresas y las administraciones, nuestras organizaciones se ven forzadas a asumir actividades formativas como única forma de que su afiliación acceda a ellas. En ese caso, debemos garantizar la utilidad y calidad de la formación, que sus contenidos respondan a los valores y líneas de trabajo que defiende la organización, la transparencia y publicidad en la gestión económica y la renuncia expresa a hacer de la formación una fuente de clientelismo o de financiación paralela. La asunción de actividades formativas tampoco puede eliminar de nuestras reivindicaciones la petición insistente y continua de que esta función sea asumida por quien le corresponde: la patronal y las administraciones.
Conviene no confundir los servicios que, pensamos, debe dar la organización, con los que se ofrecen desde otras perspectivas sindicales que poco tienen que ver con la información o con la protección de derechos laborales y se parecen más a los que se dan desde las cooperativas de usuarios, seguros, viviendas o vacaciones, desviando trabajo y esfuerzos de las tareas fundamentales que debe marcarse cualquier actividad sindical.

2.4. La negociación.

La negociación se ha convertido en el principal (a veces único) cauce para la consecución de mejoras laborales. Ahora bien, la forma de entender la negociación diferencia unos modelos sindicales de otros. Una negociación que niegue el conflicto de intereses y en la que, por tanto, exista connivencia entre la patronal/Administración y los sindicatos conlleva la anulación de la capacidad de movilización y de presión sindical. En la medida que se pierde el vinculo de los trabajadores y trabajadoras con los sindicatos, difícilmente son percibidos por aquellos los resultados concretos de las negociaciones, lo que a la larga redunda en el descrédito de éstos y de su capacidad de incidencia, pero sobre todo de su capacidad real de representación con lo cual, paulatinamente, se abre camino un proceso de sustitución de los intereses generales por los particulares de las cúpulas sindicales o de las propias organizaciones.
Por el contrario, una negociación no sólo debe servir para la consecución de las aspiraciones de los trabajadores y trabajadoras, sino también para reforzar el vínculo entre los sindicatos y sus representados. Para ello deben establecerse desde el principio los mecanismos de seguimiento y de decisión colectiva sobre los resultados y sobre el propio proceso. Transparencia, información y consulta son los compromisos que el sindicato debe asumir al afrontar una negociación. Es necesario recuperar el papel del sindicato como portavoz de los trabajadores y trabajadoras en la negociación, frente al papel que juega el representante burocrático del sindicato.
Los acuerdos que culminan una negociación no son patrimonio de nadie, ni de la patronal (o administración) ni de las organizaciones sindicales firmantes. En tanto que afectan a todos los trabajadores y trabajadoras incluidos en su ámbito, se debe poder actuar en idéntico modo respecto de cualquier acuerdo, haya sido o no firmado por una organización en concreto. No firmar un acuerdo no exime de reclamar la aplicación de sus aspectos positivos, y firmarlo no debe conducir a eliminar toda actitud crítica o a ignorar sus aspectos negativos.
Cuando nos enfrentamos a negociaciones deben quedar claros algunos términos que faciliten la labor de las personas que representan a la Confederación. Es necesario encauzar el debate para que sea posible la existencia de una libre y amplia comunicación de ideas.
Las personas que representan a La Intersindical en las mesas deben saber con antelación cuáles son los límites marcados para inclinarse por una posición u otra. Esto implica toda una labor previa de consulta y decisión, de intentar prever las posibles propuestas o contrapropuestas de las administraciones o las patronales y las posiciones de las otras organizaciones sindicales. 
No nos podemos enfrentar a las negociaciones con criterios maximalistas rígidos, sin valorar las diferentes circunstancias, que a largo plazo aboquen fundamentalmente en la frustración. La respuesta final debe darse tras un análisis pormenorizado de qué supone de avance, de si tiene o no contrapartidas negativas, de si se sale reforzado o debilitado de la firma, de si aumenta o disminuye la moral para futuras movilizaciones. En todo caso, siempre hemos defendido la necesidad de consulta a todo el personal implicado y que sean las asambleas quienes decidan de forma mayoritaria la postura a tomar por el sindicato si en el acuerdo que se propone no está claro el logro de los objetivos mínimos planteados por el colectivo.

2.5. Sindicalismo autónomo y plural.

La Intersindical es independiente de las distintas Administraciones, de la Patronal y de cualquier organización o institución social, sindical, política o religiosa. Sólo desde una verdadera autonomía puede responder a las aspiraciones de los trabajadores y trabajadoras. Por todo ello, las relaciones entre La Intersindical, la Administración y la patronal, estarán regidas por una verdadera independencia de criterio e intereses. 
No cabe ninguna duda de que existe una relación directa entre la pérdida de capacidad reivindicativa de los grandes sindicatos y su dependencia económica de las subvenciones directas o indirectas. Locales, liberaciones y personal contratado dependen fundamentalmente de recursos ajenos y de que la administración mire para otro lado en la gestión de los fondos recibidos. El dinero entregado para formación permanente constituye, en el ámbito general, el grueso de las subvenciones responsables de vigente amordazamiento y entreguismo de los grandes sindicatos. La Intersindical garantizará, en la medida de lo posible, su funcionamiento sobre la base de las cotizaciones y el trabajo sindical de la afiliación de quien, fundamentalmente, debe y quiere depender.
No sólo debemos garantizar la autonomía frente a los aparatos del Estado y la Patronal. Renunciamos explícitamente a un modelo sindical "correa de transmisión" de determinados grupos políticos. Incluso de aquellos con lo que coincidamos recurrentemente en las acciones unitarias. Consideramos una riqueza la pluralidad de ideologías políticas, dentro de lo que podríamos denominar izquierda social, que se encuentran en nuestra organización. 
Es una mala tradición el hecho de contar con organizaciones sociales que actúan como extensiones de los partidos políticos. Eso acaba determinando la política sindical en función de los intereses partidistas y no de los intereses de las personas trabajadoras. Demasiadas veces un sindicato, u otro tipo de organización social, ha cambiado sus posiciones en función de quien dirigía en cada momento una administración o un gobierno. Eso no es autonomía, eso es sumisión al poder político, aunque sea de "los nuestros".
La pluralidad, la confrontación de ideas, el debate... son asumidos, como aspectos positivos, de forma natural en nuestra concepción organizativa. No pretendemos ser es sindicato oficial de ninguna opción política aunque sí queremos ser la expresión organizativa unitaria del sindicalismo progresista (igualitario, asambleario, reivindicativo, feminista, defensor de los servicios públicos...).

2.6. Un modelo sindical sin profesionales.

Frente a la profesionalización de los dirigentes de las estructuras sindicales al uso, La Intersindical apuesta por el control democrático de la actividad de las personas que asumen la representatividad sindical.
La empresa o la administración concreta, en el caso de las empleadas y empleados públicos, deben ser los centros de la acción sindical y de donde salgan las propuestas y decisiones sindicales. Nos estamos acostumbrando demasiado a que los acuerdos o los desacuerdos sean decididos por las cúpulas sindicales. No hay un trabajo de información y consulta cotidiano en los centros de trabajo. Hasta las huelgas se convocan por fax o a través de los medios de comunicación. 
El hecho de centralizar cada vez más los ámbitos de negociación conlleva el fortalecimiento de los niveles superiores de dirección y el debilitamiento de la participación, a la creación de una élite de expertos técnicos sindicales que sustituye, en la práctica, las decisiones democráticas. A los trabajadores y trabajadoras no les queda más que aceptar como buenas las decisiones tomadas por las direcciones sindicales. 
Esta forma de entender la práctica sindical se retroalimenta y cuando más tiempo se lleva teniendo responsabilidades más recursos se tienen para seguir en el "puesto", mejor se conoce a los interlocutores de la administración y de la patronal y más consciencia se adquiere de formar parte de los dirigentes del Estado, el País, la Región, la Administración o la gran empresa de turno. Al mismo tiempo se sigue educando en la cultura de la delegación y la pasividad.
La no profesionalización implica la renuncia expresa a obtener privilegios de la situación que, en un momento dado, puedan tener ciertas personas con representatividad sindical.
Esta apuesta no debe significar la falta de formación sindical. Se debe hacer un esfuerzo de formación de cuadros sindicales que, aunque las personas cambien, asegure una continuidad en la acción sindical, y la posibilidad de hacer propuestas argumentadas y análisis serios. Esta tarea no es fácil, pues al contrario que en el otro modelo, se trata de trabajadores y trabajadoras que en un momento de su vida adquieren responsabilidades sindicales más allá de la participación cotidiana en el trabajo y la toma de decisiones del sindicato.
Asegurar la renovación de los cuadros sindicales y la formación de los mismos debe ser un objetivo a corto y medio plazo. Debemos fomentar las escuelas y encuentros sindicales en contextos que favorezcan la convivencia y la comunicación. No podemos dar por buena la renovación sin calidad. Hay que encontrar el equilibrio entre el nivel de formación sindical de las personas representativas de La Intersindical y su renovación.

2.7. La movilización.

La huelga ha sido y es uno de los instrumentos fundamentales de lucha de la clase trabajadora. Sin embargo, dada la experiencia reciente, conviene hacer algunas reflexiones. Los sindicatos mayoritarios están usando la huelga, fundamentalmente, para sus propias finalidades e intereses. Por otro lado, su concepto de la huelga, puesto de manifiesto en la forma de organizarla e impulsarla, deja mucho que desear. Desde su planteamiento, es la cúpula sindical la que decide y convoca y la que considera cuáles son los motivos para ir a la protesta. 
Desde actitudes como la que acabamos de describir, la movilización no surge desde abajo, como una demanda y una inquietud de las bases, sino que viene de una decisión tomada desde arriba, desde los comités ejecutivos de los sindicatos. 
Desde nuestro modelo sindical la decisión de ir a la huelga, o de realizar cualquier otra movilización en la que se quiere implicar al mayor número de personas, no es fruto de la mente clarividente de unas elites sindicales, sino el resultado de la conciencia y la acción de los trabajadores y trabajadoras. Por ello una tarea fundamental, previa a cualquier otra, debe ser la de informar y concienciar. En el caso de convocatorias unitarias, se debe evitar esta forma sumaria de convocar huelgas y tratar de llevar a los otros sindicatos a procesos asamblearios conjuntos que consigan la mayor implicación de las personas trabajadoras en la toma de decisiones y en la organización de las movilizaciones. 
Por otro lado no podemos entender la huelga clásica como único medio de movilización. En estos años hemos impulsado movilizaciones que van desde la concentración en la puerta del centro de trabajo, a la hora del desayuno, la recogida de firmas o los bombardeos de correos electrónicos a determinadas direcciones.
Debemos mantener la mente abierta a nuevos modelos de movilización, cuyo objetivo fundamental, además de conseguir las mejoras que demandan los trabajadores y las trabajadoras frente a la patronal y la administración, es también demostrar el seguimiento y el apoyo a determinadas reivindicaciones. Y más en el caso de las Administraciones Públicas donde no hay una "patronal" a la que una huelga le suponga ninguna pérdida económica directa.
Es muy importante, en las movilizaciones desde los Servicios Públicos, tener en cuenta a la ciudadanía que pueda ser afectada y explicarle, de forma prioritaria, las razones que nos llevan a realizar las acciones decididas. Nunca deben convertirse en enemigos, más bien al contrario, deben ser un argumento más y un apoyo en defensa de nuestras reivindicaciones.
Otro aspecto a tener en cuenta es que las personas que decidan secundar una movilización deben ser conscientes de qué es lo que apoyan y cuáles pueden ser las salidas del conflicto. Incluso tienen que ser conscientes de que apoyan determinadas movilizaciones que no tienen una solución inmediata. Ser reivindicativos no significa llevar al personal a callejones sin salida, al menos sin su conocimiento y consentimiento. 
Tampoco se pueden utilizar las movilizaciones para luego firmar o conseguir beneficios que poco tienen que ver con los motivos iniciales del conflicto. Tiene que haber una relación directa y real entre los llamamientos a la movilización y los procesos negociadores y reivindicativos.

2.8. La unidad sindical.

La pretensión de lograr la unidad de los trabajadores y trabajadoras está en el origen del sindicalismo, y se ha manifestado desde entonces como uno de los símbolos más significativos de nuestro modelo. Trabajar por la unidad sindical requiere definir su significado, ya que todos los sindicatos aspiran, de alguna manera, a convertirse en la representación unitaria de los trabajadores y trabajadoras. 
Es necesario prestar atención preferente y continuada al logro de acuerdos concretos y formas de unidad de acción con el resto de los sindicatos que compartan unos mismos objetivos. Esto sólo puede realizarse desde el respeto a la representatividad de cada organización. Acordar la unidad de acción implica buscar puntos de encuentro, diálogo y flexibilidad. No resulta factible una unidad de acción en un clima permanente de descalificación y enfrentamiento.
Vincular el planteamiento unitario al componente asambleario implica concebir la unidad sindical como representación unitaria y directa de los trabajadores y trabajadoras en la que convive una diversidad de opciones sindicales. 
Trabajar por la unidad sindical implica un máximo respeto al pluralismo existente en La Confederación Intersindical y facilitar los medios para recoger, aclarar y debatir democráticamente las distintas posiciones que aparezcan en su seno para que no se transformen en actitudes sectarias que pongan en peligro esa unidad.
La unidad no debe plantearse sólo ante posiciones u objetivos específicos en los que se trabaja sectorialmente. La unidad sindical se tiene que hacer patente también en respuestas ante reivindicaciones laborales, generales o que afecten a otros sectores, y reivindicaciones globales que caminen hacia la consecución de un mundo más justo e igualitario. 
Desde La Confederación Intersindical debemos potenciar especialmente los marcos de relaciones intersindicales que ya están abiertos entre distintas organizaciones del sindicalismo crítico y reivindicativo. La unidad de acción, en estos casos, debe ser un acicate, en el trabajo por conseguir una alternativa sindical autónoma, confederal, asamblearia y reivindicativa en el Estado Español.

2.9. Sindicalismo feminista y paridad.

En un modelo sindical como el que estamos definiendo (sin profesionales) se da una dificultad añadida a tener en cuenta: la conciliación de la vida personal-familiar con la vida sindical. No en balde, la poca gente que hace trabajo sindical en determinados márgenes horarios es, fundamentalmente, personal con los hijos e hijas ya mayores o que no los tiene. El problema se agudiza cuando hablamos de las mujeres.
Nos encontramos con modelos sindicales donde los hombres ocupan la mayoría de los puestos con responsabilidad, y nuestra organización, tampoco es ajena a lo que ocurre en el conjunto de la sociedad.
Mantener formalmente la Organización de Mujeres y definirnos como un sindicato feminista no basta para corregir una realidad que nos dice que, con una mayoría de mujeres afiliadas, estas no llegan siquiera a ser la mitad de las personas que trabajan en la organización y representan nuestra opción.
Ser conscientes de ello nos lleva a definir políticas activas que posibiliten la formación y promoción de mujeres como cuadros sindicales de la Confederación Intersindical.
Debe asegurarse la paridad en todos los órganos de un sindicato que se defina como alternativo y feminista, como instrumento de visualización de la realidad de nuestra organización y del conjunto de las personas trabajadoras, de formación sindical específica hacia las mujeres y de corrección de esta situación a todas luces injusta.

3. LINEAS GENERALES DE NUESTRA ACCION SINDICAL

3.1. Contra la precariedad laboral.

La defensa del empleo estable y digno y la lucha contra las sucesivas etapas de la reforma laboral continuada que está obligando a sectores importantes de la población a trabajar sin derechos, tienen que marcar de forma determinante nuestra acción sindical.
La denuncia de las ETTs y de los contratos basura ha de ser una constante de nuestro trabajo. No podemos permitir que empresas o administraciones donde estemos, tengan personal en esas condiciones.
Hay que apostar por la consolidación de los puestos de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras que, día a día, vienen demostrando que están capacitados para ocuparlos. En muchos sectores de la producción y en las Administraciones Públicas, ingentes bolsas de personal interino indican que estos trabajadores y trabajadoras están sometidos a un alto grado de precariedad que supone muchas veces, la rotación de personas diferentes para un mismo puesto de trabajo. Para conseguir dicha consolidación, La Confederación Intersindical defiende sistemas de selección de personal que, cumpliendo los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad, valoren significativamente la experiencia laboral previa del personal temporal. Con esta finalidad, cabe establecer tanto procesos de carácter ordinario como extraordinario, en tanto subsista el actual grado de precariedad.
En cuanto a la participación de los sindicatos en los órganos de selección y de provisión de puestos de trabajo, estamos en contra de que realicen funciones de selección del personal pero sí defendemos que velen por el cumplimiento de estos principios, ejerciendo únicamente funciones de control. En su caso las personas representantes de La Confederación Intersindical deben seguir estas líneas de actuación. 
Mención aparte merece la situación de los trabajadores y trabajadoras de empresas dedicadas a realizar subcontratas, tanto en el ámbito privado como en las Administraciones Públicas, y cuyas condiciones laborales suelen acumular unas características de precariedad mayores aún que el personal temporal de las grandes empresas o la Administración.
Por otro lado, tenemos que estar vigilantes ante las continuas demandas de flexibilización del empleo que hacen las patronales y los poco neutrales organismos internacionales, a pesar de que todas las últimas reformas laborales han ido encaminadas a facilitar cada vez más el despido y a aumentar las subvenciones a la patronal. Lo que se pretende es generalizar la precariedad a todos los empleos, bajo el falso y repetido argumento de la competitividad.
No podemos olvidar a aquellas personas que no llegan siquiera a tener contratos precarios, "los invisibles", que carecen de contratos y de derechos sociolaborales básicos, carne de cañón de empresarios sin escrúpulos y que hoy en día sostienen una parte muy importante del crecimiento económico, de los servicios y de los cuidados.
No debemos permitir que se retroceda un escalón más en los derechos laborales y habrá que ser especialmente críticos con aquellos sindicatos que participen y acepten estos recortes. 

3.2. La defensa de los Servicios Públicos.

Un modelo social avanzado, justo y solidario conlleva la necesidad de tener unos servicios de calidad que cubran las necesidades de toda la población. Hay que potenciar estos servicios, transformando y mejorando sus estructuras en aras de una eficacia que no sólo conlleve la consolidación del nivel de prestaciones existente, sino que las amplíe cualitativa y cuantitativamente. Para ello es imprescindible mantener la titularidad pública de estos servicios como la mejor garantía para la superación de desigualdades mediante la universalización de los mismos. 
La titularidad pública debe asegurar la prestación de dichos servicios en todo los territorio y de forma igualitaria y también permitir el control público de su gestión. Una gestión democrática que asegure una capacidad real de decisión a la ciudadanía y a los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos. 
Las corrientes políticas conservadoras, que se extienden más allá de la derecha tradicional, dirigen un ataque al Estado Social mediante su deslegitimación alegando para ello que la gestión pública es deficiente. Hay que advertir que la medida de la eficacia debe obedecer al grado de satisfacción de las necesidades sociales mediante una correcta administración de los recursos. 
Los objetivos de la Administración pública no pueden traducirse en un incremento de las ganancias, sino en la redistribución equitativa de los bienes y servicios que se administran. Esta equitativa distribución debe basarse, en todo momento, en el mantenimiento de un sistema de impuestos directos progresivos, donde paguen más los que más tienen, frente al actual aumento de los impuestos indirectos. Así pues, una gestión pública es tanto más eficaz cuanto más claros estén los objetivos políticos y sociales y más y mejores medios intervengan, entre otros, una formación adecuada de un personal empleado público libre de toda servidumbre política.
Hay que hacer especial hincapié en la lucha contra los procesos de privatización que se están dando en los distintos servicios públicos. Estos procesos son de diverso carácter: externalización de servicios o de parte de ellos, concertación de servicios, gestión privada o gestión pública con criterios de rentabilidad económica...
Mucho cuidado hay que tener con aquellas propuestas que, en principio, pueden parecer mejoras laborales, pero que a la postre son flechas envenenadas contra los servicios públicos. Una de ellas es la continuada propuesta de cobrar salarios indirectos en forma de planes de pensiones privados. Otra , los procesos de promoción interna o de prejubilaciones, sin acompañamiento de ofertas de empleo que cubran los servicios que se quedan al descubierto.
Esta debe ser una de las banderas identificativas de La Confederación Intersindical, en su doble vertiente sindical y social: contra la precarización y el empeoramiento en las condiciones de trabajo del personal que trabaja en estos servicios y contra la pérdida de los servicios públicos universales como derechos.

3.3. Unas retribuciones que permitan una vida digna.

Eje central de nuestra actividad sindical es, sin duda, la reivindicación de aumentar la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras y más cuando en los últimos tiempos se está produciendo una pérdida continuada del valor real de los salarios.
Las Cláusulas de revisión salarial vinculadas a las subidas del IPC en cada territorio, son un buen instrumento para corregir la pendiente bajista de los salarios. 
La Confederación Intersindical no puede nunca firmar un acuerdo retributivo que deje las nóminas por debajo de la subida del IPC.
En aquellos casos donde haya pérdida acumulada del poder adquisitivo debemos demandar su recuperación mediante subidas superiores a las del IPC. Defendemos que estas subida reales de los sueldos se hagan de forma lineal entre todo el personal de la Empresa o Administración correspondiente. 
Consideramos imprescindible que el Sueldo Mínimo Interprofesional suba hasta un mínimo de mil euros, cantidad por debajo de la cual es imposible mantenerse dignamente en cualquiera de nuestras ciudades.

3.4. Contra las divisiones entre las personas trabajadoras.

El paro, la competencia por los puestos de trabajo, la puja a la baja que fomentan los empresarios, las distintas condiciones que se dan para un mismo puesto de trabajo... generan en no pocas ocasiones tensión. 
Es un deber, desde nuestra alternativa sindical, la lucha por evitar enfrentamientos entre las personas trabajadoras, en paro u ocupadas, ya sea dentro en una misma empresa o administración o en un mismo sector. Todas estas disputas debilitan enormemente al propio movimiento y desvía las reivindicaciones hacia quienes no son los culpables de las situaciones que casi siempre tienen que ver con la escasez del trabajo en buenas condiciones.
En el Empleo Público, algunas de estas diferencias son provocadas desde la mismas Administraciones (ahora justificadas con el nuevo Estatuto Básico) y son un objetivo a destruir por nuestra parte: salarios distintos para puestos iguales, reparto injusto de lo que llaman productividades, ofertas públicas muy escasas, falta de transparencia en la promoción, la movilidad o el acceso al empleo, clientelismo político (aunque también existe el sindical) alta tasa de interinidad que mantiene en precario a unas personas y las enfrenta a otras que desean ocupar sus puestos... 
No siempre es fácil hallar posiciones que eviten el enfrentamiento entre grupos. Tener criterios generales claros, que puedan ser asumidos por el conjunto de trabajadores y trabajadoras, para ser aplicados en los casos de conflicto, puede ayudar. Y desde luego, evitar cualquier criterio que provoque diferencias y agravios comparativos en cualquier aspecto.

3.5. El reparto del trabajo.

Trabajar menos para trabajar todos y todas. La Confederación Intersindical defiende la reducción generalizada de la jornada laboral a 35 horas semanales sin reducción salarial como primer paso para conseguir el reparto del empleo.
Rechazamos las horas extraordinarias en la jornada laboral de los trabajadores y trabajadoras. El número de horas extras debe servir para calcular el número de nuevos puestos de trabajo que deben ofertarse. En caso de necesidad las horas extras deben canjearse por tiempo libre y no para completar sueldos deficientes en su base. 
En la Administraciones Públicas estamos en contra del horario especial de 40 horas. Deben adecuarse fórmulas, para aquellos servicios públicos que deban atenderse en horarios que no sean los comunes de la jornada laboral, asegurando turnos que no superen en ningún caso las 35 horas.

3.6. Democracia y Derechos sindicales.

Ante la centralización de la negociación colectiva y la sustitución de los delegados y delegadas por las cúpulas de las grandes organizaciones sindicales, defendemos que haya competencias de negociación real y de gestión, en su ámbito, para las Juntas de Personal y para los Comités de Empresa, representantes directos de los trabajadores y trabajadoras.
La Confederación Intersindical defiende el derecho a la negociación colectiva para los empleados y las empleadas públicas y el establecimiento por ley de la obligación de la Administración al cumplimiento de los acuerdos. 
Estamos contra la centralización de los marcos de negociación y el favorecimiento de las grandes centrales sindicales que provocan la LOLS, la Ley de Patrimonio Sindical, la Normativa de Elecciones sindicales y los Acuerdos Interconfederales entre la Administración y UGT/CC.OO. (también CSI-CSIF en el caso del personal empleado público). Este marco legal encumbra y prima unas opciones sindicales y limita y discrimina a otras.
La Confederación Intersindical defiende que el porcentaje para la consideración de sindicato más representativo a cualquier nivel (territorial o funcional) sea del 5%. El número mínimo de representantes, para sindicatos de ámbito autonómico, para acceder a la condición de sindicato más representativo a nivel estatal en determinados ámbitos generales de representación no debe ser superior a ese 5% de delegados y delegadas. Así mismo exigimos la reforma de la LOLS y LORS en el sentido de suprimir la exigencia de tener 1500 delegados en una Comunidad Autónoma para tener la condición de más representativo, entre otros aspectos.
Defendemos el derecho a la concesión del patrimonio sindical acumulado y la devolución del patrimonio sindical histórico y el derecho a obtener cesiones temporales del uso de inmuebles patrimoniales públicos para aquellos sindicatos que sean representativos en función de los criterios anteriores. Nos sentimos tan herederos del patrimonio sindical, cuando no más, que aquellas organizaciones que lo único claro que mantienen son las siglas.
La Confederación Intersindical reivindica unos espacios socioeconómicos propios, en cada uno de los territorios del Estado Español, que deben incluir las negociaciones de convenios autonómicos de sector. Dichos marcos laborales autonómicos favorecen un modelo de negociación más próxima a la realidad laboral y económica de cada territorio, permitiendo extender las mejoras conseguidas en las grandes empresas a aquellos otros colectivos y empresas que no tienen posibilidad real de negociación colectiva. Por ende, dificultaría la implantación de un modelo sindical y de negociación burocratizado, centralizado y alejado de los trabajadores y trabajadoras, en beneficio de un mayor control de éstos sobre sus representantes en la negociación. Con este modelo, habrá una mayor proximidad de los dirigentes sindicales a las circunstancias económicas y sociales, a las necesidades de empleados y empleadas y, por tanto, a sus reivindicaciones concretas, no únicamente a causa de la proximidad física, sino por el conocimiento del contexto social, político y económico de cada Territorio, aspectos todos ellos que afectan el modo y la calidad de vida de la ciudadanía.

3.7. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Especial importancia debe tener, en nuestra acción sindical cotidiana, la reivindicación de medidas que posibiliten la Conciliación. Estas peticiones tienen mucho que ver con nuestro carácter feminista pues no es nada nuevo ni aventurado afirmar que muchas de las tareas que tienen que ver con la vida familiar (cuidado de personas mayores y/o discapacitadas, de niños y niñas) recaen fundamentalmente sobre las mujeres. También deben exigirse medidas para que los hombres puedan desarrollar estas facetas y que no se vea como natural que sean las mujeres las beneficiarias de estas medidas como continuación de su papel en la división sexual del trabajo. 
Al contrario se trata de que las mujeres puedan incorporarse al mundo laboral y que se le facilite a los hombres la asunción de tareas domésticas y familiares.
No todas las medidas se pueden conseguir en el ámbito de la Empresa o la Administración donde se trabaja. Muchas de ellas están relacionadas con los servicios públicos necesarios para un correcto desarrollo de la actividad laboral de toda la población: escuelas infantiles, comedores escolares, residencias de personas mayores, centros ocupacionales...
No sólo forma parte de nuestra vida personal el cuidado de otras personas, también el cumplimiento de nuestros anhelos vitales, de salud, laborales y formativos, y para eso también se deben adoptar medidas.

3.8. Salud laboral.

La Salud Laboral debe ser un área prioritaria de trabajo. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales está lejos de ser cumplida y supondrá buena parte de nuestros esfuerzos el que lo sea.
En el análisis de las condiciones de trabajo ha de ocupar un lugar privilegiado la valoración de los riesgos laborales y las posibles soluciones, tanto a las situaciones de riesgo como a los efectos ya causados por enfermedades y accidentes laborales.
La constitución y actuación de los Comités de Seguridad y Salud, las evaluaciones de riesgos en todos los centros de trabajo, la formación en materia de prevención de riesgos laborales, la atención sanitaria directa en los propios centros, la adaptación de los puestos de trabajo, la movilidad por motivos de salud laboral, entre otros asuntos, tienen que ser parte fundamental del trabajo cotidiano de nuestra secciones sindicales.
A otro nivel, se debe conseguir el cambio de orientación del tratamiento de la Vigilancia de la Salud, de manera que atienda el conjunto de daños ocasionados por el trabajo y supere el anacrónico (y raquítico) cuadro de enfermedades profesionales.
Hay que prestar especial atención a los casos de violencia, mobbing, burnout, etc. tanto a nivel individual, como promoviendo el reconocimiento y la prevención de estas lacras a nivel colectivo.
Desde La Confederación Intersindical deben seguir las campañas de información y los programas de formación específica en este campo.

3.9. Una condición ciudadana plena.

Existen en nuestra sociedad personas y colectivos cuyos derechos ciudadanos se ven limitados en la práctica a la hora de ejercerlos. Ello afecta de forma importante a las relaciones laborales, aunque estas limitaciones no son exclusivas de este campo, sino que extienden sus perniciosos efectos a multitud de ámbitos sociales. Así, las mujeres, las personas inmigrantes, las que buscan su primer empleo básicamente personas jóvenes , las que padecen de forma crónica la situación de paro, las personas mayores, las que tienen antecedentes penales, personas con dificultades de integración social, las que tienen algún tipo de adicción o las personas discapacitadas tienen mucha mayor dificultad para integrarse en el mercado laboral y, por lo tanto, poder desarrollar con menos trabas su condición de ciudadanos y ciudadanas.
No nos referimos sólo a derechos laborales, nos estamos refiriendo a derechos sociales básicos como los reconocidos en la Carta de los Derechos Humanos o derechos democráticos como el derecho a voto de las personas inmigrantes que lleven cierto tiempo en estos territorios.
La constatación de la existencia de dichas discriminaciones conduce a La Confederación Intersindical a perseguir la igualdad de todas las personas y a rechazar mediante su acción sindical y su participación en plataformas unitarias cualquier forma de marginación, discriminación o segregación.
Una de las demandas últimamente hechas desde diversas organizaciones sociales, y a la que nos sumamos, es la de una renta básica universal, que permita a todas las personas sin ingresos, por un motivo o por otro, tener cubiertas sus necesidades básicas.

3.10. Los movimientos sociales y nuestras propuestas sindicales.

No podríamos decir que representamos una corriente alternativa de pensamiento si no incorporamos a nuestro discurso sindical reivindicaciones que no forman parte del acervo histórico de los sindicatos pero que surgen del modelo actual de producción y consumo y del reconocimiento de las relaciones desiguales entre nuestras sociedades opulentas y las del mundo empobrecido. A veces el movimiento sindical se ha opuesto a otras reivindicaciones populares desde un estrecho margen de miras (defensa de mi puesto de trabajo) y asumiendo peligrosos puntos de vista promovidos desde el desarrollismo, el militarismo o el racismo (por poner tres ejemplos de los derroteros que han tomado a veces algunas organizaciones sindicales). 
Lejos de querer instrumentalizar los movimientos sociales y respetando su independencia y su pluralidad, al igual que lo pedimos para nuestra organización, la Confederación Intersindical debe ser útil para apoyar, transmitir y aumentar, si cabe, las demandas de aquellos movimientos sociales que luchan por un mundo más justo e igualitario, por un mundo habitable para las generaciones futuras. 
Nuestra concepción del sindicalismo nos hace adoptar como trabajo cotidiano y obligatorio la participación en plataformas unitarias, la difusión de convocatorias de las organizaciones sociales, la cesión de infraestructura y el apoyo económico. Debemos ser una organización más en el tejido de una red de movimientos alternativos en el conjunto del Estado Español.
También debemos incorporar a nuestras reivindicaciones sindicales las demandas que provienen desde estos espacios. Algunas propuestas propias desde esta visión del sindicalismo alternativo son:
La denuncia de la militarización de la producción y de la investigación en el Estado Español. No aceptamos que se creen puestos de trabajo en torno a la fabricación de armas en nuestras industrias o a la investigación armamentística en nuestras universidades y centros de investigación. Pedimos la reconversión civil de todos estos centros en una dirección que atienda las necesidades sociales y ambientales del mundo en que vivimos.
Tampoco aceptamos el mantenimiento de industrias que despilfarran recursos naturales o ponen en peligro el medio ambiente y la salud de las personas. Nuestra acción sindical en empresas de este tipo se basa en la defensa de adopción de procesos de producción no contaminantes y de medidas de seguridad ambiental en aquellas en que puedan aplicarse. En aquellas donde el impacto ambiental sea inherente a la propia actividad, como en las centrales nucleares, debemos luchar para la paralización de la misma y la recolocación laboral.
Estamos en contra del intercambio desigual con otros países del mundo. Denunciamos a aquellas industrias que utilizan mano de obra esclava en países empobrecidos para reducir costes laborales. No queremos basar nuestro crecimiento económico a costa de los recursos naturales y humanos de otros pueblos. 
Para aquellas personas que vengan al Estado Español con la intención de mejorar su calidad de vida, huyendo de la pobreza a la que las hemos condenado desde el mundo enriquecido, defendemos la igualdad total en derechos sociales y laborales, entre otros el acceso a cualquier tipo de trabajo incluido el acceso a la función pública o a la participación democrática.

3.11. La Extensión a otros sectores.

La intención, con la que se ampliaron los ámbitos de actuación de esta organización, fue la de conseguir un paraguas sindical que pudiera ser útil al conjunto de personas trabajadoras de todos los territorios. En todos los sectores productivos.
Ese sigue siendo el objetivo. Debemos preparar las estructuras de La Confederación Intersindical para posibilitar la coordinación de la acción sindical en otros sectores, de tal manera que se respeten las opciones y velocidades de las distintas realidades. Puede suceder y debemos favorecer, tanto que se ahonden relaciones con colectivos sindicales similares al nuestro, como que se afilien y organicen trabajadores y trabajadoras de otros sectores.
Aunque no se coincida al 100 % en todo, lejos de ver la diferencia como un problema, debemos asumirla como un reto. No todo el mundo viene de la misma tradición laboral, sindical o política. La unidad y el conocimiento mutuo avanzan lentamente pero se logran con la convivencia, el intercambio diario de opiniones y propuestas, con la toma de decisiones conjunta y debatida sin prejuicios. 
No hay muchos secretos más: compartir las bases esenciales del modelo sindical, la franqueza y el deseo de unidad. 
Otras organizaciones tienen mucho que aprender de la nuestra, pero lo mismo sucede en el sentido contrario. Hay personas que han vivido la mala experiencia de las burocracias sindicales y no pretenden precisamente repetirla. En algunos casos, entre los colectivos de personas que se nos acercan, hay hábitos y comportamientos que, lejos de ser negativos, deben ser asumidos por nuestra parte como enriquecimiento y aportación al modelo sindical. 
En definitiva, La Confederación Intersindical debe ser útil para estructurar respuestas sindicales globales desde el sindicalismo alternativo. Para conseguir esta adaptación es necesario adecuar nuestros recursos y estar en condiciones de invertirlos en el trabajo de ampliación.

4. ORGANIZACIÓN DE MUJERES: 
UN LARGO CAMINO RECORRIDO, OTRO POR RECORRER.

4.1. Introducción.

En los últimos años, se ha desarrollado, tanto en Europa como en nuestro país, una creciente actividad institucional y legislativa que ha tenido como objetivo abordar las desigualdades entre mujeres y hombres y las dificultades específicas con las que se encuentran ellas para integrarse de forma plena e igualitaria en el tejido laboral, político y social. Esta actitud ha estado impulsada por el eslogan feminista de "lo personal es político" y ha obligado al Estado a desarrollar políticas públicas respecto a cuestiones que durante mucho tiempo se consideraron propias del ámbito privado y, por lo tanto, ajenas a la intervención institucional. En otras palabras, el legislador se ha enfrentado con el problema de la vida privada como posible fuente de discriminación y opresión para las mujeres y también con la discriminación que sufrimos respecto de los hombres en la vida laboral. Los obstáculos que nos encontramos tanto en la vida privada como en la pública suponen una barrera para la adquisición de nuestra autonomía y realización personal .A todo ello hemos de sumar la difícil conciliación de la vida familiar con la vida laboral y la actividad pública.
En conclusión las mujeres hemos ido adquiriendo en los últimos tiempos derechos sociales a los que antes no podíamos aspirar, gracias a nuestra incorporación masiva al mercado de trabajo, a la labor de los movimientos feministas y a la actividad de las organizaciones de mujeres dentro de las organizaciones sindicales y políticas de izquierda. Así los llamados Estados de Bienestar se han visto obligados a asumir determinadas cargas asistenciales, o dicho de otra manera, construir el llamado cuarto pilar del Estado de Bienestar. Podemos afirmar, pues, que las mujeres hemos cambiado la agenda sindical y política en los últimos 20 años al introducir todos estos temas en las mesas de negociación y en los convenios colectivos provocando con ello ciertas reformas irreversibles en los programas de bienestar. 

4.2. Por un trabajo sindical compartido. 

La Confederación de STES-Intersindical también se ha hecho eco - al definirse como feminista en sus estatutos y considerar la prioridad y el carácter transversal del área-, de que es necesario luchar contra las discriminaciones a las que están sometidas las mujeres en el campo laboral, profesional y jurídico. Ahora bien aunque nuestra organización se declara feminista esta declaración no pasará de ser una declaración formal mientras que no se haga efectiva en el día a día, y esto sabemos que no se hace. Si se quiere una igualdad real y ser coherente con ese principio, se tienen que desarrollar los mecanismos necesarios para que la perspectiva de género impregne todos nuestros discursos y acciones. La apuesta por construir un espacio sindical a la medida de hombres y mujeres exige una reflexión honesta y crítica, situando esta cuestión entre las prioridades y considerándola un asunto de todos y no sólo de mujeres. Requiere apertura y flexibilidad para poner en cuestión modelos caducos e ineficaces para la transformación de una sociedad diversa y plural, valentía para afrontar el riesgo de una renovación profunda de las estructuras, y reconocimiento de la relevancia de su trabajo específico dentro de la acción sindical.
Consideramos que, pasados los últimos procesos congresuales, y para afrontar la nueva etapa que ahora comienza, debemos plantearnos en qué aspectos se hace necesario tomar medidas de adecuación a nuevas exigencias, tanto sindicales como sociopolíticas. En el campo de la distribución equitativa de las responsabilidades entre hombres y mujeres, hace falta plantearse como conseguir la igualdad que se espera de una organización como la nuestra. Nuestra organización es mayoritariamente femenina pero como en la mayoría de las organizaciones mixtas, la presencia de mujeres ha sido, y es, bastante más amplia en las bases que en los órganos de gestión y representación. Esta realidad, que es histórica, no cambiará si no tomamos decisiones que modifiquen las relaciones, las condiciones en las cuales se toman las decisiones y la vida cotidiana de la organización. La escasez de mujeres en los órganos de representación y decisión de nuestro sindicato implica una pérdida de riqueza y de aportaciones de otras formas y maneras de mirar, de hacer y de relacionarse, además de no poder contar con la participación de la base mayoritaria de la afiliación. Las mujeres y los hombres de nuestra organización hemos de asumir que la escasa presencia y participación de mujeres en la gestión del sindicato y en los órganos de decisión es una deficiencia que hemos de autocriticarnos para estar en disposición de proponer acciones positivas que nos ayuden a corregir esta situación. Si no lo hacemos así, puede parecer que aceptamos como "normal" que las mujeres no estén en la vida sindical.
Nos parece importante empezar por reflexionar sobre las causas de la escasa participación de las mujeres en la política en general y en nuestro sindicato en particular. Estas causas son tanto externas como internas. En cuanto a las externas, podemos citar el diferente reparto de las tareas del hogar, el cuidado y educación de hijas e hijos, así como la atención a los mayores. También un proceso de socialización diferenciado que hace que las mujeres valoremos más nuestra vida afectiva y personal que la promoción laboral y la representación social. En cuanto a las causas internas, podemos decir que la mayoría resultan ,a veces, invisibles y, por esto, difíciles de concretar. Es una evidencia que aprendemos de los modelos existentes, imitamos a las personas de las cuales hemos aprendido y que han sido nuestro punto de referencia. En este sentido, podemos decir que los modelos existentes, en el espacio sindical, al igual que en el político, son masculinos. Las mujeres han aparecido y, sobre todo, desaparecido del panorama sindical con facilidad. No es fácil para una mujer crearse un espacio en la vida pública, en la vida sindical. Nuestro sindicato no escapa a esta realidad. Es posible que la interrelación mujeres-poder-organizaciones no resulte satisfactoria. Haría falta empezar por negociar con la totalidad de la organización un código para la práctica sindical que garantice una igualdad de oportunidades en el interior de la Confederación y de cada uno de los sindicatos que la componen. Nos referimos a la estructura de las reuniones, a los horarios, a las intervenciones, a las formas de relación....

4.3. Nuestros objetivos.

Debemos plantearnos como potenciar la participación de las mujeres en las tareas de gestión del sindicato: al elegir nuevas permanentes sindicales, delegadas en las Juntas de Personal y en las empresas, representantes en el Consejo nacional y, en los Consejos Escolares Municipales, delegadas de centro, pueblo, zona escolar, etc. Conseguir la representación igualitaria de mujeres y hombres en el máximo órgano de representación del sindicato, el Secretariado Confederal. Hay que adecuar las actividades, la gestión y el nivel de participación de los sindicatos para posibilitar esta incorporación, pues las mujeres no se pueden incorporar a una organización en la cual las relaciones establecidas entre las personas no cuentan con las realidades de todas ellas. Para conseguir estos objetivos, hace falta emprender acciones positivas en determinados ámbitos: por ejemplo, cambios en los estatutos, para incorporar las propuestas citadas anteriormente, a saber: Incorporación progresiva y representación equilibrada de mujeres y hombres en la estructura de nuestro sindicato, tal como lo marca la nueva ley de Igualdad . Debemos ser ejemplo de aquello por lo que luchamos, en concreto, la ley de Cuidado de las personas dependientes y la mencionada ley de Igualdad.

Para conseguir los objetivos planteados es imprescindible el desarrollo de programas y de formación feminista: Relacionados con la igualdad de oportunidades, además del conocimiento y entendimiento de los aspectos y los hechos relacionados con la discriminación. Se hace necesario proporcionar técnicas de aumento de confianza, seguridad y autoestima. Orientados al cambio de actitudes a través de la formación y la educación. Para lo cual se realizarán escuelas de formación para mujeres sindicalistas, cursos, conferencias, talleres de trabajo y seminarios con el fin de formar responsables sindicales o de proporcionar información sindical. Además se podrá proponer una formación específica para mujeres en aquellos aspectos que el área de la mujer determine. Así mismo es necesario que los hombres que componen nuestra organización reciban también formación en igualdad de género.
Teniendo en cuenta que dónde se concreta la participación y se toman las decisiones es en las asambleas,, secretariados etc.. hace falta una formación, para hombres y mujeres, que permita aumentar la participación de las mujeres en las reuniones.. Hace falta decir no a las reuniones maratonianas y fuera de horario: si no se acaba se continúa al día siguiente; centrar los temas y aspectos concretos a tratar; moderar las intervenciones, poner límite al uso de la palabra, no repetirnos para facilitar la intervención de más personas y así enriquecer la discusión .Es necesario también que en jornadas, congresos y reuniones de todo tipo se contemple la necesidad ineludible de proveer de un servicio de guardería que posibilite la participación tanto de mujeres como de hombres que tengan a su cargo menores de edad. También se puede contar con los servicios de cooperativas (posiblemente de mujeres, en la mayor parte de los casos) que facilitan la atención a las personas dependientes de las cuales nos hemos de ocupar.
La base de nuestro sindicato es la participación, las decisiones colectivas. Frente a una desconfianza generalizada en la necesidad de lo colectivo y en las decisiones compartidas, nuestra confederación siempre ha apostado por la participación, sabemos que una persona puede hacer poco individualmente, necesita de un grupo de apoyo, saber que cuenta con sus compañeros y sus compañeras. Por esto hace falta que la Confederación reflexione sobre aspectos que, si bien tienen un interés general, también contribuirán a la participación de más mujeres,. Debemos concretar y materializar la participación. 

4.4. Líneas de acción sindical feminista.

Respecto a nuestra intervención en el ámbito sociolaboral creemos que las líneas de trabajo prioritario que debe asumir la Confederación son las siguientes:
-La lucha contra la precariedad laboral que afecta fundamentalmente a las mujeres
-La reivindicación del reconocimiento social de los trabajos de cuidados, realizados fundamentalmente por mujeres, y la exigencia en todos los foros (mesas de negociación, convenios, etc…) de que se arbitren medidas para que estos trabajos sean compartidos por igual entre los dos sexos. Así como la exigencia de revisar y en su caso retirar el artículo 18 de la Ley de Autonomía personal y atención a las personas dependientes que supone una puerta abierta para seguir dejando instaladas a las mujeres en los trabajos de cuidados. Se deben reclamar servicios de atención gratuítos y públicos a las personas dependientes, horarios de trabajo más cortos y flexibles para quienes los soliciten, sin que ello repercuta sobre el salario y las pensiones.
- Exigencia de que haya igualdad real de oportunidades en la promoción laboral y política de las mujeres.
-Compromiso de la Confederación de estar en primera línea en cuanto a la sensibilización y propuestas para combatir la dolorosa lacra de la violencia de género.
- Continuación del trabajo unitario con las mujeres de los sindicatos de izquierda. 
Todas estas líneas de trabajo deben realizarse y presentar el resultado tanto en el ámbito local y autonómico como estatal.
Y para terminar se deben evaluar tanto las medidas que se tomen en el interior de la organización como fuera de ella para asegurar la consecución real de la igualdad. Asimismo se debe tener en cuenta el impacto de género que tienen sobre hombres y mujeres las distintas medidas adoptadas y exigirlas tanto en la organización como en todas nuestras reivindicaciones en mesas de negociación.
Hay que tener conciencia de que en un Estado como el nuestro en el que predomina una ideología familiarista y católica es necesario seguir luchando para mantener y desarrollar la expansión de los servicios sociales de forma sustancial y ambiciosa y nuestra confederación debe ser pionera en ello.

5. SALUD LABORAL.

Dada la trayectoria de trabajo y la relevancia del Área en la acción sindical intersectorial, se hace necesario establecer una coordinación de actuaciones en materia de salud laboral intersectorial y una específica en el caso de enseñanza. Así mismo, es necesario dar carta de naturaleza y reconocimiento al grupo de trabajo representativo del Área de Salud Laboral intersectorial, ya que gran parte de los sindicatos tienden en la actualidad a convertirse, si es que no lo son ya, en intersindicales. En este sentido, conviene situar al área de Salud Laboral considerándola como Área intersectorial de la Intersindical.

Planteamos una visión general, en esta ponencia, sobre la salud laboral respecto a la justificación, el análisis, las dificultades y las propuestas de avance, que tienen mayores desarrollos y concreciones en los anexos que añadimos.

5.1. La salud laboral y la acción sindical.

En primer lugar, debemos felicitarnos como organización por el hecho de que la Salud Laboral ocupe el lugar que le corresponde en este congreso. Supone un compromiso político, social y sindical de nuestra organización por la mejora de las condiciones laborales. Si bien es cierto que como ponencia singular, la salud laboral es la primera vez que aparece como tal en uno de nuestros congresos, no es menos cierto de que se trata de la culminación de un proceso de concienciación y trabajo que ha venido teniendo lugar desde antes del VIII Congreso Confederal a través de la acción sindical en la Confederación de STEs-Intersindical y en sus sindicatos. Optamos por que la Salud Laboral se convierta en una opción firme, continuada y preferente para expresar nuestro sindicalismo y el compromiso con los trabajadores y trabajadoras. No hacerlo, sería tener una visión muy limitada y raquítica de la acción sindical en una de las cosas que más importa hoy a los trabajadores y a las trabajadoras: su seguridad y salud en el trabajo.
En este sentido, el trabajo debe ser un espacio de bienestar personal y colectivo y debe ayudar a crecer a los trabajadores y trabajadoras física, psíquica y moralmente. Se hace necesaria y generalizada, por tanto, la extensión de la cultura preventiva en todos los ámbitos laborales.

5.2. La cruda realidad.

No es una tarea fácil, dado que los intereses del poder político y empresarial, y en ocasiones, de las organizaciones, van en otra dirección. 
- La valoración de la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras, todavía hoy, no se aprecia suficientemente si hacemos caso a los hechos y a la aplicación de la Ley de Prevención por parte de administraciones y empresas; o incluso se minusvalora como prioridad política, de facto, en muchas organizaciones en mano y boca de sus representantes, que han interiorizado muy sorprendentemente la contradicción que supone el lenguaje político correcto en materia de salud con la toma de decisiones en este ámbito. Los datos están ahí. En el primer caso, son los accidentes mortales que recurrentemente nos golpean la conciencia, y en el segundo es la falta de presencia de la salud laboral en los espacios políticos y de recursos en las organizaciones. En la parte que nos toca, estas contradicciones es necesario que se resuelvan. Este congreso puede ser una buena oportunidad.
- La falta de compromiso en abordar de manera seria y con todas sus consecuencias los llamados "riesgos emergentes", el estrés, la violencia laboral en todas sus formas (física, verbal, organizacional...) la exposición a campos electromagnéticos, las enfermedades músculo-esqueléticas, los riesgos referidos a la convivencia interpersonal (ejercicio de poder abusivo -bossing-, malos tratos entre iguales -mobbing, bullying-, conflictividad relacional...). Estas dudas, si bien alimentadas a veces por las dificultades que supone su abordaje, en muchas ocasiones suenan a excusas y a falta de voluntad política, y comprobamos que cuanto más tiempo pasa sin abordarse estos riesgos, más evidentes se están haciendo sus consecuencias en el malestar y en la salud de los trabajadores y trabajadoras. 
- La ausencia de una cultura preventiva y de una gestión integrada de la prevención en las Administraciones Públicas y en la mayoría de las empresas, a pesar de la normativa legal y las recomendaciones que se hacen desde diferentes instancias, como la Agencia Europea de Seguridad y Salud o el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, sobre las ventajas de la prevención de cara a ahorrar gasto público y vidas humanas en los centros de trabajo. 
- La tozudez de los datos cada año sobre muertes en accidentes laborales nos dicen que no estamos avanzando en la mejora de las condiciones de seguridad y preventivas.

5.3. Nuestra organización no lo acepta.

Tenemos razones para negarnos a aceptar estas situaciones y otras que amenazan la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras:
- Porque la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus posteriores desarrollos vigentes en nuestro país son instrumentos potentes que deben desarrollarse plenamente y aplicarse de forma contundente para hacer posibles sus objetivos.
- Porque las consecuencias del trabajo no tienen por qué ser negativas para la salud de los trabajadores y trabajadoras. Recibimos un salario por el trabajo que hacemos y no por comprometer nuestra salud.
- Porque con el trabajo realizado durante estos años, de alguna forma, hemos contribuido a modificar algunas de las situaciones más dañinas entre los trabajadores: con la puesta en marcha de comités de seguridad y salud y de servicios de prevención, la modificación del cuadro de enfermedades profesionales... La acción sindical ha servido para avanzar.
- Porque tenemos muchos delegados y delegadas de prevención trabajando en los Comités de Seguridad y Salud empeñados en hacer cumplir a la Administración y a las empresas la Ley de Prevención a través del diálogo, la denuncia y la reivindicación. Ellos y ellas han hecho posible hacer llegar al conjunto de trabajadores y trabajadoras y a la sociedad el mensaje de la Confederación en materia de Salud Laboral con información y a través de la formación. Nuestras publicaciones confederales y revistas sindicales han llevado el mensaje: el Clarión, los monográficos del 28 de abril, los números 1 y 2 de Cuadernos de los STEs, han hablado de accidentes laborales, riesgos psicosociales, violencia en el trabajo, jurisprudencia y prevención, riesgos emergentes, perspectiva de género en salud laboral... Una multitud de temas que nos han preocupado a todos y todas. Con nuestras campañas hemos llegado a los centros de trabajo: "por la mejora de la Salud Laboral, exige que se cumpla la ley de prevención", "por el reconocimiento de las enfermedades profesionales", "contra la violencia en el trabajo"... 

5.4. Debemos avanzar.

En la medida de nuestras posibilidades debemos reunir esfuerzos para conseguir avanzar en:

5.4.1. Cumplimiento efectivo de la Ley de Prevención
La ley es el marco normativo que obliga a las empresas y a las administraciones públicas a consultar a los trabajadores y trabajadoras en las materias de prevención de riesgos laborales referidas a la organización y planificación del trabajo, la protección de la salud y la prevención, la formación en materia preventiva, la designación de las personas encargadas de las medidas de emergencia, los procedimientos de información y documentación o de otras acciones que puedan tener consecuencias sobre su seguridad y salud.
Otras posibilidades que brinda la ley son hoy todavía claramente minimizadas y poco desarrolladas por parte de la Administración y las empresas. Las competencias y posibilidades de los delegados de prevención, la existencia de los delegados de salud en los centros de trabajo, la formación de los trabajadores/as en su horario laboral, las condiciones y funcionamiento para los comités de seguridad y salud en todos los sectores, son hoy día más claramente exigibles. 

5.4.2. Generalizar a todos los centros de trabajo la evaluación de riesgos y la planificación de las medidas preventivas
Identificar los riesgos debe permitir hacer prevención. Aún cuando queda mucho porque se produzcan las evaluaciones iniciales de riesgos. En esto tenemos que avanzar:
- Riesgos derivados de condiciones de trabajo inadecuadas: instalaciones deficientes, condiciones climáticas inadecuadas, ruido, iluminación y ventilación.
- Los derivados de las condiciones de precariedad e inestabilidad laborales y condiciones de trabajo adversas.
- Los derivados de manipulación de máquinas e instalaciones eléctricas.
- Los derivados de la manipulación de sustancias tóxicas.
- Los derivados de la convivencia laboral y los factores psicosociales de riesgo y violencia en el trabajo.
- Los derivados de los esfuerzos musculoesqueléticos y desgaste físico humano.

5.4.3. Mejorar la participación de los trabajadores y trabajadoras en la toma de decisiones referidas a sus condiciones de trabajo y salud y seguridad laborales. 
Quienes saben de condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo son los trabajadores/as que están en ellos.
- Se deben hacer llegar sus experiencias laborales y vitales a través de los coordinadores/as de centro de trabajo y los delegados/as de prevención, hasta los ámbitos de toma de decisiones, para establecer las medidas preventivas que propongan.
- De igual forma, que reciban los responsables de los centros el asesoramiento técnico suficiente para la elaboración de los planes de autoprotección.
Es importante impulsar mecanismos tecnológicos, a través de la web o el correo electrónico, para facilitar esa comunicación y participación.

5.4.4. Potenciar la orientación de género en la planificación de las medidas preventivas.
Se hace necesario relacionar la legislación dispersa y las actuaciones al respecto para visualizar la necesidad de un enfoque integral en este sentido, donde confluyan en la salud laboral de las mujeres, la prevención, la protección a la maternidad, la visión de género en salud, los efectos de su doble jornada laboral, los efectos de la conciliación de su vida laboral y personal, el cargo de su responsabilidad con las personas dependientes, las aportaciones y las diferencias de género en los problemas de convivencia laboral, etc. 

5.4.5. Ofrecer modelos preventivos saludables en la propia organización.
Comprometer a la organización a adoptar modelos saludables de convivencia laboral y salud organizacional fomentando la participación de los trabajadores/as y la puesta en marcha de protocolos de abordaje de situaciones. La evaluación de riesgos de los puestos y las sedes es fundamental en este sentido.

5.4.6. Potenciar campañas de sensibilización y reivindicación en Seguridad y Salud Laboral.
Dada la importancia de las campañas de Salud Laboral llevadas a cabo por la Confederación de STEs-Intersindical en estos últimos años, se hace necesario impulsar otras que sensibilicen y consigan mejorar las condiciones en otros ámbitos. 

5.4.7. Mejorar el modelo de vigilancia de la salud y enfermedades profesionales. Avanzar en la consideración de los riesgos psicosociales de las trabajadoras y trabajadores.
Es necesario mejorar el sistema para el reconocimiento de enfermedades profesionales hasta lograr un sistema de listas abiertas y situar los riesgos psicosociales en la importancia que tienen, fomentando sistemas de evaluación específicos en cada puesto y programas preventivos generales y sobre colectivos específicos, así como un sistema de adaptación de puestos de trabajo.

5.4.8. Profundizar en los problemas derivados de la convivencia laboral y escolar y de la violencia en los contextos laborales.
Va a ser un reto en las próximas décadas encontrar mecanismos y acuerdos para erradicar la violencia y su ejercicio de los entornos laborales y encontrar fórmulas de convivencia positiva en los centros de trabajo.

5.4.9. Potenciación de los cuadros sindicales, en Salud Laboral, en la propia organización en sus diferentes niveles.
Es necesario avanzar para responsabilizar y singularizar a personas dentro de cada sindicato, y confederalmente, en responsabilidades y tareas de salud laboral, que extiendan la cultura preventiva y formativa en el seno de la organización y trabajen sindicalmente en los centros de trabajo para hacer de la salud laboral una prioridad entre las demandas de los trabajadores/as.

5.4.10. Atención selectiva a colectivos y personas con problemas específicos.
Se hace necesario promocionar estudios epidemiológicos sobre colectivos especialmente sensibles o de características particulares.
Colectivos de trabajadores/as en situaciones de sufrir violencia laboral o de los usuarios y/o en baja continuada, profesorado que sufre agresiones, sanitarios maltratados, trabajadores que sufren acoso, atención a situaciones de estrés, burnout y violencia.
Colectivos de trabajadores con inestabilidad laboral o interinidad sin derechos reconocidos así como trabajadores/as inmigrantes en situación de posible explotación o abuso.
Colectivos de trabajadores que por su discapacidad, orientación e identidad sexuales, creencia política, sindical o ideológica, credo religioso o cultural puedan estar en situación de discriminación laboral, personal y colectiva.

6. SERVICIOS PÚBLICOS: 
LOS DERECHOS SOCIALES EN PELIGRO

6.1. Los Servicios Públicos: una forma de asegurar los derechos sociales.

Los Servicios Públicos nacieron con la intención de que el conjunto de la sociedad, a través de su organización, garantizara a toda la ciudadanía una protección social mínima y la satisfacción de sus necesidades básicas. 
Educación, Sanidad, Alimentación, Vivienda, Energía, Agua potable, Pensiones, Atención y Cuidados a personas con capacidades disminuidas (transitoria o permanentemente), Transporte, Seguridad, Cultura o la gestión del Medio Ambiente, deben ser asegurados en una sociedad igualitaria y con visión de futuro. 
No hablamos de privilegios ni de derechos que al final sólo pueden cumplirse para minorías. Al contrario que el liberalismo, cuando hablamos de derechos y de servicios públicos, hablamos de acceso generalizado, social y territorialmente. Aquello que no pueda ser universal ni sostenible, no puede constituir un derecho. 
Desde esta perspectiva de derechos, es incompatible utilizar la prestación de estos servicios como ámbito de negocio. No se pueden manejar criterios de rentabilidad económica en ellos. Únicamente podemos utilizar la rentabilidad social como baremo para medirlos.
Los servicios públicos, tal y como los entendemos, no se proveen en función de la capacidad económica de las personas usuarias sino en base a sus necesidades sociales. No deben ser, por lo tanto, ni liberalizados ni privatizados.

6.2. El cuestionamiento de la gestión pública de los servicios y las propuestas neoliberales: "El Estado funciona mal, el Mercado bien". 

El Estado, en la Europa democrática, ha sido quien ha venido asumiendo esta responsabilidad, dándose a conocer este modelo, como Estado Social.
A través de los impuestos, fundamentalmente de los directos, se costean los servicios públicos con lo que este sistema produce, en último término, una redistribución social y territorial de la riqueza.
Desde los poderes económicos, con la ayuda de los sectores políticos liberales y conservadores, se está cuestionando el Estado Social, con propuestas cada vez más contundentes de mercantilización de los servicios públicos. 
Se están poniendo en cuestión las características básicas de los servicios públicos: la universalidad y la incompatibilidad con el negocio privado, o lo que es lo mismo, se está poniendo en cuestión su propio carácter de derechos.
Los argumentos que se utilizan, con muy poco rigor científico, son entre otros:
- La gestión desde el Estado es más cara e ineficiente que la realizada desde la empresa privada y se aumentan exageradamente su tamaño y burocracia.
- El Estado Social es económicamente insostenible. Los sistemas públicos de asistencia social y de pensiones quebrarán en pocos años.
- Los servicios públicos generan personas adocenadas y dependientes del subsidio, que no valoran lo recibido y que no les obliga a contribuir socialmente.
Estas ideas, que no argumentos, olvidan el desigual punto de partida de las personas y se basan en la falacia liberal de que todo el mundo parte con las mismas oportunidades. Se basan además en la idea de la competitividad y de la supremacía del más fuerte (el darwinismo social) justificando las desigualdades sociales.
Ideas que se están consolidando en amplios sectores de la población, especialmente en las clases medias occidentales, donde se ha instalado la llamada "cultura de la satisfacción", que tranquilizan su conciencia justificando así su privilegiada posición social en el mundo.
Tras la crítica al Estado Social, desde los sectores neoliberales, se lanzan varias propuestas: 
- Reducción del déficit en los presupuestos públicos, acabando con lo que ellos llaman gastos improductivos del Estado.
- Privatización de los servicios o las empresas públicas. Apertura de los mercados a todos las actividades, hoy de propiedad y gestión públicas, que son susceptibles de convertirse en producción de mercancías, pasando de ser derechos a ser oportunidades empresariales.
- Disminución de impuestos, especialmente los directos (propuesta que se contradice con la reducción del déficit y la insostenibilidad del sistema, pero que ahí está). 
- Disminución del papel del estado como garante de la prestación universal de servicios. Apartar al Estado de su labor de supervisor y protector, de garante del bienestar y de los derechos básicos de la ciudadanía.

6.3. Los organismos internacionales y sus acuerdos: secretismo, falta de democracia y justificación para las políticas neoliberales.

Las propuestas liberales se están concretando a nivel internacional a través de diversos organismos e instituciones: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio…
En nuestro ámbito le toca a la Unión Europea concretar este modelo de política económica.
El AGCS (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios) establecido en 1994 tras la Ronda de Uruguay, es uno de los acuerdos de comercio promovido por la OMC y de obligatoria aprobación para los estados que quieran ingresar en ella.
Abarca a prácticamente todos los servicios (educación, cultura, medio ambiente, agua, sanidad, comunicaciones, banca, construcción, distribución, transporte y otros) pretendiendo, con su aplicación, la liberalización completa de todos ellos, eliminando las barreras aduaneras que puedan oponerse y todas las políticas que puedan considerarse restrictivas para el libre comercio: normas que exijan determinados niveles de calidad, niveles de cualificación o normas técnicas específicas, fijación de objetivos generales, concesión de subvenciones…
El AGCS es un acuerdo abierto, donde se van dando pasos paulatinos hacia la liberalización de servicios, incluyendo en cada ronda de negociaciones nuevos compromisos, que se suman a los anteriores, o abriendo al mercado nuevos sectores. Compromisos formales que obligan a las distintas administraciones y que hacen, en la práctica, irreversible el proceso liberalizador. 
En el interior de Europa se sigue un proceso paralelo. El proyecto de directiva propuesta por el comisario Bolkestein es su máximo exponente. 
Al igual que el AGCS a nivel mundial, el objetivo de la directiva Bolkestein es liberalizar los servicios en el ámbito europeo. Aunque en su tramitación parlamentaria se han eliminado del proyecto sus aspectos más retrógrados como eran la inclusión de los servicios de interés general o el principio de país de origen, aún sigue pendiente la amenaza sobre los servicios públicos esenciales. Acabar con los controles de calidad, las condiciones laborales dignas, la fiscalidad y el control público de los servicios, sigue siendo el objetivo de quienes dirigen la UE.
Un factor común a todos los acuerdos internacionales es la falta de control democrático y el secretismo de todas estas negociaciones. Las Administraciones locales, regionales y nacionales no tienen capacidad para decidir en torno a ellas, aunque sean las responsables de la gestión de muchos de los servicios sobre los que se está decidiendo. 
El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio o la Comisión Europea gestionan, negocian y deciden sin información ni control público desde los poderes locales.
Aunque es cierto que las decisiones tomadas en esos ámbitos escapan al control de la población y de sus instituciones más cercanas, también lo es que desde los sectores políticos liberales se utiliza a los organismos internacionales y a las normas que promulgan como coartada para justificar la liberalización y privatización de los servicios públicos.
Ni en la UE ni en la OMC se lograrían acuerdos de liberalización de servicios si los gobiernos de los estados miembros se negaran tajantemente. Es evidente que los movimientos antiglobalización y en defensa de los servicios públicos, en Europa, no hemos conseguido generar, en la mayoría de los casos, una corriente de opinión capaz de forzar la mejora y ampliación de los servicios públicos.

6.4. Cómo se desarrolla la Privatización en el Estado Español. Mentiras y perversiones de lo supuestamente público.

Los procesos de privatización de los servicios y empresas públicas se viene desarrollando de diversas formas.
En los últimos años se han privatizado, por venta directa, importantes empresas y servicios: Iberia, Correos, Telefónica, Transmediterranea…
Otras se han adecuado, con importantes reducciones de empleo, para su privatización o su entrada en el libre mercado como Izar y Renfe.
En otros casos se externalizan partes concretas: limpieza, seguridad, cocina, comedores, mantenimiento, informática, ambulancias, pruebas diagnósticas… son servicios que se están privatizando en casi todas las administraciones, empresas y servicios educativos, sanitarios o sociales de titularidad pública. Incluso muchas de las personas que trabajan en los centros públicos pertenecen a contratas y subcontratas externas con pésimas condiciones laborales. 
Se está extendiendo el modelo de concertación en el que con presupuesto público se sostienen empresas privadas que gestionan, con bastante autonomía y libertad (con pocas exigencias y controles públicos) determinados servicios: colegios, clínicas, centros de acogida (menores, mujeres victimas de violencia sexista, inmigrantes, drogodependientes)…
Junto a estas formas de privatización hay otras indirectas, como la no inclusión de de determinados servicios en la prestación pública que obliga a acudir al mercado para obtenerlos o la cada vez más generalizada introducción de modelos organizativos y de gestión de la empresa privada y de criterios de eficiencia económica (rentabilidad) en los servicios y empresas públicas, no relacionados, para nada, con la calidad y extensión de los servicios prestados.
En estos procesos de privatización no todo va incluido: sólo lo rentable. Al no poder imponerse objetivos ni obligaciones, las empresas se "olvidan" de ofrecer sus servicios en los ámbitos no rentables: zonas rurales o de población diseminada, núcleos marginales. Sólo los ofrecen cuando las Administraciones se los pagan, olvidándose entonces del mercado.
Tampoco conviene olvidar la orientación que adquieren algunos gastos públicos. Desde los gestores políticos tiende a denominarse, falsamente, como público todo lo que es pagado desde las administraciones, independientemente de que la gestión y los objetivos respondan a intereses privados. 
Tampoco debemos considerar como sociales aquellos gastos cuyos beneficiarios son fundamentalmente empresas de equipamientos e infraestructuras cuya prioridad nada tiene que ver con las verdaderas necesidades de la población.

6.5. Las consecuencias.

El beneficio económico como condición ha generado, hasta ahora, un empeoramiento generalizado de la calidad del servicio: Aumento de la inseguridad (accidentes en transportes públicos), disminución de la garantía de provisión (agua, electricidad, correo, sanidad, enseñanza…) sectores de población a la que no se llega, servicios que no se cubren, instalaciones deficientes... 
La parte de la población que puede pagar servicios buenos, pero caros, los disfruta y la otra parte pierde el derecho a ellos. Eso está acelerando los procesos de dualización y exclusión social. Con el aumento de las desigualdades en el acceso a los servicios (desiguales calidades cuando no impedimento al acceso) se profundiza la estratificación social.
Junto a la pérdida y empeoramiento de servicios básicos, hay otra consecuencia: la pérdida de puestos de trabajo y de derechos laborales en los servicios: desempleo, reducción del poder de los sindicatos, desregulación y flexibilización laboral, bajos salarios, movilidad geográfica de trabajadores, deslocalización de empresas…
El control público y democrático sobre los servicios disminuye, tanto en su reglamentación como en la prestación concreta, debido a la desregulación que imponen los recurrentes acuerdos de liberalización y a la independencia de gestión que mantienen las empresas privadas.
Frente al discurso de menor gasto estatal, la realidad es que se malgastan recursos públicos en procesos privatizadores opacos donde se han beneficiado, por decisiones de los propios gobiernos, grupos económicos determinados. Al mismo tiempo, los servicios más costosos (no rentables) son los únicos que quedan para que sea el Estado quien los sufrague.
Igualmente, la reducción de impuestos y de su progresividad genera una disminución del componente dedicado a gastos sociales, en los presupuestos estatales, y un aumento del porcentaje de la carga fiscal soportada por los sectores con menor renta.
A nivel mundial, se aumenta la desigualdad entre los países enriquecidos y los empobrecidos. Se ahonda en el desequilibrio de la balanza comercial y desaparecen las empresas propias (públicas o privadas) en los países empobrecidos. El 20% de la humanidad capta el 86% de recursos, cuando hace 20 años era el 70%. El 20% más pobre sólo utiliza el 1'3% de la riqueza mundial.

6.6. ¿Qué debemos hacer?

En mucha organizaciones sindicales la defensa de lo público está en sus líneas programáticas. En unos casos por puro corporativismo y en otros porque un discurso distinto sería incorrecto políticamente. Es la práctica sindical la que nos debe marcar la verdadera intencionalidad de cada organización.
En demasiadas ocasiones, a cambio de mejoras laborales para las plantillas fijas de las administraciones y empresas públicas se han dejado olvidadas reivindicaciones en defensa y mejora de los servicios públicos. Es por lo que, junto a las reivindicaciones puramente laborales, en los servicios públicos, no podemos olvidar las específicas de ampliación y mejora. 
El carácter de clase del sindicalismo que se pretende alternativo pasa por no olvidar las reivindicaciones sociales más amplias y el sentido compensador de las desigualdades en que se funda nuestra defensa de los Servicios Públicos. Todas y cada una de las formas de privatización tienen que ser respondidas, tanto desde dentro como desde fuera.
En nuestra posición contra los planes de pensiones privados, como forma de complementos salariales, es fundamental la componente de defensa del sistema público de pensiones. Igualmente debemos cuestionar el supuesto privilegio que significa la posibilidad de elegir servicio sanitario distinto al del sistema público. Tanto una cosa como la otra son cuestionamientos directos de los sistemas públicos de protección social.
La promoción en las empresas y administraciones públicas no puede esconder la externalización de los servicios prestados por los grupos inferiores. Así es como se está privatizando la seguridad, mantenimiento, la limpieza, lavandería, comedores… Junto a cada proceso de promoción debe ir aparejada la oferta pública de empleo que cubra los puestos de trabajo que queden libres, además de los dejados por jubilaciones o los necesarios para mejorar o ampliar los servicios.
Se debe seguir peleando contra formas de contratación basura, implantados en las últimas reformas laborales, que hacen rentables las externalizaciones en grandes empresas y en las Administraciones. Junto a la bajada de calidad, es el otro componente que utilizan para rebajar costes y competir con ventaja.
Las organizaciones sindicales hemos de participar activamente en plataformas ciudadanas unitarias que desde la sociedad presionen políticamente por la defensa de los Servicios Públicos. Desde lo local a lo internacional. Contra procesos de privatización concretos o demandas concretas de servicios, hasta las luchas contra las leyes que amparan estos procesos y los organismos internacionales que bajo la imagen de neutralidad, promueven la liberalización y la mercantilización de los derechos sociales.

 
 

 
 

10/04/07

   
 

 

 

 

 
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